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”Cuando me enteré del fallo de la Corte se me dibujó una sonrisa en la cara. Eran lágrimas y risa. Iba en el auto y escuché la noticia por la radio. Gracias a mí, pensé, otras chicas que fueron abusadas van a poder abortar sin hacer todos los trámites ni sufrir tanto como yo”, contó a Página/12 la adolescente identificada por sus iniciales como A. G., sobre cuyo caso se pronunció el martes el máximo tribunal del país. En una entrevista con este diario, la joven, que tiene 17 años y cursa el último año del Polimodal, celebró el fallo y recordó los dramáticos días que tuvo que enfrentar cuando fue obligada a deambular durante casi dos meses para conseguir un aval para poder poner fin a un embarazo, consecuencia de los abusos sexuales perpetrados por su padrastro, que la sometía, según denunció, desde que ella tenía 11 años.

“Estoy escribiendo un libro sobre todo lo que me pasó, para que les sirva a otras chicas, a otras mujeres. Lo que yo viví fue una experiencia única, nada agradable. Tuve que crecer de golpe”, cuenta, con voz serena.

La charla transcurre, a través del teléfono, al filo de la medianoche del martes, el día de la sentencia de la Corte. Unos minutos antes acababa de llegar a la casa de A. G., en Comodoro Rivadavia, la abogada Sandra Grilli, que representó en la causa judicial por el pedido del aborto no punible a Aurora Fuentes, la mamá de la adolescente. Y también en el proceso penal contra el acusado de la violación: el padrastro fue condenado el año pasado pero todavía sigue libre porque el fallo no está firme. “Cuando se resolvió el tema, me saqué un peso de encima. No podía tener un hijo que era el sobrino de mis hermanos, a la vez mi medio hermano, y el hijo del marido de mi madre. Pero ahora el peso más grande que todavía tengo es que este delincuente, que me abusó, quede preso. Es increíble, en dos minutos te pueden arruinar la vida y pasaron dos años y todavía no lo metieron preso. El sigue como si nada caminando por las calles. Y yo vivo en la oscuridad porque lo veo libre”, dice A. G. La adolescente cuenta que sale con miedo a la calle, que no puede caminar tranquila, por temor a que se aparezca. Aunque tiene una restricción judicial para acercarse a su familia, cuenta A. G. que a Aurora le ha hecho llamados telefónicos intimidatorios.

Grilli viajó desde Puerto Madryn –donde vive– a Comodoro para explicarles personalmente la importancia del fallo de la Corte Suprema. Al llegar las abraza. Más temprano, por la mañana, les había adelantado sus alcances telefónicamente. La histórica sentencia confirmó que cualquier mujer violada tiene derecho a interrumpir la gestación forzada –y no sólo aquellas con discapacidad mental–, aclaró que es ilegal exigir una autorización judicial para llevar adelante la práctica, exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos de atención de los abortos no punibles en los hospitales y a capacitar al personal para evitar dilaciones arbitrarias.

A. G. vive con su mamá y cinco hermanos, de 16 años, mellizos de doce y otro par de mellizos de siete. Los cuatro menores son hijos de su violador. El drama que atravesó esta adolescente que tuvo que crecer de golpe es enorme. Todavía tiene las heridas abiertas. Está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, desde que salieron a la luz los abusos, a partir de su embarazo. Antes no se había animado a hablar. Como suele ocurrir en casos similares, el padrastro la tenía amenazada, recuerda.

Es una familia sencilla. Aurora tiene diez hijos. Los cuatro mayores ya no viven con ella. Aurora acaba de conseguir hace dos meses un trabajo estable como portera de una escuela. Antes hacía changas en casas de familia. Y su mamá –la abuela de A. G.– y sus hijos mayores y algunos tíos hermanos la ayudaban a mantener la prole.

