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No es casual que los dirigentes sindicales que se reunieron con Dilma Rousseff le hayan mencionado el ejemplo argentino, como reverso de la política económica que sigue Brasil. En 2011 la economía brasileña creció algo menos que el promedio de los países que integran el Grupo de los 20 (2,7 por ciento de Brasil contra 2,8 por ciento del G-20). Pero la diferencia se agiganta con los tres países del Grupo que más crecieron: la Argentina (9,5 por ciento), China (9,2 por ciento) y la India (7,3 por ciento). Dilma se reunió por más de dos horas con los dirigentes de las seis centrales sindicales de su país, quienes se quejaron por la desindustrialización, consecuencia de la apertura financiera y el flujo masivo de capitales especulativos, que produjo un persistente atraso cambiario, al estilo argentino de la década pasada. Los sindicalistas le opusieron el ejemplo de la Argentina, donde el mayor crecimiento se da en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Uno de los asistentes dijo que Dilma replicó: “¡Pero la Argentina tiene 20 por ciento de inflación!”. Esa referencia a la inflación fue el eje de la cobertura en la prensa argentina que, en cambio, ignoró el encomio sindical al modelo argentino. Dilma “nos dio una clase sobre lo que está haciendo, pero todas las medidas son lentas y el país está quebrado”, dijo Paulo Pereira da Silva, el líder de Força Sindical, la central obrera creada por Lula.

Verdad y consecuencia

El gobierno brasileño desmintió la frase transmitida por los sindicalistas, alegando que la presidente nunca hablaría de asuntos internos de un país hermano y para más presidido por una amiga. Se comprende, porque Brasil no sale favorecido ni en el cotejo de 2011 ni en las previsiones para 2012. Que Dilma haya dicho o no lo que le atribuyen tiene así una importancia menor, si se compara con la no desmentida posición sindical. Esto no debería ser motivo de jactancia sino de preocupación, ya que no hay forma de impedir que el flojo desempeño de la economía brasileña provoque también una desaceleración de la argentina dado que Brasil absorbe un tercio de nuestras exportaciones. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC, la tasa de crecimiento interanual argentina en diciembre fue del 5,5 por ciento. Similar efecto se percibe en los datos de enero del comercio exterior y en la recaudación tributaria. Entre agosto de 2011 y enero de 2012, el valor de las exportaciones se redujo un 28,4 por ciento. Pero el valor de las importaciones tuvo una caída aún más pronunciada, del 29,6 por ciento. Esto permitió mantener en enero un superávit comercial de 550 millones de dólares, pero el Centro de Investigaciones de la CTA, CIFRA, entiende que este impacto incipiente de la crisis global en nuestro país explica en parte el menor nivel de actividad económica local en los últimos meses. Para estimar cuál será el resultado anual de la balanza no sirve multiplicar por 12 esos 550 millones de superávit de enero, ya que las restricciones aplicadas por el gobierno equivalen al freno de un mes de importaciones, unos 8.000 millones de dólares. La flexibilización posterior, que está serenando algunos ánimos exaltados, implica el compromiso de los importadores de retomar el ritmo normal pero sin recuperar ese atraso. El gobierno sigue confiado en que el saldo comercial del año rondará los 8.500 millones de dólares. En esta semana ha habido buenas y malas noticias para sumar a este cuadro. Las buenas son que la tonelada de soja que la Argentina exporta superó los 500 dólares, el doble de lo que vaticinaban los vinagres de siempre; las malas, que el barril de petróleo que la Argentina debe adquirir en el exterior subió más allá de los 120 dólares.

Del banco al pozo

Este contexto ayuda a entender las principales medidas económicas adoptadas por CFK en su segundo mandato: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la derogación de varios artículos remanentes de la ley de convertibilidad y la decisión de tomar el control de la mayor empresa petrolera del país, YPF. La oposición sostiene que la motivación principal del gobierno para modificar la Carta Orgánica sancionada en 1992 durante la presidencia de Carlos Menem y el ministerio de Domingo Cavallo es acceder a las reservas del Banco Central para seguir pagando los compromisos externos. Lo más llamativo es que lo diga como una crítica, cuando se trata de la medida más apropiada posible en el ya descrito marco internacional. Las reservas son un seguro y éste es el momento de acudir a ellas para atenuar los embates de la crisis global. Si ésta creciera y se prolongara, no habría ningún nivel de reservas capaz de poner a salvo a un país medio como la Argentina. La alternativa es recurrir una vez más al endeudamiento externo, con las condiciones que implica, o practicar el ajuste brutal sobre las necesidades populares que postula la derecha pura y dura. Por cierto que hay mucho más en el proyecto que el Senado convertirá en ley esta semana. También servirá para que el Estado prosiga la tarea de disciplinamiento del sistema financiero, que comenzó con la recuperación del sistema previsional y continuó con el tope a las tasas que pueden percibirse por créditos sin riesgo a jubilados, con descuento automático por código de la ANSES. No lo hará reformulando la ley de entidades financieras que Martínez de Hoz dictó en 1977, sino incorporando uno de sus artículos a las facultades del Banco Central. En defensa del nivel de actividad y el empleo, faculta a la autoridad monetaria a “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencia de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados”. CFK y Mercedes Marcó del Pont trabajaron desde diciembre en la reforma.

