La Justicia Federal de La Rioja ordenó ayer las detenciones del dictador Jorge Rafael Videla y de su ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, por el asesinato en 1976 del obispo riojano Enrique Angelelli. La resolución del juez Daniel Herrera Piedrabuena, que el miércoles les tomó declaración indagatoria en Buenos Aires, no modificará la cotidianidad de los gerontes: Videla, de 85 años, condenado a prisión perpetua en Córdoba y con docenas de procesamientos en todo el país, está preso en la Unidad Penal 34 que el Servicio Penitenciario instaló en el corazón de la guarnición militar de Campo de Mayo. Harguindeguy, de 83 años, seguirá gozando de arresto domiciliario en su casa, en la localidad bonaerense de Los Polvorines.

En la causa por el crimen de Angelelli está procesado con prisión preventiva el ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Menéndez, con seis condenas a prisión perpetua en el haber, que cumple en la casa de uno de sus hijos, en San Miguel de Tucumán. Está también imputado Edilio Cristóbal Di Cesare, que desde 1976 hasta 1977 ocupó paralelamente la jefatura de Logística del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 y de la policía de La Rioja, así como el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical y figura central en la dictadura riojana.

El juez se trasladó desde La Rioja a Buenos Aires con su secretario José Luis Combina, la fiscal federal subrogante Marta Kinhat y la defensora pública subrogante Silvina Martínez. Por la mañana indagó a Videla en los tribunales de Comodoro Py. El dictador habría entregado documentación, aunque no trascendieron detalles del contenido. Por la tarde, la delegación se trasladó hasta la morada de Harguindeguy. Tras las declaraciones, el juez ordenó las detenciones.

La muerte del obispo de La Rioja, quien pertenecía a la línea tercermundista de la Iglesia Católica, despertó sospechas desde el primer momento. El 4 de agosto de 1976, Angelelli conducía su auto desde Chamical hacia la capital provincial. Acababa de denunciar que los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville habían sido secuestrados, torturados y asesinados días antes. A la altura de Punta de los Llanos, sobre la ruta 38, el vehículo volcó. Arturo Pinto, quien acompañaba al obispo y ahora impulsa la investigación, relató que el vehículo fue perseguido y cruzado por otro automóvil, que provocó el vuelco. El cuerpo de Angelelli quedó tendido en el pavimento, donde poco después murió. Algunas versiones sostienen que fue rematado.

La causa se cerró por las leyes de impunidad dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Tras la reapertura de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, Herrera Piedrabuena analizó las pruebas, escuchó testimonios y recibió planteos de querellantes para citar a indagatorias a 14 imputados. Según se pudo reconstruir, el cura se había reunido pocos días antes con Menéndez, por los crímenes de Murias y Longueville y del laico Wenceslao Pedernera. Los dos curas fueron secuestrados el 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador de Chamical. Sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados y signos de torturas en el caso de Murias, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad. Una semana más tarde, un grupo comando fue a buscar a su casa de Chilecito al catequista Pedernera, quien colaboraba con Angelelli: tocaron la puerta, preguntaron su nombre y lo fusilaron frente a su familia. Angelelli llevaba en su auto toda la documentación en la que reportaba estos crímenes. Tras el accidente, esos papeles aparecieron en las oficinas del entonces ministro del Interior Harguindeguy.