“Estamos convencidos de que las consecuencias de esta decisión (expropiar YPF) se verán en las próximas generaciones y serán absolutamente favorables para el desarrollo”, dijo ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en respuesta a una nueva embestida de la Unión Europea. El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, consideró que “Argentina creó un terremoto en la comunidad empresarial internacional” y que “las consecuencias para su propio desarrollo económico se sentirán durante mucho tiempo”. El funcionario belga se sumó así a la lista de defensores de la petrolera española Repsol. “Vamos a gozar de las consecuencias de esta decisión”, no a padecerlas, continuó Randazzo en su réplica. Por su parte, la expropiación continúa sumando adhesiones en la región. La secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), María Emma Mejía, expresó su “respeto” a la decisión argentina, que calificó de “asunto interno”. Y el canciller uruguayo, Luis Almagro, descartó excluir al país de las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, como había propuesto España.

Con una economía debilitada y escaso apoyo popular a partir de los duros recortes presupuestarios que implementó en los últimos meses, España apuesta a la ofensiva diplomática. La semana pasada anunció que privilegiará el biodiésel de la Eurozona por sobre el que importa de la Argentina, pero la decisión la lleva a un callejón sin salida. La Argentina es el productor principal de la materia prima y abastece a los posibles proveedores de España en Europa. La apuesta es entonces conseguir el apoyo de sus pares en la región y mostrar a una Argentina aislada. El mes próximo arribarán a Brasil el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el rey Juan Carlos, con el objetivo de impulsar acuerdos entre la Unión Europea y los países del Mercosur. España presiona para dejar a la Argentina al margen de esa agenda.

El canciller uruguayo explicó que las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea son bajo un esquema de “cuatro más uno”, y consideró que “sería muy complejo” poner en práctica lo que propone España. “Tendríamos que hacer unos desajustes institucionales que no están calibrados ni pensados hoy. Pero todavía no tenemos ningún planteo oficial al respecto, por lo tanto sólo podemos tomarlo como una versión de prensa. Tenemos que ver cuando llegue el planteo oficial”, afirmó Almagro. García-Margallo había señalado la posibilidad de no seguir con las negociaciones interbloques para hacerlo “país por país”.

Las amenazas desde el Viejo Continente continuaron. No obstante, la que se profirió ayer se pareció más a un deseo que a una medida concreta. El comisario de Comercio de la UE aseguró que la región “hará todo lo que esté en su poder” para ayudar a que Repsol reciba una “compensación plena”, para lo cual el proyecto de expropiación contempla la decisión del tribunal sobre el precio justo que deberá abonar el Estado argentino. El problema es que la compañía anticipa un pago menor a sus expectativas. “Este es exactamente el tipo de medidas que tiene que evitarse”, consideró De Gucht, quien invocó un horizonte negativo para el desarrollo económico argentino. “Las decisiones serias y a largo plazo de invertir en un país se realizan cuando (las empresas) están seguras de que su inversión está asegurada”, agregó. El vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, remarcó que en el contencioso “tiene razón España”. “Estamos con España, el derecho internacional es muy claro. Argentina tiene que respetar los acuerdos con España”, ratificó el también comisario de Industria de la UE.

Las declaraciones fueron replicadas por el ministro Randazzo, quien dijo que “no hay que escandalizarse, ni asustarse, ni hablar de seguridad jurídica, porque es absolutamente falso que se haya violado”. “Hemos tomado una decisión de acuerdo con la Constitución y con la ley”, agregó. El ministro detalló que la expropiación se hace “teniendo en cuenta la resolución 1803, de 1962, de las Naciones Unidas, que habla de la soberanía permanente sobre los recursos naturales; la Constitución de España, que prevé que el interés general está por encima del interés particular, y, por otro lado, acuerdos bilaterales de promoción de inversiones firmados en 1992”. También hizo mención a las contradicciones de Rajoy, a partir de un video que lo muestra en su rol de opositor a la administración de Rodríguez Zapatero, rechazando la posibilidad de que una empresa extranjera (rusa) tomara el control de Repsol, bajo el argumento de que no manejar los recursos naturales hubiese convertido a España en “un país de quinta división”. “Tienen conceptos de acuerdo con dónde hablan y con qué intereses defiendan”, criticó Randazzo. La postura del Gobierno tuvo el guiño de la secretaria general de la Unasur, quien insistió en que el Estado argentino es “soberano en las decisiones internas”.