Un cartel de chapa y madera. Un cartel que dice que en la planta de producción de Ford secuestraron y torturaron a trabajadores durante los primeros meses de la última dictadura militar. Ayer, frente a la planta automotriz Ford, en General Pacheco, los ex delegados de esa empresa que fueron detenidos ilegalmente y sobrevivieron a la tortura y la desaparición levantaron ellos mismos un cartel que señala a la planta como campo clandestino de detención y tortura por el que pasaron 25 trabajadores de esa empresa entre marzo y abril de 1976. El cartel fue colocado junto a otro provisto por la Secretaría de Derechos Humanos, desde donde prevén la construcción de otra marcación más visible. “Siempre va a haber un Falcon en la calle, que quizá nosotros lo pintamos, nosotros lo armamos. Queremos que los jóvenes sepan que en esos mismos lugares donde pintamos y montamos el Ford, nos secuestraron, nos torturaron, nos mataron. Esta es la piedra fundamental”, dijo Adolfo Sánchez, uno de los ex delegados.

Los testimonios de Sánchez, Carlos Propato y Pedro Troiani, tres de los ex delegados, fueron el soporte del acto, al que acudieron unas doscientas personas, en el que por primera vez se marcó un sitio civil como sitio de memoria. En el 2003, varios ex delegados presentaron una denuncia penal por la desaparición de tres de sus compañeros de la junta interna y otros compañeros de trabajo sin activismo gremial. En el 2006 presentaron una demanda civil en Estados Unidos bajo la figura de “acto de reclamo bajo agravio”, contra la firma Ford. Ese mismo año, agregaron a la denuncia penal una presentación contra cuatro directivos de la empresa. Ayer, los delegados consideraron la marcación de la planta Ford como un avance contra la complicidad patronal.

Los tres delegados destacaron el alto nivel de militarización de la empresa. “Vinieron efectivos armados, con tanquetas, y hasta había helicópteros”, explicó Troiani, quien describió, a partir de una anécdota, la relación de la empresa con el Ejército: “El 13 de abril del ’76 fui a fichar la tarjeta. Cuando llegué a mi puesto de trabajo mi capataz me dijo ‘Troiani, no te muevas de acá que te están vigilando’. Me salió el delegado de adentro y le dije ‘¿Quiénes me están vigilando?’, y me fui del sector para ver si me estaban siguiendo. A las 9 de la mañana entró una camioneta con 10 o 12 militares con ametralladoras que avanzaron hasta mi sector. ¿Quién les dijo que yo estaba ahí?” Tres obreros más, uno de los cuales era Propato, fueron secuestrados ese día en la planta y trasladados en camiones que Troiani identificó como “de la empresa” hasta un quincho tapiado ubicado en el campo de deportes. Ese día, los cuatro fueron torturados durante diez horas y luego trasladados a la comisaría de Tigre. Sánchez contó otra anécdota sobre el vínculo entre el Ejército y la conducción de la empresa. En la última reunión que tuvieron algunos integrantes del cuerpo de delegados con el gerente de Relaciones Industriales, Guillermo Galárraga, él les advirtió: “Ustedes le van a mandar saludos a un amigo mío”. “¿A quién?”, preguntó Sánchez. “A Camps”, le contestó Galárraga. “¿Quién era Camps? Nos enteramos cuando estuvimos detenidos en la comisaría”, recordó Sánchez, quien dos días después fue secuestrado en su casa. Los militares tenían, al momento de identificarlo, su credencial de la empresa.

Para los delegados, las conquistas obtenidas en los últimos años antes del golpe explican su secuestro. La jornada de seis horas para los trabajadores que manipulaban estaño; el plus 100 horas que se les pagaban en las vacaciones; el convenio de trabajo de 1975 –“el mejor del país”, según Troiani–; la pelea con el sindicato de mecánicos (Smata) para que el uno por ciento del precio de cada auto otorgado a un fondo extraordinario “para la erradicación de elementos negativos” fuera dirigido a la obra social; la resistencia a subir la producción de 230 a 250 unidades sin incorporar más personal a la línea de montaje; el comedor. Esas políticas gremiales son las que, según Sánchez, fueron reprimidas por la empresa a través de las Fuerzas Armadas. Según los delegados, la medida fue efectiva: luego de la desaparición de esos 25 trabajadores, los conflictos gremiales se redujeron drásticamente y la línea de producción subió de 230 a 300 unidades, con mil trabajadores menos.

Esa idea fue rescatada por el presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, quien aseguró que “este 24 de marzo empieza la lucha para poner al poder económico en el banquillo de los acusados”. La coordinadora de la red de sitios de Memoria, Judith Said, por su parte, rescató el “derecho a la organización gremial” como un derecho humano.

Informe: Sol Prieto.