A poco más de un año de la conformación del Acuerdo para la Seguridad Democrática, que comprometió a la mayor parte del espectro político, social y de organismos de la sociedad democrática, el encuentro de brazos comunes volvió a reunirse para hacer público un durísimo documento sobre la violencia policial, especialmente de la Bonaerense, cuando el vaso quedó desbordado tras los recientes fusilamientos policiales en José León Suárez, Baradero y Mar del Plata (donde un chico fue baleado por la espalda, igual que en las otras ocasiones, y resultó gravemente herido). El documento hace hincapié en la tramposa seguridad que pretende promover la política del autogobierno policial, que habilita la corrupción, la mano dura para encubrir sus propios negocios (sólo recordar la denuncia de Stornelli ministro, quien aseguró que los Bonaerenses reclutaban menores para robar autos). Sostiene que la unificación de los ministerios de Seguridad y de Justicia en uno solo debilita la posibilidad de controlar a la Bonaerense autogestionada. Sin mencionarlo, deja a Ricardo Casal, titular del ministerio unificado, como factótum del discurso de la mano dura actualizado y motor central de las condiciones de desbocamiento policial, del mismo modo que ocurrió con aquel “meter bala” de Ruckauf que todavía no se termina de sacudir la provincia.

La presentación del documento tuvo lugar ayer, a las tres de la tarde, en el Palacio Legislativo bonaerense, en el centro de La Plata, y estuvo a cargo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria; el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS, y Roberto Baradel, secretario general de Suteba.

El acto también contó con la presencia de Hugo Cañón, cotitular de la CPM; Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM; Laura Conte, miembro fundadora de la CPM; Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; Martín Sabbatella (EDE), Hugo Yasky (CTA), Fernando “Chino” Navarro (FpV), el rabino Daniel Goldman (CPM), Carlos Raimundi (SI) y Ariel Basteiro (PS), entre otros.

El documento enumera las causas por las que la seguridad provincial se encuentra en medio de una debacle y plantea una serie de requisitos sin los cuales va a resultar imposible desandar el camino de la violencia. En principio, el eje del documento del ASD sostiene que el autogobierno policial es la principal dificultad para evitar que la Bonaerense sea lo que sigue siendo hoy, un argumento violento para sostener sus propios negociados. En ese aspecto, el documento sostiene que “ha quedado demostrado que la autonomía policial como forma de gobernabilidad conduce a respuestas policiales violentas y represivas. No sólo se desentiende del control de las fuerzas de seguridad, sino también de contar con las herramientas de gestión que permiten el monitoreo del delito y del trabajo policial, necesarias para la formulación de las políticas y estrategias de seguridad”. Añade que el “autogobierno significa traspasar” la potestad de investigar delitos y abusos policiales “a los propios efectivos policiales, y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la de- saparición de Luciano Arruga, en enero de 2009”. Caso que –hay que recordar– no fue resuelto aún, y mantiene a los policías acusados sin proceso y en sus funciones.

Como otro dato interesante para destacar, el documento sostiene con una lógica de hierro que “el poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi 5000 millones de pesos no puede recaer en una jefatura cuyo poder se encuentra concentrado en un jefe de Policía y unos pocos comisarios generales”.

El resultado, como sostiene el documento de ASD y refrenda la realidad circundante, es que resolver “los problemas de seguridad con medidas que profundizan la autogestión policial conducen a cuerpos no profesionalizados, con pocas herramientas para perseguir el delito complejo, funcionales a la reproducción de las redes de ilegalidad y con altos grados de violencia institucional”.

Los puntos que sostiene ASD para empezar a aclarar el panorama que, aunque negro cada vez es más oscuro, son:

- Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas. Que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas en los casos de José León Suárez y Baradero. Se deben delimitar las conductas de todos los policías que intervinieron directa o indirectamente en esos hechos. Es toda una señal hacia afuera y también hacia adentro.

- Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad. Se requieren respuestas políticas concretas para retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, entre otros temas. Se debe enfocar hacia la especialización y profesionalización de los policías. Y la conformación de un Ministerio de Seguridad. Está claro, agrega el documento, que la mera creación de un ministerio no arregla nada, sino que hay que dotarlo de estructuras que lo hagan posible en su funcionamiento y sus fines. No lo dice el documento, pero no deja espacio para pensar en Casal ni Stornelli.

- Creación de una Policía Judicial. Uno de los problemas actuales es que los fiscales –describe ASD– delegan la investigación en las fuerzas policiales, que terminan autoinvestigándose. El documento exige el cumplimiento de la norma constitucional que ordena la creación de la Policía Judicial dependiente de la Procuración de la Suprema Corte, y no como es ahora, policías bonaerenses con destino en judiciales, que deberán investigar a sus colegas. Vale como ejemplo el caso de Baradero: luego de que el policía Gonzalo Kapp disparara el escopetazo contra Lucas, el área no fue cercada, y los cartuchos supuestamente de goma no aparecieron.

- Protocolos de actuación y uso de fuerza. Cómo se hace una detención sin matar a nadie, cómo conducir operativos sin desatar violencia, casos de desalojos, allanamientos, acciones ante la resistencia. Está claro que los Bonaerenses no lo saben o lo ocultan. Sólo recordar el argumento de la confusión de cartuchos de goma por plomo y la innecesaria utilización de armas de fuego para detener a personas desarmadas en fuga o simplemente presentes en el lugar.

- Instancias de control interno y externo. Resulta esencial la creación de un organismo independiente de investigación administrativa compuesto por civiles para evitar que los policías se investiguen a sí mismos.

- Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud. En síntesis, la Patrulla Juvenil inventada por Casal más que solucionar los problemas con la adolescencia, los agravó, enmascarando gordos de la patota de calle con pecheras naranjas.

- Por último, financiar con una partida presupuestaria específica el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos. Se parte de la base de que las políticas públicas activas desarrollen una intervención social protectora de derechos de los colectivos sociales más desfavorecidos frente a los ingresos y bienes materiales y simbólicos. Son no casualmente los que más sufren el embate de la violencia social y policial.

La propuesta, que cuenta con un amplio marco de firmas de organismos y personalidades de todos los ámbitos, será presentada al gobernador Daniel Scioli con la intención de que se adopte una actitud firme ante tanto desborde policial.

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