En el período record de un mes, cinco jueces de los trece que integran la Cámara de Casación Penal dejaron sus cargos o pidieron hacerlo y esperan que el Poder Ejecutivo acepte sus renuncias. Aunque en algunos casos era previsible la partida, en otros no era tan evidente. Lo más impactante es que las bajas tal vez no queden ahí: la situación de dos magistrados más –que actúan como subrogantes– pende de un hilo a raíz de una feroz discusión interna sobre la legalidad del mecanismo que se utilizó para designarlos. Lo que los diferencia de los renunciantes es que ellos no quieren irse. Uno es Mariano González Pala-zzo, investigado en la causa sobre las presuntas coimas destinadas a conseguir la libertad de la patota acusada de matar a Mariano Ferreyra; el otro es Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados. Ambos están ligados a la tradicional familia judicial. La polémica enfrenta a los jueces más nuevos de Casación y a los históricos, y creció esta semana con una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En estos días, el tribunal es un hervidero.

Después de años sin que nada sacudiera desde las entrañas a la Casación la presidenta del tribunal, Angela Ledesma, sorprendió a sus pares al convocar a un plenario extraordinario a comienzos de octubre. Era por un asunto que no traía ella directamente sino Alejandro Slokar, uno de los camaristas que acababa de ser nombrado, junto con Mariano Borinsky. Según Slokar, los jueces subrogantes de la Cámara habían sido nombrados de manera ilegal. Aunque la ley establece que las suplencias las deben hacer los propios jueces de Casación, habían traído a jueces de otros tribunales. Los jueces más viejos lo miraron muy mal, y se desató una batalla verbal de lo más caldeada. Aun así, se impuso la postura de revisar las designaciones, pero nadie quiso dar el paso en ese momento, y el tema quedó congelado desde entonces.

¿Quiénes corrían riesgo de quedar fuera de juego? Uno era González Palazzo, cuyo cargo de origen es en la Cámara del Crimen; otro era Guillermo Yacobucci, que venía de un tribunal oral; y en tercer lugar Cabral, que también viene de un tribunal oral, preside la entidad que representa a la corporación de los jueces y comandó hasta el año pasado el Consejo de la Magistratura. El planteo de Slokar apuntaba más bien a los dos primeros, pero también a Cabral por transitividad. Yacobucci renunció enseguida, al enterarse además que el dueño del sillón que él llevaba cerca de cuatro años ocupando, Pedro David, estaba volviendo de trabajar en la Corte de La Haya. Cabral salió en defensa de González Palazzo, quien no dio ninguna señal de retirada.

Pasado pesado

La Cámara de Casación Penal tuvo muy mala prensa desde su nacimiento en 1992, cuando el entonces ministro de Justicia, León Arslanian, llamó “esperpentos” a sus integrantes, nombrados por Carlos Menem, y renunció. Es un tribunal de gran importancia, encargado de garantizar que haya un control de las sentencias, lo que en la jerga judicial se llama “doble instancia”. También revisa las privaciones de libertad. En jerarquía es el máximo tribunal penal y el escalón previo a la Corte Suprema. Tuvo perfil bajo hasta que los organismos de derechos humanos, y luego el ex presidente Néstor Kirchner, denunciaron que era el embudo que impedía el avance de las causas de derechos humanos. La razón por la que causas de gran envergadura, como la de la ESMA, no llegaban nunca a juicio.

Se fue Alfredo Bisordi –ahora abogado de represores– y se le sumaron otros, antes y después, lo que llevó a nombrar subrogantes, igual que la licencia de David. Pero los sustitutos no cambiaron criterios, que sí forzó la Corte Suprema. Yacobucci solía escribir en los setenta en la revista Cabildo, el house organ de la dictadura. Junto con Luis García, otro de los suplentes, firmaron en 2008 la libertad de Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, que luego no se concretó. En la misma camada de subrogantes entraron González Palazzo y Augusto Diez Ojeda. El primero quedó escrachado en escuchas telefónicas de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, igual que otros dos miembros titulares de Casación (Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell), mientras que Diez Ojeda fue denunciado este año por beneficiar con un controvertido sobreseimiento a su concuñado y a otra decena de implicados en la privatización del espectro radioléctrico.

Los largos mandatos de los subrogantes en Casación fueron fruto de las demoras en los concursos del Consejo de la Magistratura y en la selección por parte del Poder Ejecutivo. Recién ahora se empezó a mover el tablero. El ingreso de Slokar –que fue secretario de política Criminal del Ministerio de Justicia y escribió un famoso manual de Derecho Penal con Raúl Zaffaroni– y de Borinsky –ex fiscal en lo penal económico– obligó a la salida de García y de Diez Ojeda. Poco antes había renunciado Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y luego lo hizo Mitchell, no sólo cuestionado en la causa por el homicidio de Ferreyra sino en otros expedientes donde se lo investiga por su presunta vinculación a la apropiación de niños cuando era juez de menores durante la dictadura. También anunció su salida Juan Fégoli, aunque su caso es ajeno a todas estas circunstancias, ya que desde hace tiempo era conocida su intención de jubilarse.

El día en que Slokar puso el dedo en la llaga, Cabral se mostró muy enojado y defendió la inamovilidad de los jueces que les da carácter vitalicio. Riggi adhirió con una frase pomposa: “Este cuerpo está conmovido por la naturaleza de estos planteos”, se quejó. Fuera de escena, Gustavo Hornos dio señales de apoyo a Slokar. Así lo pudo reconstruir Página/12. La discusión se prolongó en términos durísimos. Al plenario siguiente lo terminó convocando al ministro de Justicia, Julio Alak, aunque su presencia no apagó el incendio ni saldó el debate.

Un largo cuarto intermedio

El largo cuarto intermedio para decidir el futuro de González Palazzo y, quizá, de Cabral sigue vigente, con nuevos ingredientes. Hace dos semanas llegó a Casación la causa en la que se investigan los presuntos sobornos en el propio tribunal para favorecer a la patota de la Unión Ferroviaria en la causa por el homicidio de Ferreyra y justo le tocó a la Sala IV, que integra González Palazzo, quien se excusó para preservar “la transparencia” e “imparcialidad”. El CELS –que representa a la mamá del joven asesinado– acaba de plantear, con los propios argumentos del camarista, que “su calidad de juez subrogante”, “meramente temporal”, “y esta misma necesidad de salvaguardar al sistema de justicia de sospechas y temores de los justiciables hacen que se torne imprescindible que se analice la permanencia” de González Palazzo. Esta presentación debería se tratada en un nuevo plenario. Pero a este juez se le abrió una chance de irse sin que lo echen, si es que juran pronto Ana María Figueroa, una rosarina que viene de años de trabajo en derechos humanos, y Juan Gemignani (hijo), abogado y académico de Paraná, a quienes el Senado dio acuerdo esta semana como nuevos jueces. En ese caso quedará pendiente el asunto Cabral, a quien la nueva generación de Casación ve como un exponente de la corporación que aterrizó allí para contrarrestar su aparente espíritu innovador.