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Mientras el camarista mendocino suspendido por complicidad con la dictadura Otilio Romano sigue fuera del país, su colega Julio Demetrio Petra fue procesado por intentar ayudarlo a derribar la causa penal en la que se lo investiga por su actuación como fiscal y juez subrogante desde 1975. Los delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Petra había firmado una resolución que apartaba al juez que había citado a Romano a indagatoria por su posible participación en delitos de lesa humanidad al haber avalado u omitido investigar torturas, secuestros y desapariciones en un centenar de casos. Después de aquel fallo Romano y Petra fueron fotografiados cenando con vino y champán en un restaurante del centro de Mendoza.

Petra es el tercer camarista mendocino que queda en el centro de la tormenta por cuestiones vinculadas a causas de derechos humanos. El año pasado fue destituido Luis Miret, acusado por su actuación judicial en detenciones ilegales y desapariciones. El juicio político a Romano empieza el lunes próximo, aunque haya huido a Chile y siga prófugo. Ambos, en el plano penal, están procesados por delitos que no prescriben. Petra también tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura. Algunas son por maniobras para favorecer a represores en democracia, como conceder la libertad en forma masiva a detenidos por crímenes dictatoriales en Mendoza, San Juan y San Luis, su jurisdicción. Otras aluden a decisiones como extender la falta de mérito del teniente coronel Stuhldreher (intendente de facto en 1976) a 18 desapariciones que no habían llegado a su tribunal. La semana pasada sumó una presentación en su contra, de la Universidad Nacional de Cuyo.

Petra ya tenía un expediente en el Consejo por la presunta protección a Romano. Pero más avanzó la causa penal. El juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas lo procesó por incumplimiento de sus deberes y prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho). Lo habían denunciado ex detenidos del centro clandestino que funcionó en el departamento de policía mendocino. Puigdéngolas consideró que Petra debió apartarse y no participar de la resolución de la recusación del juez Walter Bento, que tenía a cargo la causa contra Romano. El resultado de ese fallo fue apartar a Bento.

Puigdéngolas argumenta que Petra ya había sido apartado y tenía prohibida la intervención por orden de la Cámara de Casación en causas sobre violaciones a los derechos humanos. Esto y las denuncias que ya tenía en el Consejo eran elementos “razonables para generar dudas sobre su imparcialidad” –sostuvo–, además de que ignoró una orden superior. El fallo encuadra su conducta como “abusiva” y “arbitraria”. Ayer había rumores de que renunciaría.