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Si el Tribunal Fiscal de la Nación no dilata el trámite, el Gobierno confía en contar rápido para aumentar su colchón de divisas con la mayor parte de los casi 500 millones de dólares que reclama a las exportadoras de cereales. La cifra está dentro de la que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por maniobras de las cerealeras en 2007 en perjuicio del Estado nacional.

La AFIP viene tratando de cobrar 800 millones de dólares que las cerealeras eludieron con subterfugios. Ya recuperó para el Estado 383 millones aplicando medidas que abarcaron desde demandas penales hasta la persuasión sobre empresas que se allanaron a pagar sin necesidad de juicio.

El Tribunal Fiscal de la Nación, presidido por Juan Carlos Vicchi, funciona en el ámbito del Ministerio de Economía y dicta sentencia en los litigios impositivos y aduaneros.

Si el Tribunal no acuerda con la legitimidad de los reclamos de las cerealeras y falla en contra, para recurrir a la Justicia federal las empresas están obligadas a dejar en el Tribunal todo el dinero del juicio que se está sustanciando, y no solamente de eventuales costas. Sólo podrían hacerse otra vez del monto si la Justicia les diera la razón.

Las demandas judiciales comenzaron en 2009, cuando Ricardo Echegaray se hizo cargo de la AFIP. Funcionarios del gobierno nacional que pidieron reserva de su identidad explicaron que fueron posibles porque la AFIP decidió articular institucionalmente el trabajo de tres áreas: la impositiva, la de aduanas y la de seguridad social.

“Cuando las áreas trabajan por separado, a ciegas, y más dentro de un mismo organismo, se conforma el famoso Estado bobo”, dijo uno de los consultados.

La bobería termina transformándose en debilidad y la debilidad impide al Estado hacerse fuerte para cumplir con sus propias normas o para interponer recursos en la Justicia, porque carece del conocimiento y la información del circuito completo de un sector.

En el campo judicial, el Estado bobo puede perder juicios en dos tribunales federales claves para el comercio de granos como el de Río Cuarto, en Córdoba, y el de Reconquista, en Santa Fe. Menos visibles que sus colegas de Comodoro Py, en los últimos años y según los momentos el subrogante Eduardo Agustín Valiente, la jueza María José Fauda de Losada o el juez Carlos Ochoa hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por firmas que pertenecen al puñado de grandes exportadores de cereales, entre ellas Aceitera General Deheza, del ex senador peronista José Urquía, o Vicentín.

Urquía es la misma persona que, cuando estaba en el Senado, trató de desnaturalizar un proyecto sancionado por la Cámara de Diputados para terminar con las maniobras de las cerealeras.

Este diario publicó por primera vez una denuncia de Alberto Ferrari Etcheberry, ex presidente de la Junta Nacional de Granos y ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de Raúl Alfonsín. Ferrari explicaba en qué consistían las declaraciones juradas de venta al exterior o DJVE en la jerga del comercio de granos. Por un simple papelito un exportador podía decir que tenía vendida una cantidad equis de toneladas de soja para embarcar en una determinada fecha futura. El embarque real podía ser en cualquier momento porque la fecha podía prorrogarse.

Ferrari volvió con el tema en noviembre de 2007, cuando las retenciones subieron del 27 al 35 por ciento. El aumento era un rumor desde septiembre pero el 7 de noviembre, cuando las retenciones aumentaron, la Secretaría de Agricultura de entonces no había cerrado el registro que recibía las DJVE y durante casi dos meses había recibido declaraciones de exportadores que habían adivinado el futuro gracias a las dotes de Urquía.

Rafael Martínez Raymonda, entonces diputado, recogió la investigación, presentó un proyecto y consiguió la sanción de una ley que estipulaba un cambio: la declaración sólo podía presentarse si el exportador probaba que había comprado antes el grano al productor. Ahí fue que Urquía inutilizó el texto ya en el Senado, a pesar de las instrucciones del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del jefe del bloque, Miguel Pichetto, de dejar el texto de Diputados. Al final, el propio presidente del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi, presentó un proyecto de ley de enmienda a la ley Martínez Raymonda que habían intentado desbaratar las grandes aceiteras.

Los reclamos de la AFIP involucran a 53 empresas. Pero unas pocas, como AGD, Bunge, Dreyfuss, ADM, Cargill y Toepfer, concentran el 80 por ciento de las exportaciones.

Un funcionario del Gobierno dijo a Página/12 que lo que las cerealeras evitaron pagar “no solo afectó al Estado sino a los productores dentro de la cadena de valor”. La afirmación podría servir para iluminar el conflicto de la 125 en 2008. El mismo Ferrari lo explicó en aquel momento a Jorge Rulli en un programa de radio: “Con el papelito y la ganancia extra, el exportador funciona como un agente de retención de un derecho de exportación o un impuesto. Es lo mismo que ocurre con el IVA. Si yo voy a comprar algo ahí está incluido el 21 por ciento de IVA. Si pido factura A me lo discriminan: 100 pesos del producto más 21 pesos de IVA, que el vendedor recibe a cuenta del Estado”. Y explicaba así el sistema vigente aún entonces: “El exportador no paga el impuesto. Lo paga el chacarero. Cuando el precio es 100 y la retención es 40, el exportador comprará la soja a 60. Todos los granos y productos del mercado se unifican en un solo precio, ya sea para exportación o para el mercado interno. Económicamente hablando, el exportador se está quedando con el impuesto que retiene y paga al Estado. Es la privatización de un impuesto. Ahora, si no lo paga, podría entrar en la figura de apropiación indebida prevista por el Código Penal”.

La acción administradora del Estado al reclamar a las cerealeras el monto no pagado no fue acompañada por las cámaras de Diputados y Senadores. El 2008 votaron la formación de una comisión bicameral para investigar las maniobras con las declaraciones anticipadas pero el ente nunca constituyó quórum. Jamás empezó a funcionar.

Este diario publicó que en junio de 2008, justamente, en pleno conflicto entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, el presidente de Cargill Argentina visitó al embajador de los Estados Unidos Anthony Wayne para protestar contra lo que Cristian Sicardi llamó “flujo creciente de regulaciones para incrementar el control del Gobierno de Argentina sobre las exportaciones agrícolas”. Sicardi mencionó expresamente el cambio en el sistema de registro de ventas.

La transnacional Nidera fue suspendida del registro de exportadores el martes último.

Cuando la Justicia allanó las oficinas locales de la transnacional Bunge se encontró con un predio de 40 metros cuadrados y un sistema que simulaba estar en Uruguay para comerciar soja argentina a China.

La AFIP define a las grandes cerealeras dentro de la categoría de “contribuyente global” y decidió seguir su operatoria no sólo por las declaraciones anticipadas, sino por las triangulaciones con Uruguay, Singapur y Suiza.

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