El juicio por los crímenes de la ESMA atravesó un día polémico. A pedido de la defensa de los represores, se sentó en la silla de testigos Ramón Antonio Arosa, jefe de la Armada desde fines de 1983 hasta 1989. Arosa condujo la marina durante la democracia, pero para llegar a esa jerarquía escaló, hizo carrera y se formó durante los años de la dictadura militar. Una parte de la acusación se había opuesto a este tipo de intervenciones, pero el Tribunal Oral Federal 5 habilitó la palabra. Arosa admitió haber sido el hombre que mandó a Juan Carlos Rolón en comisión a la ESMA, aunque negó saber para qué. Y habló del libro que escribió en el que publicó que la Armada se equivocó con Alfredo Astiz: después de haber cumplido “exitosamente” su misión de inteligencia en el grupo de la Santa Cruz –aclaró–, el “error” fue “no protegerlo con el anonimato” y enviarlo a París, donde terminó reconocido por quienes había perseguido. “Acá hubo lamentablemente una guerra –dijo el almirante retirado– y ése fue el concepto con el cual se actuó, donde las Fuerzas Armadas actuaron de acuerdo con sus capacidades”.

En muchos sentidos, la audiencia de ayer en los Tribunales de Retiro tuvo características insólitas. La platea en la planta alta destinada a los amigos y camaradas de los acusados volvió a estar nutrida, como para las grandes ocasiones, de una frondosa presencia de compañeros de armas con anotadores, comentarios y codazos. Desde hace varias semanas, la convocatoria de este tipo de testigos es motivo de debate. La fiscalía encabezada por Pablo Ouviña hizo varios planteos al TOF 5 para impedir la presencia de quienes, por los lugares que ocuparon, no deberían ser convocados como testigos –y obligados bajo juramento a decir la verdad–, por sus posibles vínculos con la represión.

El caso de Arosa apareció entre ellos. Y no fue el único del día de ayer. A primera hora declaró Carlos Guillermo Ceffaratti, retirado de la Armada, convocado por la defensa del médico represor Carlos Capdevilla, quien pese a las evidencias aún dice no haber estado en la ESMA. Ceffaratti lo tuvo dos meses bajo su cargo en la Base Naval Azopardo de Azul, el lugar donde estuvo presa Isabel Martínez de Perón. Ceffaratti fue quien le dio el pase a Buenos Aires a Capdevilla en el momento en el que se incorporó a la ESMA.

Cuando ese punto estuvo más o menos saldado, Ouviña dejó el tema, tomó la conducción de las preguntas e hizo lo mismo que poco después reprodujo con Arosa: le puso algunos archivos enfrente, resoluciones y expedientes y cansándalo consiguió por lo menos mostrarlos más claramente.

Luego de su paso por Azul, Ce-ffaratti integró el Estado Mayor Conjunto en 1981, en el que se encargó del área de Inteligencia, y allí de “acción psicológica”.

–¿Qué se hacía ahí? –preguntó el fiscal. “Se entendía: todo para el bienestar, para mejorar la conducción interna, etcétera, etcétera, por lo cual se hacían estudios internos de las fuerzas, de las respectivas fuerzas, estaba referido a ese objetivo fundamentalmente”, declaró.

En medio del tenso ping pong de preguntas y respuestas, el presidente del Tribunal, Daniel Obligado, intentó frenar a Ouviña, pero no lo consiguió: “¿Cuál es la direccionalidad de sus preguntas? –preguntó–. Porque el testigo fue convocado por Capdevilla”. El fiscal lo explicó: “Conocer lo que pasó en este país esos años”.

Obligado no volvió a interrumpirlo. Ni en ese momento ni con Arosa. Para buena parte de la acusación parece claro que si estas personas deciden declarar, que por lo menos sepan que se les puede volver un paso complicado.

Tras las primeras preguntas, Arosa escuchó entonces a Alfredo Solari, abogado de Rolón, que permaneció a su lado, como siempre, con la cara pegada a la pantalla de una computadora personal. Por las preguntas, la defensa quería dos cosas: que Arosa admitiera que un subalterno no podía quebrar la Ley de Obediencia Debida y que él había mandado a Rolón a la ESMA.

“Yo tuve a Juan Carlos Rolón dos veces”, dijo. “Primero de cadete, en el año 1965, cuando ingresó a la Escuela Naval, yo era el jefe de Preparatorio. Después, de teniente de fragata, cuando yo era jefe de Artillería, en 1976.” En ese contexto, hacia el mes de diciembre de 1976 recibió un memo de la Dirección de Personal que solicitó un oficial en comisión para la ESMA. El memo no decía nombres ni tiempos. Arosa no se acuerda si pedían un teniente de fragata o de navío, pero sí que designó a Rolón. ¿Por qué Rolón?, preguntó el fiscal. “Qué buena pregunta –dijo el marino–: porque yo tenía que elegir a alguien con poca experiencia a bordo, porque era un oficial, a mi modo de ver, serio, eficaz, compenetrado con su profesión naval, hijo de otro oficial de la Marina, y para mí era una garantía, alguien que cumplía las órdenes, las obligaciones como oficial: o sea una persona responsable.”

¿Sabía las tareas que iba a cumplir Rolón en la ESMA? No, respondió. “No es ni norma y ni hábito ni costumbre que ante una orden se averigüe para qué.” ¿Supo qué hizo en la ESMA? “Mucho después tuve alguna idea –dijo–, porque durante años no fui a verlo.” ¿Qué supo? “Actuar contra el enemigo subversivo, qué actividades, no sé.”

Enseguida, el fiscal preguntó por los reglamentos que la Armada se había dado a sí misma sobre la llamada lucha contra la subversión.

–¿Supo qué establecían los planes en relación con esas personas detenidas? –siguió el fiscal.

–Yo no tuve intervención en las actividades antisubversivas –dijo–, de modo que habría que puntualizar un caso muy concreto.

–¿Los planes en vigencia establecían tortura física?

–Que yo sepa, no.

–¿Que fueran alojadas en condiciones inhumanas de vida?

Dijo que tampoco.

–¿Que sufrieran vejación, violaciones? ¿Asesinatos de personas engrilladas y esposadas?

Arosa no pronunció ni siquiera una palabra, sino que movió la cabeza negativamente.

–¿Que se intentó ocultar el destino de personas detenidas?

–Tampoco –respondió.