Ya era de noche cuando José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria (UF), escuchó la lectura de los cargos en su contra, que lo involucran en la organización de la patota que el 20 de octubre último atacó a un grupo de trabajadores tercerizados de la línea Roca y mató a Mariano Ferreyra. “Es todo falso”, dijo, sentado en el despacho de la jueza Wilma López. Luego espetó que su detención tiene “motivaciones políticas”, pero admitió su vínculo con la Unión de Trabajadores del Mercosur –la cooperativa que, según pudo comprobar la Justicia, es manejada por los más estrechos colaboradores de Pedraza– y con otras empresas tercerizadas, cuyos empleados reclamaban ese día puestos permanentes y derechos laborales básicos. Su abogado solicitó ayer por la tarde que lo excarcelen, y lo mismo pidió para el número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien reconoció que desde la sede de la UF se comunicó con el delegado Pablo Díaz, quien daba instrucciones a los matones en el lugar de los hechos, aunque dijo que le parecía “lógico”. El juzgado terminará de analizar hoy el pedido.

Pedraza no sólo admitió su relación con la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur, sino que incluso dijo haberla presidido –según allegados a la causa– y reconoció su cercanía a otras. Según le explicó a la jueza, las cooperativas se crearon para darle trabajo a gente que de otro modo no lo tendría. Y sostuvo que el gremio venía pidiendo a Ugofe la equiparación de los salarios de los tercerizados con los trabajadores de planta, que los duplican.

Una gran cantidad de preguntas en la indagatoria a Pedraza aludieron a su relación con las empresas que tercerizan las contrataciones de empleados ferroviarios, con lo cual les pagan salarios más bajos, quedan fuera de convenio (o los incluyen en convenios más baratos como el de la Uocra) y sin derechos elementales como vacaciones y aguinaldo. De hecho, uno de los factores que precipitaron la decisión de la jueza de detener e indagar a Pedraza fue el resultado de allanamientos en su casa y en la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur, que terceriza a empleados de limpieza y mantenimiento de vías. Como reveló Página/12, López buscaba el posible “móvil” del accionar de la patota de la UF y el asesinato de Mariano. Encontró documentación que confirma que a esa cooperativa la manejan, como directivos, los más estrechos colaboradores de Pedraza y que su hijo dispondría allí de una oficina. Esto podría explicar el interés por mantener este modelo de precarización laboral aunque afecte a sus propios agremiados.

Pedraza y Fernández siguen detenidos, alojados en el penal de Ezeiza. Al exponerles de qué se los acusa, la jueza fue contundente: “Haber participado de un emprendimiento criminal previamente acordado con el resto de los imputados para impedir a un grupo de manifestantes que cortaran las vías” y para “aleccionarlos” de modo que no volvieran a intentar interrumpir el servicio de trenes. Las indagatorias y detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Fernando Fiszer hace dos semanas. A su entender, ambos dirigentes “instigaron y organizaron” la fuerza de choque que agredió, con piedras, palos y armas de fuego, a los tercerizados y las agrupaciones que los apoyaban en su reclamo de puestos de trabajo de planta. En medio de esa embestida mataron a Mariano, militante del Partido Obrero (PO), e hirieron a balazos a tres personas.

Una de las evidencias en las que se basó la fiscalía surgió del entrecruzamiento de llamados telefónicos y la ubicación de los celulares, que dan cuenta de que el delegado Díaz “se comunicaba permanentemente” desde Barracas, donde daba directivas a los agresores, con Fernández, que se encontraba en la sede del gremio junto con Pedraza. “Estaban conectados en el mismo momento en el que los acontecimientos se desarrollaban”, sostuvo Fiszer.

Durante la indagatoria, que fue el martes a la noche y duró unas cuatro horas, Pedraza dijo que mientras se producía la gresca él estaba en la UF, en Independencia 2880, porque allí había un congreso organizado por la revista Rieles y que recién “tomó conocimiento después del mediodía”, al ver la televisión, de lo que llamó “el trágico episodio”, contaron allegados a su defensa. Sabía, agregó, que se iba a realizar un corte de vías y dijo que le había avisado al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, con la aclaración de que el sindicato no pensaba intervenir. “Desconozco por qué se produjeron estos hechos.” En toda la historia de más de ochenta años de la UF, insistió, nunca pasó una cosa así, “impensada”. A su vez intentó victimizarse al decir que estuvo preso seis meses a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía por el impulso de un movimiento dentro de la CGT, y que en su trayectoria siempre defendió a los trabajadores.

Pedraza aseguró que no conoce a ninguno de los hombres que están detenidos desde fines de octubre por el homicidio, excepto al delegado Díaz con quien, de todos modos, dijo que tampoco habló. Fernández, en cambio, reconoció haber hablado al menos cuatro veces durante los incidentes. Sostuvo que le parecía “lógico hablar con cualquier compañero” en relación con “una manifestación que se hubiera organizado espontáneamente” por un “problema de corte de vías”.

La supuesta espontaneidad de los acontecimientos quedó totalmente descartada en el expediente, tanto por conclusiones de la jueza López como de la Cámara del Crimen en función de un dato elocuente: uno de los atacantes, Cristian Favale, no era ferroviario sino un barrabrava del club Defensa y Justicia que, además, llevó su propio grupo de gente a la emboscada integrado por personas que –según consta en la causa– tampoco eran ferroviarios. Favale estaba tramitando su ingreso al Roca a través de la Unidad de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), con recomendación del Gallego Fernández. Según la fiscalía, el reclutamiento de la patota se hizo a cambio de promesas de “rédito económico”, mejoras laborales y puestos de trabajo para familiares. Otro dato que daría cuenta de la existencia de un plan es que el corte de los tercerizados no se concretó, por el apriete del grupo de la UF, que se alzó sobre ellos en el momento en que se retiraban.

A Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez, barra de Racing y empleado ferroviario, se los acusa de haber efectuado los disparos. Fernández también se despegó de ellos, y de otros cuatro detenidos: el picaboletos Guillermo Uño, el portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez, el delegado Jorge González y el empleado Salvador Pipitó. El tercer detenido, el delegado Claudio Alcorcel, de los talleres de Remedios de Escalada, negó –como se le imputa– haber ido al lugar del crimen con Favale, con quien además tuvo contactos por radio por esas horas. Dijo que a Favale lo había visto el 7 de octubre en el acto de River Plate organizado por el líder de la CGT, Hugo Moyano.

Pedraza pidió ayer a la tarde la excarcelación con el argumento de que “no existe peligro de fuga” ni de que entorpezca la investigación. Sostuvo que no tiene antecedentes penales, que tiene “arraigo, domicilio cierto y familia constituida”. En términos similares Fernández pidió el mismo beneficio. La jueza tiene 24 horas para resolver. Hasta ahora su criterio con el resto de los imputados ha sido rechazar los planteos para recuperar la libertad.