Ayer al mediodía, los metrodelegados del subte agrupados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) arrancaron el paro de 36 horas en protesta por la falta de avances en la paritaria salarial y en reclamo de medidas para mejorar la seguridad de los trabajadores y pasajeros. Con fuertes críticas al gobierno porteño de Mauricio Macri y la empresa concesionaria (y que también, en menor medida, apuntaron a la Casa Rosada), se cumplió la primera jornada de una medida que se extenderá hasta esta noche. “Los trabajadores no pueden ser rehenes de los gobiernos nacional y de la Ciudad”, fue una de las consignas. El paro continúa hoy con la participación también de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el otro gremio que agrupa a los trabajadores del área. Por su parte, Metrovías, la firma encargada del servicio, manifestó su “profunda preocupación” e informó que la huelga afectó en forma directa a más de medio millón de pasajeros, aunque en las horas pico sus efectos se hicieron notar en toda la red de transporte urbano.

“Nuestra paritaria se encuentra vencida desde el día 28 de febrero. El pliego aprobado por el conjunto de trabajadores en asambleas es 28 por ciento de recomposición salarial y viáticos, llevar la antigüedad de 1,3 a 2 por ciento y mejoras en las condiciones laborales”, explicó Claudio Dellecarbonara, delegado por parte de la línea B dentro de AGTSyP. Además, los llamados metrodelegados exigen un aumento en las inversiones en el servicio para mejorar la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros. Aunque hubo críticas para el gobierno nacional, la administración porteña y la empresa concesionaria se repartieron la mayor parte de los señalamientos, que insisten en que la situación empeoró luego del paso en falso que protagonizó Macri alrededor de la toma de control de los subtes en los primeros días del año.

Néstor Segovia, metrodelegado de la línea C, calificó al líder del PRO como “un irresponsable” a quien “le interesa más la discusión con la Presidenta en lo político, porque quiere candidatearse para presidente, que los problemas de los trabajadores”, y puso como ejemplo que “el gobierno nacional trajo trenes”, pero el jefe de Gobierno porteño “ni siquiera fue a recibirlos, lo que muestra el desinterés”. Por su parte, Dellecarbonara denunció que “hace meses que las administraciones del gobierno de Cristina y el de Macri se pelean para definir quién no se hace cargo del subte”, y mientras “están jugando con los millones de trabajadores y usuarios” que padecen “el mal servicio y los peligros potenciales por las pésimas condiciones de las formaciones”.

Sobre el papel de la concesionaria, Segovia denunció que “cuesta creer que una empresa que no tiene plata no anuncie la retirada”, y que “Metrovías está especulando porque quiere más plata” por parte del Estado. “Tengo dudas de que esté en rojo, porque gana cien millones de pesos por mes”, agregó. Además de la puja salarial, los metrodelegados reclaman que “no se obtuvieron respuestas” a sus pedidos “por la seguridad para los trabajadores, como para los talleres y algunas boleterías”, entre los que destacó la “falta de respuesta al reclamo de poner las máquinas para la recarga de tarjetas y que se recarguen sólo en las cabeceras”, y la falta de mantenimiento de los coches. “Estamos reciclando pastillas de freno de los tachos de basura”, advirtió.

En respuesta, Metrovías volvió a lanzar un comunicado similar al que había difundido un día antes, en el que manifiesta una “profunda preocupación por esta situación que vuelve a impactar en el normal funcionamiento del servicio y, de continuar durante el resto del día, afectará en forma directa a aproximadamente 500 mil pasajeros que utilizan este medio de transporte, y en forma indirecta a los usuarios del resto de los medios de transporte alternativos”, a la vez que dice atravesar una “compleja situación económico-financiera”. Según la empresa, la decisión del gobierno porteño de retirarse del traspaso de la red ocasionó que “una parte muy importante de los subsidios aportados por la Nación fueran depositados en una cuenta administrativamente no accesible para la operación de los servicios”.

Al tiempo, explicó que se “redujo la cantidad de pasajeros en un 20 por ciento debido al aumento de la tarifa, por lo que el ingreso por venta de pasajes nunca alcanzó a cubrir la otra mitad eliminada de los subsidios necesarios”, lo que produjo un “enorme desfasaje” que “ha sido afrontado hasta aquí por parte de Metrovías mediante un importante aporte de fondos propios”, por lo que “para la empresa no es posible asumir nuevos costos en el servicio sin que se produzca alguna definición sobre el origen y la continuidad de los fondos necesarios”.