–Cuando pasó todo eso –dice A. G. sobre su derrotero judicial por el aborto no punible– veía a mi mamá que salía por radio, televisión y diarios. Y no me gustaba. Ahora veo que gracias a eso se pudo lograr este fallo de la Corte. Es muy importante, para que otras mujeres no sean manoseadas y tengan que pasar de médico en médico, de jueces en jueces, para que les digan que no (pueden abortar), sintiéndose discriminadas como me pasó a mí. Estoy muy contenta por lo que logré –dice, entusiasmada.

–¿Qué recordás de aquellos días cuando te decían que no a tu pedido? –le preguntó Página/12.

–Me sentía muy mal, sin ganas de vivir. Me despertaba sin ganas de levantarme, estaba todo el día llorando, tenía ganas de matarme, tuve intentos.

Además de las negativas de los médicos y de los jueces, lo que más la lastimaba era que su violador estaba libre (y continúa libre), dice.

Siguen sus recuerdos:

–Sentía odio. Sentía que yo era la única que estaba sufriendo por algo que nunca busqué. Y encima tuve que escuchar que alguna gente dijera que había sido un noviecito (quien me había embarazado) y no me creyera. Estuve dos meses en mi casa encerrada. Dejé la escuela. Tenía maestros particulares pero no tenía ganas de estudiar. Estaba en un estado depresivo muy grande, estaba muy sensible.

A. G. dice que los primeros abusos sexuales los sufrió a los 11 años. “No podía contárselo a nadie. Estaba como encerrada. El me decía que si mi mamá se enteraba se iba a enojar. Me daba miedo lo que podía suceder porque lo había visto en escenas violentas con mi mamá, y con el arma delante de sus hijos. Yo era una nena...”

La joven está cursando el último año del Polimodal. Es una muy buena alumna. El año próximo tiene pensado inscribirse en la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar medicina.

Su tortuoso camino para acceder a un aborto no punible comenzó en enero de 2010, cuando la empujaron en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia a obtener un permiso judicial. En primera instancia la jueza de Familia Nº 3 Verónica Daniela Robert, le negó la autorización. También rechazó su pedido la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia por dos votos a uno. Los dos camaristas varones, Julio Antonio Alexandre y Fernando Nahuelanca, se opusieron a autorizar la interrupción de la gestación, con el argumento de la defensa de la vida del feto, mientras que la tercera integrante, mujer, Nélida Susana Melero, apoyó el reclamo de A. G. por considerar que estaba debidamente acreditado que su salud psíquica corría riesgo, de continuar la gestación.

El caso generó la movilización de organizaciones sociales, sindicales, de mujeres en Comodoro. La abogada Grilli recibió un amplio apoyo jurídico de abogadas locales y del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Tanto el Inadi como el Consejo Nacional de las Mujeres avalaron en su momento el reclamo de la adolescente.

Finalmente, el 8 de marzo de 2010, el Superior Tribunal de Chubut dictó una sentencia que avaló el pedido de A. G. Ese fallo confirmó que los permisos para abortar previstos en el artículo 86 del Código Penal deben interpretarse en forma amplia –en el caso de violación alcanzan a todas las mujeres y no sólo a las que tienen discapacidad mental, como podría interpretarse el texto de la ley–, por lo que no se debe exigir una venia judicial y pidió al gobernador que implementara en la provincia una guía de atención de los abortos no punibles.

Aunque se realizó la interrupción del embarazo, el expediente judicial siguió abierto. El asesor general subrogante de Chubut recurrió el fallo del Superior Tribunal, con el objetivo de que sea revocado y no quede como antecedente, una estrategia promovida por sectores ultraconservadores alineados con la jerarquía católica. Sobre ese recurso es que falló la Corte Suprema. Contrariamente a lo que buscaba el asesor general, la sentencia del máximo tribunal del país reafirmó el derecho de A. G. a abortar pero fue mucho más allá de su caso. De ahí, la sonrisa dibujada en el rostro de A. G. Está esperanzada en que nunca más una mujer tenga que verse forzada a enfrentar un espinoso sendero judicial para acceder a un aborto no punible, después de haber sido violada.