La actividad febril en la causa por la “mafia de los medicamentos” no decae. A pesar de las críticas de la Cámara Federal, el juez federal Norberto Oyarbide sigue tomando medidas: ayer interrogó a una escribana que trabajó para la campaña presidencial del FpV en 2007 y, además, sumó una nueva investigación a la megacausa para determinar si la obra social de los Químicos y Petroquímicos (Ospiqyp) utilizó troqueles falsos de un medicamento contra la artritis, importado y de alto costo. Ajeno a los cuestionamientos y al reto de sus superiores, Oyarbide avanza en las pruebas que permitan resolver la situación procesal del dirigente de Uatre Gerónimo “Momo” Venegas y abrió otro frente al comenzar a investigar a la obra social de los petroquímicos, con una solicitud al juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que se declarara incompetente en una causa en la que aparece investigada esa obra social por “la presunta adulteración del producto Mabthera”, un fármaco importado por Roche. Martínez de Giorgi investigaba la presunta “adulteración y comercialización” de ese medicamento y logró determinar que “serían desviados de hospitales, obras sociales o directamente de pacientes que los utilizan y vendidos a la obra social, estando el gerente de ésta, Sergio Alberto Zapata, en pleno conocimiento de la maniobra”. En el entendimiento que ambas causas tienen la misma mecánica delictiva –esto es “la presunta defraudación al Estado a través de la tramitación de expedientes en forma irregular ante la Administración de Prestaciones Especiales (APE), surgiendo la sospecha que la obra social mencionada habría utilizado troqueles falsos a los fines de justificar los subsidios solicitados”—, Oyarbide pidió el expediente y su colega se lo envió. Por otra parte, Oyarbide citó a la escribana Ana María Rey para saber si, tal como se dijo, en su estudio quedaron guardados documentos que registraban presuntas irregularidades de los aportes en la campaña electoral y que se descubrieron a la luz de la causa del tráfico de medicamentos. Rey certificó que un grupo de personas aportó voluntariamente dinero a la campaña del oficialismo en 2007. Sin embargo, Gabriel Brito, uno de los procesados en la mafia de los medicamentos, aseguró que él entregó un cheque de 310 mil pesos al empresario de San Javier Néstor Lorenzo –preso desde hace un año junto al dirigente bancario Juan José Zanola– y que ese dinero fue a parar a la campaña presidencial. Brito también dijo que lo habían obligado a ratificar ante Rey que había aportado voluntariamente ese dinero a la campaña.