“Establécese la obligación de inspeccionar toda obra durante las etapas de demolición y excavación”, dice la ley que, a un año de su promulgación, todavía no fue reglamentada por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. “Hoy nadie controla lo que pasa en las demoliciones y las excavaciones”; “tampoco funciona el registro público de empresas que exige la ley”. “Incluso sin reglamentar, debería cumplirse”, denunciaron legisladores de la Comisión de Obras y Servicios Públicos que, por voto unánime, impulsó la norma luego del derrumbe del año pasado en Villa Urquiza. El gobierno porteño aduce que la ley “no se reglamentó por imperfecciones y falta de consenso con los consejos profesionales”, y sostiene que, de todos modos, “hace los controles”. El titular de la Asociación de Ingenieros Estructurales admitió que “nos hemos opuesto a que esta ley se reglamentara” y sostuvo que “el porcentaje de accidentes es muy bajo”.

La Ley 3562 fue sancionada por la Legislatura porteña el 16 de septiembre de 2010; poco antes, el 9 de agosto, se había derrumbado un gimnasio en Villa Urquiza, en relación con un pozo para cimientos que se excavaba en un predio lindero. La normativa fija “la obligación de inspeccionar toda obra en construcción durante las etapas de demolición y excavación”, y precisa que las inspecciones “deben realizarse la primera durante la demolición y otras dos durante la excavación”.

La ley no reglamentada establece que “todo responsable de obra, con anterioridad al comienzo de las demoliciones o excavaciones, debe presentar al organismo competente para su aprobación el proyecto detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento”. Tanto la empresa de demolición como el representante técnico deberán “estar ambos inscriptos en el Registro Público de Demoledores y Excavadores”. Además, “el Gobierno de la Ciudad debe publicar en su página web todos los expedientes de nuevas obras”.

Página/12 dialogó con diputados de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura porteña. Según explicó Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), “sancionamos esta norma porque había un bache legal: la primera inspección se efectuaba cuando se hacía la primera losa, es decir, cuando la pedía el responsable de la obra; nadie controlaba todo lo que pasara antes”.

Epszteyn sostuvo que “las inspecciones que plantea la ley simplemente hay que hacerlas, este artículo ni siquiera requeriría reglamentación”. Y comentó: “El 13 de octubre pasado, cuando se debatió el Presupuesto de la Ciudad, pregunté por qué no se incluía lo necesario para hacer las inspecciones que requiere esta ley, y no obtuve respuesta”. Para el legislador, “este incumplimiento del Estado porteño responde a los intereses del negocio de la construcción”.

El diputado Martín Hourest, del GEN, señaló que, además, “el registro digitalizado y público que exige la ley, todavía no implementado, permitiría a todo ciudadano examinar el estado de cada obra, ya desde la demolición” y denunció que “actualmente, el único requisito para habilitar una empresa de demolición es contar con un CUIT”.

María José Lubertino (diputada por el Encuentro Popular para la Victoria) observó que “la falta de reglamentación de la ley no justifica su incumplimiento, ya que se trata de una ley en vigencia” y anunció “un proyecto para citar a la Legislatura a Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano, y a Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad, como responsables políticos de lo sucedido”. El legislador Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria) afirmó que “Macri no está cumpliendo con la ley” y señaló que “la única forma de frenar la especulación inmobiliaria es la presencia del Estado”.

Este diario intentó ayer en vano comunicarse con Fernando de Andreis (PRO), presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno de la Ciudad, a cargo de la reglamentación de la Ley 3562, sostuvo mediante un comunicado que “no se reglamentó por las imperfecciones y la falta de consenso, al momento de su aprobación, con las entidades profesionales que construyen en la ciudad. La AGC salió a buscar los consensos con los distintos consejos profesionales de ingeniería y arquitectura para poder hacer operativa una ley de difícil aplicación”. Agrega que “la ley tiene defectos jurídicos con respecto a las responsabilidades del Estado: se habla de aprobación de planos de gobierno cuando lo que se hace en gobierno es registrar los planos”.

El comunicado de la AGC sostiene que la falta de reglamentación “no implica que el gobierno no esté haciendo los controles en las etapas de demolición, excavación y submuración. Entre enero y octubre de 2011 se realizaron 18.191 inspecciones y se clausuraron 646 obras, como consecuencia de la atención de más de 10.000 denuncias”. No menciona si alguno de esos controles alcanzó a la obra lindera al edificio derrumbado.

Por su parte, Alberto Fainstein, presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales, dijo a este diario que “efectivamente nos hemos opuesto a que esta ley se reglamentara en la forma en que había sido sancionada. En su momento nos consultaron, pero nuestra opinión no fue aceptada. En el Gobierno de la Ciudad no hay suficientes profesionales formados para inspeccionar las excavaciones, y además la ley no incluye la adopción de nuevas tecnologías”.

Fainstein advirtió que “las excavadoras modernas tienen una capacidad monstruosa y pueden causar daños inmensos a las construcciones vecinas; los operarios que las manejan deben ser instruidos sobre el nivel de riesgos que representan”, pero sostuvo que “de todos modos, el porcentaje de accidentes es muy bajo, con relación al enorme incremento de la cantidad de obras en los últimos años”.