Otoño caliente

Antes de que comiencen los fríos del invierno, el gobierno nacional planea asumir el control de YPF. La expresión es imprecisa, porque está menos definido el procedimiento que la meta: obturar una gigantesca hemorragia de recursos que se van en el pago de una creciente factura energética, como consecuencia de un movimiento de pinzas. Por un lado, el sostenido crecimiento del precio del barril de crudo que esta semana rozó los 125 dólares; por otro la caída de las reservas, de la exploración y de la producción de petróleo y gas, como consecuencia de decisiones deliberadas de YPF dirigidas a maximizar ganancias y obligar al Estado nacional a modificar su política de precios. La Argentina no puede modificar la primera parte de la ecuación, influida por la geopolítica mundial y que con alta probabilidad seguirán su marcha ascendente, dados los preparativos bélicos contra Irán. Pero sí puede actuar sobre la segunda, ya que tiene en su territorio el petróleo y el gas imprescindibles para sustentar el crecimiento económico y la inclusión social. Esa es una ventaja comparativa que debe aprovechar. La YPF privatizada a fines del siglo pasado exacerbó la exportación de hidrocarburos ya explorados por la YPF estatal, sin reponer ni siquiera uno de cada cinco barriles extraídos. Esta racionalidad empresarial permitió monetizar reservas, que la compañía de accionistas españoles utilizó para invertir en otros países de Norte y Sudamérica y en el norte de Africa. Dentro del país concentró todas sus inversiones en yacimientos no convencionales. Las retenciones que Néstor Kirchner impuso a esas exportaciones desacoplaron el precio interno del petróleo de los niveles internacionales. Según el investigador de la Fundación Bariloche, ingeniero en petróleo Nicolas Di Sbroiavacca, además de contener una escalada de precios estas medidas permitieron al Estado apropiarse de una parte de la renta extraordinaria que la devaluación les produjo a las petroleras por la diferencia entre los costos de producción aquí y el precio internacional. “Esta proporción de la renta petrolera que quedó en el país fue luego redistribuida entre la sociedad (los verdaderos dueños del recurso), ya sea en forma de subsidios o planes asistenciales, evitando que se convirtieran en dividendos empresariales de privados, que luego hubieran sido remitidos principalmente al exterior.” También garantizó la competitividad de la economía.

Una matriz importada

A pesar de las inversiones estatales de largo plazo para reactivar las industrias nuclear e hídrica y desarrollar nuevas fuentes de energía, la participación de los hidrocarburos en la matriz energética argentina aún se acerca al 90 por ciento y no es previsible que baje del 80 por ciento en los próximos veinte años. Para colmo, esto ocurre con preponderancia del gas, que es donde la caída de la producción local ha sido más dramática, forzando la importación de combustibles líquidos para quemar en las centrales térmicas. En sus discusiones con el gobierno el financista catalán que preside YPF, Antoni Brufau, dijo que las reservas no convencionales identificadas en la cuenca neuquina son las terceras del mundo y que si el gobierno liberara los precios, podría llevar al autoabastecimiento del país en no más de tres años, como ocurrió en Estados Unidos. Pero Di Sbroiavacca señala que una cosa son los recursos identificados y otra las reservas comprobadas que, en el principal yacimiento, el de Vaca Muerta, es del 0,15 por ciento de aquellos recursos “según el informe de la consultora Ryder Scout realizado recientemente para YPF”. Es decir que las soluciones con hidrocarburos no convencionales son de mediano y largo plazo, cuando casi todos estaremos muertos. Disciplinar a YPF (como antes a Techint para que invierta en el país parte de las ganancias obtenidas aquí, a Telecom para que no remita sus utilidades a la casa central o a Clarín y La Nación para que quienes compiten con ellos en el mercado de diarios puedan acceder al papel prensa a precios razonables), es imperioso ya.

