La actividad en la causa de la mafia de los medicamentos no decae. El juez federal Norberto Oyarbide procesó ayer a Juan Antonio Rinaldi, el sucesor de Héctor Capaccioli en la Superintendencia de Servicios de Salud, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y fraude contra la administración pública. El magistrado también dictó el procesamiento de otras doce personas que habían sido detenidas en el marco de esta megacausa, por la que –desde hace un año– permanecen tras las rejas el titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo.

Si bien no trascendió la resolución, el juez Oyarbide procesó y dispuso un embargo de cinco millones de pesos para Rinaldi, por entender que había incurrido en las mismas irregularidades que su antecesor, ya procesado. También procesó por los mismos delitos a otra funcionaria de la Administración de Programas Especiales, Ana María Navas, y le dictó un embargo de 400 mil pesos.

Aunque a la hora de declarar Rinaldi intentó despegarse de las imputaciones por la “falta de control sobre las obras sociales”, el juez hizo extensivo a Rinaldi su responsabilidad en la supuesta banda que habría intervenido en la llamada mafia de los medicamentos y que permitió que, desde el Estado, se repartieran subsidios millonarios a distintas obras sociales sindicales.

Rinaldi fue abogado del gremio de Camioneros hasta que en el 2008 fue designado al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y se ganó la confianza de la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña, una de las principales denunciantes de las irregularidades en el manejo de fondos de la Administración de Programas Especiales. Esos fondos servían para solventar los costos de tratamientos a enfermos graves de las obras sociales, pero –según se descubrió en la causa– se presentaban expedientes de pacientes inexistentes sólo para cobrar esos reintegros.

Por un lado, en la investigación abierta sobre la obra social de los bancarios, el juez procesó a la jefa de enfermeras de OSBA (obra social bancaria) Ana María Kapfer; al farmacéutico de la OSBA Carlos Alberto Bonanno; a la directora técnica de esa farmacia Sandra Allegrino y al director médico del Policlínico Bancario, Héctor Ricardo Chiavaroli, por los delitos de asociación ilícita y entrega de medicamentos adulterados. Por otro lado, el juez Oyarbide dictó procesamientos en el expediente conocido como “Hospital Posadas”, que saltó a la luz a fin del mes de enero con una serie de detenciones y allanamientos que incluyeron ese centro asistencial.

El juez procesó con prisión preventiva al empresario José Luis Salerno, un ex comisario relacionado con el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina, por considerarlo organizador de una asociación ilícita que distribuyó medicamentos peligrosos para la salud.