Malas noticias para los imputados de mayor jerarquía en el escándalo por espionaje de la Armada. La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del ex comandante de la Armada almirante Jorge Godoy por espionaje a civiles desde la base militar Almirante Zar, en Trelew. La confirmación de esa situación judicial también alcanzó a quien fuera su número dos en la Marina, vicealmirante Benito Rótolo, ambos por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El abogado querellante Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó la importancia del fallo porque “fortalece la idea de que esto es una práctica sistemática en todas las bases de la Armada del país, y refuerza la credibilidad de los testigos”. Además, remarcó que resulta de vital importancia para el juicio oral que se está desarrollando en Chubut.

Godoy y Rótolo habían hecho un planteo de incompetencia de la Justicia de esa provincia para juzgarlos y, como fue aceptado, están siendo investigados por el juez federal porteño Daniel Rafecas por los mismos hechos por los que otros acusados son juzgados en Trelew. Rafecas los había procesado porque los consideró responsables de haber omitido hacer cesar esas actividades, prohibidas por ley. Pero la Cámara Federal, en su fallo, fue más allá y recogió la imputación originaria del CELS. Según los camaristas de la Sala II de ese tribunal, los jefes navales supuestamente dejaron que desde la base se realizaran “en forma sistemática y permanente prácticas prohibidas por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional”. Esas prácticas “al menos de 2004 a 2006” pretendían seguir las actividades de “dirigentes sociales y políticos” así como “de organismos de derechos humanos”. Godoy y Rótolo “controlaban el aparato de inteligencia de la Armada Argentina y tenían conocimiento de que desde allí se llevaban a cabo”, de manera que ellos “impartieron las directivas que pusieron en marcha (...) las actividades delictivas”, tal como indicaron en su resolución. En diálogo con Página/12, el abogado Borda explicó que “más allá de que es cierto que omitieron hacer cesar el espionaje, nuestro planteo es que Godoy y Rótolo, aunque no lo hicieron por escrito, no fueron ajenos a esas órdenes, dado que usaban la información recogida, y el valor de que la Cámara comparta el enfoque es que debería tener incidencia directa en los veredictos del juicio que se está haciendo en Trelew”.

A principios de mes, Borda hizo en ese proceso un extenso alegato y destacó que “las prácticas en la base Almirante Zar de Trelew eran habituales y se repetían en los centros de inteligencia de toda la Argentina”. También responsabilizó a la cúpula de la Armada por dar órdenes y por ocultar información antes de los allanamientos. Así, consideró probado que los catorce marinos imputados ejecutaron inteligencia ilegal, pero aclaró que ese grupo era la punta del ovillo de un Plan Básico de Inteligencia “totalmente ilegal”. Dijo Borda: “Sin dudas se trató de una práctica habitual, no aislada ni excepcional. Formó parte del quehacer especializado de Inteligencia y no sólo de los oficiales y suboficiales de Trelew, abarcó todas las centrales de la Armada”. Mientras mostraba mensajes en una pantalla gigante, afirmó que el plan se remonta al menos a 1999, e incluyó a la cúpula, en referencia a los ex jefes de la fuerza, Godoy y Rótolo.

La causa se inició el 17 de marzo de 2006 a partir de una denuncia presentada por el cabo Carlos Ariel Alegre ante el CELS. En ese momento, el entonces juez federal de Chubut Jorge Pfleger allanó la oficina donde funcionaba el Servicio de Inteligencia Naval y durante los operativos se secuestró documentación y equipos informáticos en la guarnición militar de Trelew. La documentación demostró que desde esas oficinas se realizaba el seguimiento de políticos y referentes de esta provincia, con escuchas telefónicas e informes. La investigación provocó el inmediato alejamiento del vicealmirante Pablo Rossi, ex director de Inteligencia Naval, y del contraalmirante Eduardo Luis Avilés, quien era jefe del Comando de Operaciones Navales. Ellos están siendo juzgados en Chubut junto a los capitanes de corbeta Eduardo Merlo y Gustavo Monzani; el suboficial primero Vicente Rossi, además del suboficial segundo Daniel Guantay y el suboficial principal Alfredo Andrade, quienes trabajaban en la base cuando se realizaron los primeros allanamientos. Entre los acusados también figuran los capitanes de navío Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli y Félix Medici; los contraalmirantes Luis De Vincenti y Cristian Vidal y los capitanes de navío Carlos Vázquez y Carlos Ruda. Todos ellos quedaron implicados por haberse desempeñado en la base o por su papel en Puerto Belgrano, lugar con el que trabajaban en coordinación los grupos de inteligencia, según la investigación.