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Desde la ley de Punto Final, que en 1986 buscó disuadir los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, hasta la condena a dieciséis miembros del grupo de tareas de la ESMA, hace pocos días, transcurrió un cuarto de siglo. En ese lapso la sociedad argentina hizo saber de todas las formas a su alcance que no convalidaba la impunidad para los peores crímenes cometidos en forma masiva y sistemática en toda su historia. El mes pasado, la presidente Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con un asombroso 54 por ciento de los votos. A la salida de los lugares de votación, el Centro de Estudios sobre la Opinión Pública de la Universidad Nacional de Buenos Aires preguntó a los electores sobre una serie de políticas públicas y cómo incidieron en su decisión de voto. El 93 por ciento de quienes votaron por Cristina, declaró su respaldo a la política de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Coincidió en esta evaluación el 79 por ciento de quienes prefirieron a otros candidatos presidenciales. No fue siempre así. Este apoyo del 86,6 por ciento de la población que participa en política con su voto es la consecuencia de una larga elaboración social del tremendo trauma de la denominada guerra sucia de 1976 a 1983. Su racionalización fue suministrada por la hegemónica Iglesia Católica Apostólica Romana. La Junta Militar declaró que combatiría hasta más allá de la vida y de la muerte contra lo que denominó “la subversión”. Este es un concepto de cuño católico. Subversivos son quienes se apartan del Orden Natural o el Plan de Dios para la tierra, inmutable desde su creación. De ahí el amplio espectro de víctimas, mucho más amplio que quienes desafiaron con las armas a la dictadura.

El juicio a las juntas

El primer presidente elegido por los votos y no por las botas, Ricardo Alfonsín, creó una comisión para investigar la desaparición de personas e impulsó el enjuiciamiento de nueve ex comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas. Ese juicio concluyó con la condena a prisión perpetua a los ex jefes del Ejército y de la Armada, Jorge Videla y Emilio Massera, y a penas menores al resto. Las audiencias del juicio fueron filmadas, pero el gobierno no permitió que se difundieran, de modo que esas imágenes debieron esperar en los archivos que les llegara el momento. Esto obedeció al poder que aún conservaban las Fuerzas Armadas, en un país que desde 1930 padeció no menos de un golpe militar por década y en algunos casos hasta tres. Alfonsín tuvo la lucidez de diseñar los juicios como forma de impedir que en un par de años también su gobierno siguiera el mismo triste destino de otras presidencias civiles que lo precedieron. Es claro que se trató de una cuestión de política de supervivencia de la democracia, por la que Alfonsín merece el máximo reconocimiento, pero no fue una decisión inspirada en los derechos humanos. Por eso, cuando los jueces que condenaron a los ex Comandantes, decidieron descender en la cadena de responsabilidades hacia los oficiales de rango medio y bajo, y esto suscitó inquietud en los cuarteles, el presidente dictó la ley de punto final, que debía restringir el universo de posibles incriminados, al fijar un plazo de prescripción de 120 días, luego de los cuales nadie podría ser procesado. La jugada salió al revés de lo deseado, ya que los jueces percibieron que se intentaba hacerlos responsables de la impunidad y respondieron procesando a todos los militares que alguna vez hubieran sido mencionados en algún testimonio. En 1987, cuando comenzaron los arrestos de oficiales de los rangos medios, se produjo un alzamiento armado de los comandos militares conocidos como carapintadas, por la pintura de camuflaje que usaban en el rostro. El gobierno envió al Congreso una ley de amnistía encubierta, que declaró que los militares y policías de rangos inferiores que actuaron en cumplimiento de órdenes superiores quedarían impunes. El único juez de la Corte Suprema que votó por declararla inconstitucional dijo que más que una ley era una sentencia inapelable. La crónica del juicio y del retroceso posterior son el tema de mi libro Civiles y Militares, Memoria Secreta de la Transición, de 1987.

