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Los resultados de la elección del 14 de agosto marcaron el fin del optimismo electoral para los partidos y dirigentes de la oposición y también para los medios de comunicación que los sustentaron. Sin embargo, la realidad incontrastable de la expresión de la voluntad popular a través del voto masivo hacia Cristina Kirchner los obligó a recurrir nuevamente a argumentos poco creíbles tanto para explicar la derrota como para delinear nuevas estrategias hacia la futura elección del 23 de octubre.

Es así como los medios hegemónicos, lejos de encontrar la principal razón del triunfo electoral en los aciertos políticos y económicos del gobierno de Cristina, se dedicaron a distribuir “las culpas” entre los opositores que ellos mismos promovieron hasta el 14 de agosto, adjudicándoles escasa vocación de poder y de aglutinar esfuerzos y candidaturas para lograr triunfar sobre el oficialismo.

Pero no es acerca de las ocurrentes interpretaciones que se han hecho sobre el resultado electoral que me interesa polemizar en esta nota, sino sobre la estrategia desplegada en las últimas semanas por estos mismos medios respecto de cómo debiera nuestro pueblo votar el próximo 23. Considerando inevitable el triunfo de Cristina en la primera vuelta, la batalla que las corporaciones proponen dar se traslada a la elección de legisladores. Obedientes y obsecuentes, es asombroso ver a algunos de los candidato/as a presidente seguir esta indicación y sugerir al pueblo que los castiguen a ellos negándoles el voto, pero no a los candidatos a diputados o senadores, ya que son imprescindibles para garantizar que no haya una hegemonía absoluta en el poder por parte de Cristina. Más gracioso aún resulta escuchar a estos últimos tratando de ser elegantes en la sugerencia de no votar sus propios candidatos a presidente, con el objetivo de que no se logre una mayoría parlamentaria oficialista.

El curioso argumento utilizado y repetido hasta el cansancio por los medios y sus candidatos es que el Congreso está para controlar al Poder Ejecutivo. Por ello hay que contraponer al rotundo triunfo de Cristina, un Congreso cuya mayoría no vote las leyes que la Presidenta envíe al Parlamento. Dicho en otras palabras, le proponen al pueblo que al mismo tiempo que avala con su voto la dirección del proyecto nacional que se comenzó a implementar en 2003, elija a legisladores que boicoteen la transformación plebiscitada, legisladores que rechacen los proyectos de ley que sustentan la plataforma de la Presidenta que ha sido elegida. Argumento insostenible y demasiado endeble, cuya enunciación sólo se explica por la desesperación que les genera la posibilidad de cuatro años más de cambios hacia un país más soberano en lo económico y más justo en lo social.

No hace falta hacer un complicado ejercicio de imaginación para saber cuál sería el resultado de este engendro, basta con analizar lo que sucedió en el Congreso y en particular en la Cámara de Diputados en los últimos dos años para corroborar que estamos ante una propuesta carente de fundamento. La imposibilidad de contar con un presupuesto votado por el Parlamento en este último año es un claro ejemplo del fracaso de la estrategia opositora. Más aún, es posible afirmar que parte del castigo electoral que sufrió la oposición en las primarias es consecuencia de su actitud de obstaculización de las propuestas transformadoras elevadas por el Ejecutivo al Parlamento. Proponer neutralizar las políticas del Ejecutivo desde el Parlamento sólo puede favorecer a quienes pretenden neutralizar la política y, como ha ocurrido en muchos momentos históricos en nuestro país, también pretenden gobernar desde otros poderes, principalmente desde las fuerzas del mercado o desde las corporaciones.

En este punto considero necesario afirmar que lo mejor que le puede pasar a la democracia en nuestro país es que el seguro triunfo electoral de Cristina esté acompañado de una mayoría legislativa que le permita contar con un Congreso que, luego de un profundo debate y de sus propios aportes, acompañe con su decisión las orientaciones políticas, sociales y económicas que el pueblo decidió con su voto.

No es posible escindir el aval al proyecto que hoy encarna nuestra Presidenta de las leyes que dieron sustento a la transformación. Por ejemplo, no es posible pensar el respaldo popular a la Asignación Universal por Hijo, a la movilidad jubilatoria y al Programa Conectar Igualdad, sin reconocer que fue factible gracias a que fue votada en el Parlamento la ley de nacionalización de los fondos de las AFJP. No se hubiera avanzado en el castigo a los genocidas sin el fin a la impunidad que significó la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, el indulto y la aprobación de la ley para la creación del banco de datos genéticos. De la misma manera no es posible creer que la transformación educativa se hubiera podido implementar y se hubieran mejorado los salarios de los docentes e investigadores sin las leyes de Financiamiento Educativo, educación técnica y la Ley de Educación nacional. Ni que hubiéramos podido repatriar a nuestros científicos sin la ley que creó el programa Raíces.

¿Cómo avanzar en la igualdad y la plena vigencia de los derechos humanos sin la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de protección de niñas, niños y adolescentes y la Ley de Educación Sexual y Reproductiva? ¿Se hubiera podido alcanzar el desarrollo y la soberanía económica sin las leyes que permitieron el desendeudamiento externo y el pago de la deuda con reservas y las nacionalizaciones de empresas como Aerolíneas, AYSA, la fábrica de aviones de Córdoba, etc.? Tampoco se hubieran creado 5.000.000 de puestos de trabajo dignos sin derogar las leyes de flexibilización laboral y promover las leyes de promoción industrial y protección de los trabajadores. No es posible concebir que la recuperación del rol del Estado y la sociedad frente al papel de las corporaciones mediáticas hubiera comenzado a implementarse sin la nueva ley de medios audiovisuales. En fin, no es posible imaginar que al votar a nuestra Presidenta el pueblo no esté avalando al mismo tiempo las leyes que tanto Néstor como Cristina vienen promoviendo desde 2003 y que permitieron consolidar un proceso de fortalecimiento institucional, de crecimiento económico e integración social sin precedentes.

Los mismos que hoy alertan sobre el peligro del autoritarismo que conlleva una mayoría parlamentaria oficialista son aquellos que van a reclamar por la inacción del Gobierno si el Parlamento obstruye la posibilidad de llevar adelante las políticas que el pueblo votó. Son los que denunciarán el desprecio del Ejecutivo por el Congreso si la necesidad de gobernar el país exige que se apliquen Decretos de Necesidad y Urgencia cuando las decisiones son impostergables y el Congreso no define.

En síntesis, es necesario que la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo de acompañar con su voto a Cristina también se exprese en el apoyo a los candidatos a legisladores que la acompañan. Ello permitirá conformar un Parlamento que garantice el marco legislativo para la construcción de un país que continúe creciendo, distribuyendo democráticamente los beneficios del crecimiento, y ampliando los horizontes de los derechos para todos y todas.

* Senador nacional. Frente para la Victoria.