El miércoles a la noche, Gerónimo “Momo” Venegas, referente de la pata sindical del duhaldismo y líder del gremio de los peones rurales, comía asado junto al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y la diputada de PRO Gabriela Michetti, entre otros, en el Sindicato de Espectáculos, en Pasco 148. Ayer a la mañana estaba preso en dependencias de la Policía Federal en Palermo por orden del juez Norberto Oyarbide, quien lo vincula al desvío de subsidios del Estado previstos para costosos tratamientos médicos e investiga sus lazos con la comercialización de remedios truchos, vencidos o robados. El dirigente será indagado mañana y le podrían imputar delitos graves, como su presunta participación en una asociación ilícita. Eduardo Duhalde y Felipe Solá salieron a defenderlo automáticamente y atribuyeron la detención a un “apriete” del gobierno nacional. A última hora fue detenido también el presidente de la Mutual de Agua y Energía de Mendoza, Juan José Denaro.

Venegas, secretario general de las 62 Organizaciones, quedó incomunicado en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones en Villa Lugano, donde lo llevaron esposado. Se convirtió en el segundo líder sindical arrestado en la megacausa de los medicamentos: el jefe de La Bancaria, Juan José Zanola, tuvo un papel preponderante desde el comienzo y lleva un año y dos meses en prisión. Denaro, detenido anoche en Mendoza, es un dirigente poco conocido que respondería al brazo sindical del peronismo que conduce el Momo Venegas. La Federal también estaba ayer tras los pasos de otros dos imputados, uno de ellos Rubén Romano, el ex gerenciador del PAMI (ver aparte).

La detención de Venegas es, según allegados a la causa, consecuencia de escuchas telefónicas que lo comprometen y de la prueba recolectada en allanamientos que se hicieron en noviembre y diciembre del año pasado en la obra social de su gremio, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), así como en una imprenta en la que se secuestraron 7000 troqueles falsos. Se investiga además su posible relación con la comercialización de medicamentos truchos.

La punta del ovillo está en uno de los expedientes que rodean al principal de los medicamentos, en el que se investiga a la droguería Arcasel por la venta de remedios adulterados y robados. Por este caso ya fueron procesadas 17 personas por asociación ilícita, entre ellos el contador Rosendo Torrent, quien trabajaba para la obra social del sindicato de Conductores de Remises y Autos al Instante. Una de las pistas que habría conducido hacia el Momo Venegas estaría en una conversación telefónica de Torrent. En esa misma causa satelital fue que Oyarbide mandó a hacer el allanamiento donde halló los siete mil troqueles truchos, parte de los cuales se sospecha que podrían haber estado destinados a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprena).

El uso de esos cartones falsos (que contienen el código de barras de los medicamentos) es una de las principales maniobras investigadas por Oyarbide. Lo que se comprobó en el caso de la Obra Social Bancaria es que con esos troqueles truchos armaban expedientes para reclamar subsidios de la Administración de Programas Especiales. Eran carpetas donde se consignaban tratamientos inexistentes, remedios irreales y enfermos imaginarios para cobrar cifras millonarias destinadas enfermos de cáncer, hemofilia y VIH. En el caso de la obra social de los trabajadores rurales –que encabeza el propio Venegas– habría elementos que la ligan al desvío de por lo menos dos millones de pesos que estaban asignados a tratamientos oncológicos y otras patologías graves que habrían sido utilizados para la compra de camionetas y trailers, según dijeron fuentes de la causa a Página/12.

Durante todo el día hubo diez allanamientos ordenados por Oyarbide en los que se secuestraron, en esencia, computadoras, documentación y expedientes confeccionados para la gestión de subsidios. Hubo procedimientos en la sede de la Uatre (en Reconquista 630) –donde fue detenido el líder sindical–, en Osprena y en la farmacia de la obra social. Los llevó a cabo la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Federal. También hubo operativos en Venado Tuerto, Necochea, Morón y San Martín y, en Mendoza, el allanamiento a la Mutual de Agua y Energía que derivó en el arresto de Denaro, su presidente desde 2008. Consultado por este diario, el defensor de Denaro, Pablo Slonimsqui, dijo que la detención le pareció “curiosa”, ya que “si bien hubo troqueles falsos, los remedios no salían de la obra social, no hubo víctimas y los pacientes recibieron tratamiento”. Los investigadores también lo relacionan con el asesinado Sebastián Forza, quien viajó varias veces a su provincia.

En cuanto a la Uatre, Oyarbide investiga también a la firma Bungard, que realiza las auditorías médicas y de medicamentos de la obra social, aunque pertenecería al propio sindicato, según explicaron allegados al expediente. Tiene oficinas, agregan en el edificio de la calle Reconquista, donde fue detenido Venegas apenas entró a su despacho pasadas las nueve de la mañana. La noche anterior había comido junto a varios dirigentes de la tropa de Mauricio Macri, aunque estaba alertado desde horas antes de que la policía podría ir a su encuentro. A la medianoche, dicen fuentes de la investigación, pasó por oficinas que serían del senador del Peronismo Federal Juan Carlos Romero, según fuentes de la pesquisa. Después, agregan, se fue a dormir al hotel Facón Grande, frente al gremio, del que también cuentan que es habitué el propio Duhalde. “Estoy tranquilo”, le dijo a los periodistas cuando la policía lo mudaba a una celda en Lugano.

Oyarbide puso la causa otra vez bajo secreto de sumario. Indagaría a Venegas por “asociación ilícita y comercialización de medicamentos peligrosos para la salud pública”, a lo que se sumaría la malversación de subsidios del Estado. Una versión lo asocia con el nombre de Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, preso hace más de un año por todo tipo de maniobras, con medicamentos y troqueles también. La defensa de Lorenzo dice que no le vendía remedios a Venegas.

Un allanamiento hace tiempo en la casa de Lorenzo dio una de las pistas que unió esta trama con el financiamiento electoral: allí apareció una carpeta con cheques con aportes para la campaña del Frente para la Victoria de 2007. Esta semana Oyarbide procesó dos veces al recaudador de la campaña y ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli. Entre otros delitos, le adjudicó lavado de dinero (a través de la campaña) proveniente de los delitos cometidos en la comercialización de remedios y también defraudación en el reparto de fondos a las obras sociales.

Los abogados que merodean la causa de los medicamentos, que son muchos, dicen que las detenciones de Oyarbide son “mensajes para el sindicalismo”. El juez, de hecho, tiene en la mira más de 50 obras sociales de todas los sectores gremiales, incluso la de Camioneros, donde investiga a Hugo Moyano. Ayer reinaba el pánico en más de un sindicato y corrían apuestas sobre los próximos detenidos.