El Tribunal Oral Federal 1 escuchó ayer el primer alegato acusatorio por Orletti.
Imagen: Pablo Dondero.

Comenzaron los alegatos por los crímenes de Automotores Orletti. Y con los alegatos la posibilidad de entender cómo los testimonios contados en cada una de las audiencias del juicio oral reconstruyeron, como un rompecabezas, la arquitectura del centro clandestino operado por la Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE). Por ahí pasaron ciudadanos argentinos, como dos de los hermanos del dirigente del PRT Roberto Santucho, pero además uruguayos, cubanos, chilenos y bolivianos, como relató asombrada una de las querellantes. El centro que operó entre los engranajes del Plan Cóndor contó con la mano de obra de personajes siniestros como Otto Paladino, Aníbal Gordon, el recién fallecido Rubén Visuara y el aún sobreviviente y acusado Raúl Guglielminetti. La primera querella particular pidió para él y otros tres acusados condenas de 25 años de prisión. La semana próxima será el turno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que, como viene sucediendo en otros juicios, pedirá reclusión perpetua en el marco de genocidio.

La audiencia comenzó con uno de los efectos del criticado retraso de justicia: el Tribunal Oral Federal 1 informó sobre la muerte de Visuara, jefe del departamento de Operaciones Tácticas de la SIDE de la que dependía el centro clandestino. En ese contexto decidieron apartarlo de la causa, una decisión que desplazó además a otro de los represores que insólitamente actuaba como su abogado: se trata de Bernardo Menéndez, con perpetua en la causa Jefes de Area, pero liberado porque la sentencia no está firme, y con el coraje de sentarse entre el público (ver aparte).

Gonzalo Romero abrió el alegato como representante particular de uno de los grupos de prisioneros uruguayos, integrantes de lo que se llamó el Segundo Vuelo. Los dieciséis uruguayos tenían vínculos con el Partido para la Victoria del Pueblo, creado en 1975 para pelear contra la dictadura uruguaya de 1973. Todo el grupo cayó mientras estaba refugiado en Buenos Aires entre el 9 de junio y el 15 de julio de 1976, permaneció en Orletti, y entre el 24 y 25 de julio fue trasladado en un vuelo clandestino de Pluna a Uruguay. Como en ese grupo no hubo muertos, Romero no pudo pedir la reclusión perpetua.

El centro de la SIDE

A partir del golpe de Estado y para seguir las líneas del plan de exterminio –indicó el abogado–, las fuerzas represivas tuvieron los llamados “lugares de reunión de detenidos”, el nombre de los centros clandestinos. “Se ha podido ver que la mayoría de ellos estaban en los ámbitos donde cada fuerza llevaba a cabo su tarea: cuarteles, comisarías, pero como la SIDE no formaba parte de las fuerzas de seguridad, no tenía en su patrimonio un lugar apto para detenidos, por lo cual tuvo que buscar un inmueble.”

Esa situación aparece en el origen de Orletti. El lugar que buscaban debía cumplir algunas características especiales: ser invisible a los ojos del resto de la sociedad, tener acceso de vehículos para el ingreso de encapuchados y de sujetados; salas de alojamiento para interrogatorios y torturas y lugar para los represores que iban a operar en el centro.

Lo encontraron. En el juicio terminaron de completarse los datos. Uno de ellos, la declaración del propietario del edificio: Santiago Cortell. “Recuerdo que dijo –recordó Romano– que era un lugar de tipo industrial, que había sido un taller mecánico, y que para alquilarlo puso un aviso en el diario Clarín. En el marco de ese ofrecimiento, lo contactaron unas personas que dijeron que lo querían para distribuir alimentos.” El contrato se hizo con todas las reglas: los inquilinos presentaron documentos y garantías. Sus nombres eran Felipe Salvador Silva (el alias de Aníbal Gordon); Julio Cartels y los fiadores usaron sus nombres verdaderos: Eduardo Ruffo, ex agente de la SIDE acusado y parte de Orletti y Juan Rodríguez, fallecido.

El edificio estaba en la calle Venancio Flores 3519-21, un barrio de casas bajas de Floresta, frente a las vías del ferrocarril Sarmiento, cuyos ruidos tantas veces fueron narrados en las audiencias. Y daba a una escuela pública. Funcionó entre marzo de 1976 y noviembre de ese año; se desactivó tras la fuga de dos detenidos. Pese a que los represores lo llamaban La Cueva de Flores, El Taller o El Jardín, su nombre, recordó Romano, fue producto de un equívoco: durante la huida uno de los secuestrados leyó mal el nombre de Cortell, escrito en un cartel luminoso de la marquesina, en el que también aparecía la palabra Automotores. Automotores más aquella mala lectura dio como resultado: Automotores Orletti.

