El juez de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi decidió excusarse por razones de “decoro y delicadeza” en todas las resoluciones pendientes en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. El camarista había quedado envuelto en la investigación de un presunto intento de soborno para que liberara a los detenidos por el crimen del militante del PO. Todo empezó cuando en una de las escuchas de la causa apareció escrachado en la planificación de la supuesta coima al magistrado el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que era abogado de uno de los detenidos (Guillermo Uño) y fue secretario y hombre de confianza de Riggi.

La semana pasada, la fiscalía de Mariano Silesio, que instruye la causa caratulada como “tráfico de influencias”, le había pedido al tribunal de Casación un informe sobre cómo se habían sorteado las presentaciones de los detenidos por el crimen de Ferreyra que, casualmente, fueron asignadas a la Sala III, que integra Riggi. La Cámara envió ayer a la mañana una comunicación donde dice, según constató Página/12, que el sorteo es informático y lo realiza el Consejo de la Magistratura y sugiere que ignoran si el sistema se puede manipular. Por la tarde, informaron fuentes judiciales, se conoció la excusación de Riggi que atribuye su decisión “a las publicaciones periodísticas de reciente data sin perjuicio”, aclara, “de dejar aclarada mi absoluta amenidad con estos actuados”. Ahora debe ser sorteado un nuevo camarista para reemplazarlo: Casación debe resolver si revisa los procesamientos de cinco de los detenidos por el crimen (Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Uño, Jorge González y Pablo Díaz) y si les abre un recurso para que la Corte analice si los excarcela.