Ni olvido ni perdón

El gobierno de Alfonsín concluyó antes de tiempo, no por un clásico pronunciamiento castrense sino por un golpe de mercado que derivó en hiperinflación y crisis social. Para sucederlo fue elegido Carlos Menem, quien en 1989 y 1990 indultó a los jefes máximos que seguían bajo proceso, aquellos que no obedecieron órdenes sino que las impartieron. De fanática adhesión a las políticas neoliberales del consenso de Washington, consiguió detener el proceso inflacionario y, pese al abandono de sus promesas proselitistas, ganó las elecciones legislativas de 1991. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso repetido hasta el hartazgo sobre la necesidad de mirar al futuro y olvidar el pasado. Por un tiempo pareció que la sociedad quería desentenderse de su trágica historia, pero los organismos defensores de los derechos humanos y nuevos medios de prensa mantuvieron el reclamo de memoria, verdad y justicia. El punto de inflexión se produjo en 1995 con la confesión del capitán de fragata Adolfo Scilingo, quien en una serie de entrevistas que formaron parte de mi libro El Vuelo reconoció haber arrojado a treinta personas vivas al mar desde aviones navales. Su confesión produjo una viva conmoción social, no porque revelara algo desconocido sino porque, por primera vez, quien lo decía no era un sobreviviente de la ESMA sino uno de los asesinos. Uno de sus múltiples efectos fue la mayor movilización en las calles conocida hasta entonces, en el vigésimo aniversario del golpe, en marzo de 1996. Otro, el surgimiento de la primera organización formada por descendientes y no por ascendientes de los detenidos desaparecidos, HIJOS. Además, el fiscal español Carlos Castresana, conmovido por estos hechos, estudió si había algún resquicio en las leyes y constituciones de su país que permitiera juzgar en España a los criminales impunes en la Argentina. Reformuló así la doctrina de la jurisdicción universal, que había regido en siglos pasados para perseguir la piratería. El juez Baltasar Garzón aceptó este planteo para entender en los crímenes contra la humanidad y abrió el procedimiento en su juzgado de Madrid. Tanto Italia como Francia habían iniciado juicios contra algunos militares argentinos por crímenes contra sus nacionales. La innovación española fue que se juzgaría a argentinos por crímenes cometidos en la Argentina contra argentinos.

