Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender pidieron ayer su excarcelación, luego de que quedaron detenidos acusados de un millonario desvío de fondos públicos a través de la Fundación Sueños Compartidos de derechos humanos. Sin embargo, a las pocas horas, el fiscal Jorge Di Lello se opuso al planteo, que debe ser resuelto por el juez Norberto Oyarbide. Este magistrado dijo ayer que no tomó antes la decisión de encarcelar a los hermanos Schoklender debido a la “complejidad” de la causa.

En su planteo de excarcelación, Pablo Schoklender, quien hoy será indagado por el magistrado, pidió garantías porque “teme por su vida y por su integridad física”, según explicaron sus abogados. “Ese temor se funda en mensajes amenazantes e intimidatorios que ha recibido luego de la trascendencia pública de su orden de detención, supeditando episodios violentos de diversa índole que él iría a sufrir en caso de vincular, en su futura declaración judicial, a funcionarios públicos con los hechos investigados”, sostuvieron los abogados Pablo Slonimsqui y Ramiro Rubinska en el escrito que presentaron.

Según fuentes judiciales, el fiscal Di Lello se opuso a las excarcelaciones de los ex apoderados de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y de Alejandro Gotkin, ex director de Meldorek (una de las empresas involucradas), también detenido ayer, pero dejó la puerta abierta para que sea el juez quien tenga la última palabra. Si Oyarbide considera que “se mantienen las premisas por las que ordenó su detención, esto es, el riesgo de que entorpezcan la investigación en caso de permanecer en libertad mientras se sustancia el proceso”, al representante del Ministerio Público le parecería bien que sigan presos.

En caso de que Oyarbide rechace las excarcelaciones, algo previsible dado que ayer pidió los arrestos, los acusados podrán apelar la decisión a la Cámara Federal para que la revise. El juez ordenó el martes la detención de Sergio Schoklender, que se concretó en su juzgado mientras declaraba, al considerarlo jefe de una organización ilícita que desvió más de 260 millones de pesos del Estado destinados a la construcción de viviendas, y la de Pablo y Gotkin como sus organizadores, al creer que por sus roles en libertad podrían entorpecer la causa. Pablo se entregó ese mismo día por la tarde en la comisaría 23a y junto con Gotkin serán indagados hoy por el juez Oyarbide.

En cuanto al tiempo que le llevó ordenar la detención de los Schoklender, un año después de iniciado el expediente, el magistrado dijo que “todo el tiempo que ha tenido la investigación se ha debido a la inmensa complejidad del caso, la enorme cantidad de personas que han intervenido en todo este asunto, y la diversidad de las obras”, según dijo en diálogo con la prensa en la puerta de su domicilio.

Sergio Schoklender fue detenido luego de negarse a declarar en el inicio de la ronda de indagatorias que incluye a treinta personas, y fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza. Además de estar acusado del desvío de fondos a través de empresas dirigidas por él, mediante cheques, dinero en efectivo, compra de bienes y de terrenos, le adjudican irregularidades en 59 obras, la falta de pago de retenciones a empleados, tener personal no declarado en las obras y no hacerles los aportes, falsear estatutos de Madres y facturas, usar materiales de las Madres para fines propios y la compra irregular de terrenos en distintas provincias.