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La Corte Suprema de Justicia pidió a las autoridades de San Juan y del Estado nacional los informes de impacto ambiental sobre el proyecto binacional minero de Pascua Lama y sus efectos sobre la zona periglacial de la Cordillera en la que se desarrolla.

El máximo tribunal dio un plazo de veinte días para que el gobierno sanjuanino le remita los expedientes incorporados en la concesión de explotación, otorgada a dos subsidiarias argentinas de la minera canadiense Barrick Gold Company en 2006. También pidió a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que le remita los estudios de impacto ambiental disponibles hasta el 2004, cuando se firmó el protocolo de complementación minera con Chile, referido al Proyecto Minero Pascua-Lama. El fin último es establecer el daño ambiental que podría generar el emprendimiento.

El proyecto en cuestión está aún en construcción e implica una inversión de cinco mil millones de dólares para la explotación de oro y plata, en una mina a tajo abierto a cuatro mil metros de altura, en la frontera entre ambos países, en la región chilena de Atacama y en el paraje sanjuanino de Lama.

Con esas solicitudes, la Corte hizo su lugar a un pedido de la Procuración General de la Nación, que solicitó información adicional sobre la causa iniciada por Ricardo Marcelo Vargas, vecino de la provincia de San Juan. Vargas hizo la solicitud en calidad de “afectado”.

Este particular demanda que las empresas Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas (EMA) S.A. adquieran un seguro de cobertura “con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudieren producir a raíz de la actividad minera”, según puede leerse en la resolución judicial.