De la verdad a la Justicia

Al mismo tiempo el presidente fundador del CELS, Emilio Mignone, pidió a la Justicia argentina que determinara qué había sucedido con su hija Mónica Candelaria, secuestrada junto con dos sacerdotes y un grupo de catequistas que como ella hacían trabajo social en una villa miseria de Buenos Aires. Sostuvo que desde que el primer hombre de Neanderthal fue sepultado en una caverna sobre un lecho de ramas de pino y cubierto por un manto de flores, el culto de los muertos fue un signo de humanización aún más significativo que el uso de herramientas y del fuego, y nos diferencia del resto del reino animal. La Justicia le dio la razón y declaró el derecho individual a la verdad y al respeto del cuerpo y el colectivo al conocimiento sobre lo que sucedió durante el terrorismo de Estado y quienes fueron sus responsables. En poco tiempo esos juicios se fueron extendiendo a todo el país. Cuando el juez Garzón comenzó a procesar en Madrid a militares argentinos, residentes chilenos pidieron que hiciera lo mismo con el dictador Augusto Pinochet. Este fue el origen de su arresto en este país, en 1998. Tuve el privilegio de asistir a una de las audiencias del juicio de extradición en Westminster. Su abogada defensora dijo que como ex jefe de Estado gozaba de la misma inmunidad de arresto que hubiera asistido a Adolfo Hitler si hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y hubiera venido a tomar el té en Harrods de Londres. Dudé de haber entendido bien, pero cuando un vecino de asiento me lo confirmó supe que Pinochet estaba perdido. Faltaba un mes para el cincuentenario de la declaración universal de los derechos humanos y en los Balcanes se reproducían imágenes de campos de concentración que nadie hubiera creído posibles en Europa. La mera fantasía de un Hitler impune de shopping por Londres daba escalofríos. Pinochet no fue enviado a España sino a Chile, por una trampa concertada entre los tres gobiernos progresistas, pero en cuanto llegó fue privado de sus fueros parlamentarios y procesado por el juez Juan Guzmán Tapia. El Congreso argentino derogó las leyes de punto final y obediencia debida, pero como no tuvo fuerza para declararlas nulas, conservaron su vigencia retroactiva. Con una sorprendente rapidez dos jueces argentinos arrestaron a Massera y Videla por el robo de bebés. Massera y otros marinos también fueron procesados por el saqueo de bienes de las víctimas. Esos dos delitos habían sido excluidos de las leyes y decretos de impunidad de Alfonsín y Menem. Sin embargo, hasta ese momento la Justicia argentina no había utilizado esa posibilidad. Mignone, uno de los mayores héroes civiles de la Argentina, llegó a verlo, antes de morir, en diciembre de 1998. Tuve la responsabilidad de sucederlo en la presidencia del CELS al año siguiente. En 2000, con un centenar de pedidos de extradición presentados por el juez Garzón y rechazados por el presidente Fernando De la Rúa, con medio centenar de oficiales ya detenidos en la Argentina por el robo de bebés, con juicios en marcha contra militares argentinos también en Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos, con los juicios por la verdad extendidos a todo el país, con Pinochet procesado en Chile evaluamos que no quedaban razones jurídicas, éticas ni políticas para seguir tolerando las leyes de impunidad y solicitamos a la Justicia que las declarara nulas e inconstitucionales. Lo hicimos en un caso muy apropiado para demostrar que eran aberrantes. Dos miembros de la Policía Federal estaban detenidos por la sustitución de identidad de una bebita, hija de un matrimonio al que habían secuestrado y desaparecido. Consultamos a las Abuelas de Plaza de Mayo si nos permitirían intervenir en la causa que ellas llevaban, para solicitar que también fueran juzgados por lo que les hicieron a los padres de la nena. Las Abuelas aceptaron y presentamos la solicitud. La fundamentamos en el derecho internacional, el ius cogens que no permite perdonar los delitos de lesa humanidad. Elegimos la fecha con una intencionalidad política: al año siguiente se cumpliría un cuarto de siglo del golpe y suponíamos que la movilización social sería enorme, lo cual compensaría las presiones de los poderes fácticos que se ejercían sobre los jueces. Así fue: tres semanas antes del aniversario, en marzo de 2001, la Justicia declaró nulas e inconstitucionales ambas leyes y comenzaron a reabrirse la causas cerradas en 1987.

Un corte por lo sano

Arreciaron entonces las presiones sobre la Corte Suprema de Justicia, que Menem había inundado de serviles y corruptos, para que ratificara la vigencia de ambas leyes, y los esfuerzos de los organismos defensores de los derechos humanos para impedirlo. La crisis de fin de siglo acabó antes de tiempo con el gobierno de De la Rúa, quien antes de renunciar ordenó una sangrienta represión contra los manifestantes que habían salido a las calles,y que causó 35 muertes. Lo sucedieron varios presidentes interinos, el último de los cuales fue el senador Eduardo Duhalde, que siguió el mismo camino represivo de De la Rúa. Cuando la policía asesinó a dos jóvenes militantes sociales debió anticipar su fuga del gobierno convocando a apresuradas elecciones. Así llegó al Poder Ejecutivo en 2003 un poco conocido gobernador patagónico, Néstor Kirchner, quien puso un punto de inflexión a esta historia, como el primer presidente que se comprometió con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En su primera semana de gobierno descabezó a la cúpula del Ejército, que a favor de la crisis intentaba reorganizarse como Partido Militar. En la segunda promovió el juicio político a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo lugar designó a juristas respetados y personas intachables. Así, en 2005, la Corte Suprema confirmó la nulidad de las leyes. Desde entonces han terminado 57 juicios y se están realizando otros 13. Han sido elevadas a juicio y esperan fecha para la iniciación del debate 83 causas y otras 234 están en la etapa de instrucción o sumario, según los detallados registros que lleva el CELS. En esas causas se han pronunciado hasta esta semana 229 condenas y veinte absoluciones.