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La Justicia porteña realizó ayer un allanamiento en oficinas del SAME, donde fueron secuestradas las grabaciones registradas el martes pasado, entre las 7 y las 11, luego del llamado de auxilio recibido desde la Villa 31 de Retiro, donde el vecino Humberto Ruiz murió por falta de asistencia. El procedimiento fue ordenado por el juez Roberto Gallardo, en una investigación por “incumplimiento del derecho a la salud y abandono de persona”, tras la denuncia que presentó el Observatorio de Derechos Humanos (ODH).

En el allanamiento no pudo ser incautado el libro de registro del SAME, cuyas autoridades dijeron que la ausencia de ese documento se debe a la apertura de una investigación administrativa interna que está en marcha. El operativo se hizo, a partir de las 17.30 de ayer, en las oficinas del SAME, en Zuviría 64, en Parque Chacabuco. En su denuncia, el Observatorio aseguró que el gobierno porteño “desconoció normas supranacionales, nacionales y locales que ordenan atender la urgencia, sin discriminación por motivos sociales”. Fuentes del organismo señalaron que la negativa del SAME a ingresar a los asentamientos urbanos “no es un problema nuevo” dado que “hace mucho tiempo que tiene este comportamiento”.

Los abogados del Observatorio señalaron que “el derecho a la salud debe garantizarse cuando se está ante una emergencia médica, atento a que la situación se vuelve más delicada por encontrarse la salud en estado de riesgo pudiendo verse afectado el derecho a la vida misma de no actuarse en forma urgente”, como ocurrió en el caso de Ruiz, quien murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio “luego de agonizar varias horas sin recibir atención médica” de parte del SAME.

También se hizo una denuncia ante el Inadi, en contra del gobierno porteño, “por discriminación”. El Observatorio estimó que la actuación del servicio que depende del Gobierno de la Ciudad “ha sido deficiente”, en este caso “soslayando a los sectores de la población que más lo necesitan por encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad”.