La parte del león

En su pugna por mayores márgenes, YPF se sentó sobre los pozos y así forzó sucesivas ventajas, como los planes Petróleo, Gas y Refino Plus, que a partir de 2008 y hasta hace 45 días cuando CFK los suspendió, mejoraron sus ingresos. (Los incentivos que el Estado otorgaba cada año a todas las compañías por esos planes superaban los 2000 millones de dólares e YPF se llevaba la parte del león.) A fines del año pasado el gobierno temía que el déficit de la balanza comercial energética se acercara en 2012 a los 5000 millones de dólares. A los precios actuales, ya sabe que superará con holgura esa imponente cifra. Hasta 2007, YPF distribuyó un promedio anual de mil millones de dólares de dividendos entre sus accionistas. Desde entonces se acerca a duplicar esa suma, con la particularidad de que la empresa paga dividendos superiores a su utilidad neta. Pese a la contención de precios que le impone el Estado nacional, YPF y sus sociedades controladas han tenido en estos años ganancias anuales extravagantes, que se acercan al 20 por ciento sobre sus activos (RAE) y superan el 40 por ciento sobre su patrimonio neto (ROE). En el mismo lapso, ha contraído deudas que se aproximan a los 4.000 millones de dólares. Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos. Es el método del vaciamiento. Según cuánto crezca el Producto Interno Bruto, la factura energética para los cuatro años del mandato presidencial de Cristina oscilaría entre 28.000 y 38.000 millones de dólares. Este costo golpearía en forma directa las cuentas públicas, porque si se trasladara a quienes consumen ese combustible, sólo la producción agropecuaria resultaría competitiva en el mercado mundial, pero con un vertical proceso de concentración.

¿Y la solución?

El gobierno tiene en claro que éste es el problema, lo cual no equivale a decir que sepa cuál es la solución. Cristina ha recibido distintas propuestas y debe decidir entre ellas. Sin dogmatismo, preferiría que YPF se comprometiera a realizar las inversiones que no hizo hasta ahora. De no hacerlo, habría otros interesados en hacerse cargo. Pero también hay funcionarios que se inclinan por una salida estatal, y existen varias de diferente intensidad, empezando por una intervención. Los remedios aplicados hace unos años, tuvieron un efecto paradojal. Kirchner impulsó el ingreso a la sociedad de un socio argentino, al que Brufau describió en una irónica declaración como experto en mercados regulados. El Grupo Petersen (elegante denominación con la que giran Papá y Baby Eskenazi), carecía de recursos para adquirir la participación accionaria que Repsol quería ceder y por eso se convino una ingeniería financiera para que la pagara con futuras ganancias. Gracias a eso, lejos de propiciar la reinversión se convirtió en el principal interesado en la distribución de dividendos, y acompañó cada planteo de Repsol a favor de aumentos en los precios del petróleo y del gas que produce. Esta es la línea de los ex secretarios de Energía acaudillados por Daniel Montamat, para quienes la utopía del autoabastecimiento sólo se alcanzará caminando hacia el horizonte de precios del mercado mundial, en cuyo caso caería el consumo local y volverían los abundantes saldos exportables. El gobierno obtuvo algunos éxitos, como la rebaja de un 30 por ciento en el precio del combustible aéreo, que YPF le facturaba al precio internacional a Aerolíneas Argentinas. Como le falta información y el análisis de costos no es su fuerte, el gobierno acudió a una fórmula importada: como en Estados Unidos, el precio del JPI para aviones no podrá exceder en más de 2,7 por ciento el de la nafta especial en la estación de servicio más próxima al aeropuerto. Pero Brufau rechazó la pretensión oficial de importar el faltante de producción propia de hidrocarburos y venderlo al precio de producción local. Y ante la decisión de las provincias de revertir las concesiones allí donde la inversión y la producción no fueron los comprometidos, YPF muestra voluntad de judicializar la relación, con lo cual no habría una solución inmediata. Que el Estado le limpie los pozos muertos o agonizantes no le preocupa mientras mantenga las reservas no convencionales de Vaca Muerta. Por eso, luego de las reversiones dispuestas por Chubut y Santa Cruz, la acción de YPF subió de precio. Con el respaldo del Reino de España, Repsol tiene más espaldas que Eskenazi para resistir una ofensiva del Estado en toda la línea. El discurso de la nacionalización suena muy bien, pero esconde grandes riesgos, como acaba de advertir Hugo Moyano. El barril de petróleo es mucho más caro que en el momento de la privatización pero las reservas son mucho menores. Tal vez si el Congreso declarara la utilidad pública de YPF, la merma en su capitalización la pondría más al alcance de una toma hostil en el mercado. Como se ve las alternativas son varias. Más difícil parece modificar el plazo. El autoabastecimiento a precios locales no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia.