El genocida Jorge Rafael Videla se negó a declarar sobre su participación en el secuestro y las torturas aplicadas a un grupo de trece peruanos en el sótano de Coordinación Federal, uno de los centros clandestinos de detención que funcionó en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Videla había sido citado por el juez Norberto Oyarbide, en el marco de una causa sobre el Plan Cóndor.

Erguido, de saco sport y esposado con las muñecas hacia adelante, Videla, de 86 años, entró caminando a las oficinas judiciales del Tribunal Federal 10, ubicadas en el barrio porteño de Retiro, pasadas las 14.30 de ayer. Lo hizo acompañado de un grupo de agentes penitenciarios que lo escoltaron en su traslado desde Campo de Mayo, donde cumple las dos sentencias a prisión perpetua por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad.

Según fuentes judiciales, Videla le puso play al discurso que esboza siempre que debe declarar en alguna instancia judicial respecto de los crímenes cometidos durante la última dictadura. Tras negarse a contestar preguntas, manifestó que se considera juzgado por lo que entonces sucedió; que de todas maneras es el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas argentinas el que debería someter su accionar a juicio y que se hace cargo de sus responsabilidades en tanto comandante en jefe y presidente del país –de facto– de las órdenes que impartió.

“Nunca declara sobre casos puntuales”, mencionaron desde la Justicia. El de los trece ciudadanos peruanos, por el que Oyarbide lo citó a declarar, lo es. Aquéllos, algunos directores de diarios, otros marinos o delegados constituyentes, todos opositores al régimen del dictador Francisco Morales Bermúdez al momento en el que fueron secuestrados en su país el 25 de mayo de 1978, fueron trasladados en avión a Argentina.

En Perú se los acusaba de supuestos hechos de violencia. En Argentina les dijeron que eran “prisioneros de guerra”. Aterrizaron en Jujuy y luego fueron enviados al sótano del Departamento Central de la Policía Federal en Buenos Aires, para ser “ablandados” y obligarlos a firmar un pedido de asilo político voluntario. Los hombres se negaron a hacerlo y, ante el escándalo internacional en medio del Mundial de Fútbol de 1978, fueron expulsados a terceros países.

Para Oyarbide, “Videla, Morales Bermúdez y Albano Harguindeguy no fueron ajenos” a los hechos de colaboración represiva entre dictaduras latinoamericanas denunciados ante su juzgado y que integran la megacausa conocida como Plan Cóndor. En ese marco, el juez no sólo solicitó la indagatoria de este represor, sino también la de su ministro de Interior, Harguindeguy, quien se espera que declare hoy. El genocida, procesado en esta causa junto con el ex director de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Riveros y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides durante el golpe de Estado que duró hasta 1983, tiene 84 años y cuenta con el beneficio de cumplir arresto domiciliario en su casa por razones de salud.

El juez también dictó hace algunas semanas a Interpol el pedido de captura a Morales Bermúdez. Sobre este último pesa la acusación de Oyarbide por la presunta captura y traslado de los 13 opositores a su régimen desde Perú a Argentina. El Plan Cóndor fue un programa de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur a fines de los ’70 e inicios de los ’80 para detectar en cualquiera de sus territorios supuestos guerrilleros y opositores políticos, secuestrarlos e intercambiarlos.