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El Ministerio de Justicia prorrogó por un año la oferta de recompensa a quienes brinden datos que permitan ubicar a ocho represores prófugos, acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. El ministro Julio Alak (foto) dispuso extender el ofrecimiento de cifras que van de entre los 100 mil y los 200 mil pesos a quien informe sobre los paraderos de Eduardo Salvador Ullua, César Heriberto Peralta, Carlos Gabriel Jesús Isach, Antonio Tuttolomondo, Raúl Arturo Viglizzo, Omar Noce, Miguel Angel García Moreno y Fernando Alberto Otero.

Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con la Unidad Especial para Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia al teléfono (011) 5300-4020.

Peralta, Isach y Tuttolomondo se desempeñaron en la policía de Rosario. Peralta tiene 57 años y está prófugo desde 2006, acusado de al menos 23 casos de tormentos y apremios ilegales, entre ellos el del militante comunista Sergio Schilman. Tuttolomondo, de 53 años, está prófugo desde 2008, acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, secuestrado en 1978 por una patota parapolicial que, tras torturarlo, armó un montaje para simular que había muerto en un enfrentamiento armado. Para esto, la patota fue al domicilio del joven y allí asesinó a dos habitantes de la casa, los hermanos Rory Chuang Céspedes y María Antonieta Chuang Céspedes. Isach tiene 63 años y está imputado en la llamada causa Guerrieri, en la cual el Tribunal Nº 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a Oscar Guerrieri y a otros represores por los crímenes cometidos en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de detención.

Un segundo grupo de prófugos son ex miembros del grupo de ultraderecha Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), que actuaron en Mar del Plata durante el gobierno de Isabel Perón. Ullua es uno de ellos: su prontuario incluye haber estado preso por contrabando y tráfico de estupefacientes en la Operación Langostino. El ex CNU fue condenado junto a su par Viglizzo por el asesinato de Silvia Filler, una estudiante de Arquitectura que la CNU mató en 1971, durante una asamblea.

La Unidad Especial funciona bajo la Secretaría de Derechos Humanos y fue creada hace cuatro años. La identidad de quienes suministren información será mantenida en secreto, aun para los agentes que participen en la captura. Tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como los de las Fuerzas de Seguridad pueden ser denunciantes.