“Artículo 57: Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública.” Los abogados de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat y Roberto Boico, anunciaron ayer que van a impugnar la candidatura a la reelección del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, amparándose en ese artículo de la Constitución porteña. Los letrados sostienen que el ingeniero se halla “en situación de inhabilidad constitucional para ser designado” si ganara las elecciones del 10 de julio, por su procesamiento en la causa por las escuchas, confirmado por la Cámara Federal.

“Eso es poner el caballo detrás del carro”, respondió el jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, quien sostuvo que Macri puede ir por la reelección porque la Constitución Nacional, que “está por encima de cualquier normativa”, no le impide ser candidato a presidente. En el mismo sentido, el secretario general del gobierno porteño, Marcos Peña, afirmó: “La operación política del kirchnerismo para intentar proscribir a Mauricio Macri no tiene ningún fundamento jurídico. El Artículo 57 habla de designaciones, no de cargos electivos”.

En la oposición conviven distintas opiniones respecto de si Macri debería o no ser impugnado. La legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, coincidió con la posición de Barcesat, aunque se atajó: “Aun descartando la impugnación, las condiciones legales para la contratación de empleados llegan al absurdo de que el jefe de Gobierno no podría contratarse como empleado municipal”. En la misma línea, el legislador kirchnerista Francisco “Tito” Nenna afirmó: “Como nos tiene acostumbrados, Macri otra vez muestra su desapego por las cuestiones democráticas”. Agregó que “está haciendo un abuso de autoridad y evitando lo que en su gobierno se hace con cualquier trabajador procesado”.

En un sentido divergente, el legislador Julio Raffo, de Proyecto Sur, sostuvo que “en principio, tiene que ser el elector el que califique si puede ser o no jefe de Gobierno, y no una restricción judicial. No es bueno para la democracia excluir a un candidato por restricciones judiciales”. Agregó que la Constitución, en todo caso, le impediría asumir su cargo una vez electo, pero no presentarse a elecciones: “Para asumir, primero tiene que ganar. Y yo creo que va a perder”, afirmó Raffo. En el mismo sentido, el legislador de Diálogo por Buenos Aires y ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra afirmó: “La presentación de Macri es de dudosa constitucionalidad por su procesamiento, pero lo que corresponde es ganarle con los votos, porque el suyo ha sido un gobierno de derecha que fracasó estrepitosamente en la gestión”.

Barcesat y Boico harán el planteamiento de inhabilidad no bien Macri se registre como candidato para evitar los inconvenientes señalados por la Corte Suprema en los casos de Antonio Bussi y Luis Patti, donde se señaló que las impugnaciones debían hacerse previas a la consulta electoral. Para el abogado constitucionalista Lucas Arrimada (UBA, Conicet), en el artículo 57 hay dos interpretaciones en pugna: una que equipara los funcionarios designados a los electos y una que los diferencia, y para la que el requisito de no poseer ningún procesamiento sólo aplicaría a los cargos no electivos. “La primera resulta restrictiva de los derechos políticos de los candidatos, la segunda está en sintonía con los estándares constitucionales y de derechos humanos”, afirmó Arrimada. El constitucionalista Roberto Gargarella, en la misma línea, sostuvo: “En el caso que se abran este tipo de dudas, debería deferirse la decisión de la ciudadanía”.

Informe: Sol Prieto