El abogado Luis Zamora, querellante en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, señaló que esos actos fueron perpetrados “como parte de la comisión de un genocidio”. Lo hizo en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Federal 5. Hoy reclamará la condena de “reclusión perpetua” para los responsables de los secuestros ocurridos en la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977.

Zamora, junto a su colega Horacio Méndez Carrera, representa la “querella unificada” que incluye a los damnificados de esos hechos que culminaron con el secuestro de una docena de víctimas, entre ellas las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. “Estos juicios son un paso al fin de la impunidad”, dijo el letrado, no sin antes aludir a los “obstáculos que puso el Estado desde 1983”, en referencia a las leyes de obediencia debida y punto final sancionadas durante la administración alfonsinista y a los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem que constituyeron, dijo, “privación de justicia”.

En una suerte de interrupción política al alegato técnico, Zamora hizo referencia a los “33 años y cinco meses de impunidad” que tuvieron los represores que actuaron en los episodios de la Iglesia de la Santa Cruz, y ponderó el “esfuerzo formidable de las Madres, que con sus pañuelos blancos le gritaban al mundo lo que aquí ocurría”. También resaltó los testimonios de sobrevivientes que “permiten que resuenen aquí las voces de los jóvenes reprimidos en sus ideales y compromisos”, aunque se lamentó por la “fragmentación de causas” y dificultades propias de la Justicia (como falta de salas para las audiencias) que posibiliten dar mayor celeridad a los procesos. El letrado también exaltó la “fuerza de los principios éticos que se mostró invencible ante la dictadura genocida”, y recordó que el episodio puntual de la Iglesia de la Santa Cruz fue una “razzia” represiva en contra de “personas que estaban juntando monedas para publicar una solicitada”.

En referencia al dictador Jorge Rafael Videla, dijo: “El máximo jerarca de aquella dictadura había prometido una Navidad en paz”, y las madres y las religiosas estaban esperanzadas y querían publicar solicitadas con los nombres de las personas que estaban buscando. Para explicar el funcionamiento del “centro clandestino de detención, tortura y exterminio” que funcionaba en la ESMA, el abogado recurrió a fotografías, croquis, mapas, planos y hasta una reproducción virtual en tres dimensiones. La exposición de Zamora fue seguida con un respetuoso silencio por parte de los familiares de los sobrevivientes, ubicados en la planta baja. Pero en la bandeja superior, una decena y media de allegados a los represores mantuvieron una actitud burlona y desafiante durante el alegato. Zamora también condenó a la jerarquía de la Iglesia Católica y su máximo dignatario, el cardenal Jorge Bergoglio, y hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que, dijo, “tardó tres largos años en venir a la Argentina, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían sido asesinados”. Por la tarde, el abogado Méndez Carrera, quien representó originariamente a los familiares de las monjas francesas, apuntó en su alegato a la responsabilidad de cada uno de los acusados, haciendo recaer el mayor peso en Astiz y en Acosta, a quien mencionó como el “cerebro que planificó la operación y resolvió la eliminación”.

El reclamo de Zamora y Méndez Carrera –que representan también a las familias de Azucena Villaflor de Devicenzi, Mary Bianco y Alicia Careaga, y a otros siete militantes de derechos humanos (Angela Aguad, Patricia Oviedo, Eduardo Orane, Raquel Bullit, José Fondevilla, Remo Berardo y Horacio Elbert) que colaboraban con el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo– es de igual severidad al realizado la semana pasada por el gobierno nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos.