Sebastián Gramajo, ex legislador porteño y ahora directivo de la Anses, negó en una presentación ante el juez Norberto Oyarbide haber participado en maniobras de lavado de dinero para la campaña presidencial del Frente para la Victoria en 2007 ligadas a la mafia de los medicamentos. Gramajo fue apoderado político y financiero del partido. El magistrado lo había citado a indagatoria en el marco de la investigación sobre estafas con subsidios y remedios truchos y su vinculación con la política. El funcionario quedó implicado por una serie de escuchas telefónicas que revelaron que hablaba con Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, y considerado uno de los jefes de la asociación ilícita bajo la lupa. En algunas de las conversaciones, habría referencias a Gabriel Brito, de Global Pharmacy, una de las sociedades que apareció como aportante a la campaña del kirchnerismo, cuyos recibos fueron hallados en un allanamiento en la casa de Lorenzo. Gramajo sostuvo que su función era controlar que los aportantes no fueran concesionarios de obras públicas ni anónimos. Por eso, dijo, los cheques de la droguería de Brito fueron depositados en la cuenta del FpV, en el Banco Nación, que según señaló tampoco denunció operaciones sospechosas. Ayer entregó documentación bancaria al juzgado. Además, afirmó que él denunció a Brito penalmente porque lo extorsionaba.