Las dos plantas del edificio fueron muchas veces contadas en las audiencias, pero el alegato las sistematizó: la planta baja con el playón y suelos de cemento con olor a grasa, donde arrojaban a los detenidos y la planta alta, con las salas de tortura y la oficina de Aníbal Gordon. Una escalera. Un baño abajo, el espacio del estacionamiento de autos cuyos motores se encendían de pronto para tapar los gritos de la tortura o un playón que servía para depositar objetos robados a las víctimas. Una radio que sonaba a todo volumen. Un tanque de agua en el que asesinaron a Carlos Santucho. La cortina metálica abriéndose cuando un walkie talkie desde afuera decía: “Operación Césamo”.

Entre todo, los métodos especialísimos de la tortura en Orletti: una roldana colgada a una viga que todavía existe, desde donde colgaban a los prisioneros, luego de arrojar sal en el piso y de atarles el cuerpo con cables conectados a una pared. Eso era el “gancho”.

El OT18

El secretario de la SIDE para la época era Otto Paladino, y estaba dividida en tres direcciones: la 1, dedicada a registros internos; 2, Secretaría de Contrainteligencia dedicada a tareas de inteligencia y a cargo del coronel Juan Ramón Nieto Moreno, fallecido. Y 3, el lugar donde se procesaba esa información, a cargo de Carlos A. Mitchell, también fallecido.

De Mitchell dependía el departamento de Operaciones Tácticas que estaba a cargo de Visuara, él recibía la información y la mandaba a ejecutar al OT18, el modo en el que el organigrama mencionaba al centro de detención Automotores Orletti, el espacio a cargo de Eduardo Cabanillas, jefe de los grupos de tareas.

Orletti tenía hombres propios: el caso de Juan Rodríguez (fallecido) y Eduardo Alfredo Ruffo, juzgado en el juicio. Eran hombres orgánicos de la SIDE. Pero además había un grupo de “Inorgánicos”: parte del staff de delincuentes reclutados por Aníbal Gordon, explicó Romano, el caso de Honorio Carlos Martínez Ruiz (Pajarovich). También tenía participación de militares uruguayos, hombres de la SIDE uruguaya y del organismo de coordinación de actividades antisubversivas. Hombres de la Triple A como Guglielminetti. Y de la Policía Federal, prueba de ello es que participaban en los operativos y además algunos de los detenidos pasaban por dependencias de la Federal.

“Lo que demostró el juicio además fue otras particularidades que tenía el centro –dijo Romero–: como faltaba coordinación en una estructura que no era piramidal, el que llegaba hacía lo que quería, todos daban órdenes, torturaban, salían a secuestrar, alternaban los roles.”

Los uruguayos

La caída de los uruguayos había empezado antes, pero el grupo del segundo vuelo comenzó el 9 de junio de 1976 con la del dirigente sindical y jefe del Partido de la Victoria, Gerardo Gatti, y la de Pilar Nores. Las caídas se prolongaron hasta el 15 de julio: en total fueron 33, todos relacionados con el PVP. De esos 33, 12 cayeron el 13 de julio en siete lugares diferentes. Los procedimientos barrieron Capital Federal, provincia de Buenos Aires, casas y bares: “Y eso demuestra –dijo Romano– que no sólo estaba planificado sino que por lo menos operaban más de veinte personas porque en unas horas desplegaron semejante procedimiento”.

A criterio de la querella, esas decisiones partieron de los máximos niveles: de Otto Paladino y de su par uruguayo Amaury Prantl. “Y las órdenes fluían hasta llegar a quienes ejercían la acción contra los blancos operacionales: que no eran otros que los que estaban en el OT18.”

No todos corrieron la misma suerte, dijo. “Mientras algunos fueron liberados y pudieron abandonar el país, otros fueron trasladados ilegalmente a Uruguay y entregados a las fuerzas armadas de su país.” El resto son desaparecidos: entre ellos están Gerardo Gatti y otros dos dirigentes sindicales, León Duarte y Hugo Méndez.

Romano pidió cuatro condenas a prisión por 25 años, por privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos. A Honorio Carlos Martínez Ruiz lo imputó en quince casos como partícipe necesario porque no era un funcionario público. A Eduardo Alfredo Ruffo y Guglielminetti los imputó como coautores materiales en quince casos y en doce. Y a Cabanillas lo imputó como autor mediato por los mismos delitos en dos casos.