El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime declaró ayer durante dos horas y media ante el juez federal Claudio Bonadío, quien le tomó la indagatoria personalmente. El centro de su defensa fue que dejó el cargo en 2009, tres años antes de la tragedia del 22 de febrero, por lo cual “no puedo contestar nada sobre el maquinista ni sobre el material rodante ni sobre la infraestructura”. El juez le imputa asociación ilícita y un incumplimiento de los deberes de funcionario público que derivó en el choque de Once.

Jaime alardeó de que durante su gestión no se produjeron accidentes importantes, pero dio cuenta de cómo es el reparto de responsabilidades en el área de Transporte. Coincidió con el cuadro descripto por Juan Pablo Schiavi, quien era secretario en el momento del choque: la Secretaría de Transporte sólo diseña las políticas, con la ayuda de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. La función de control recae en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que tiene la facultad de imponer multas, suspender servicios, habilitar o rehabilitar ramales y estaciones.

El berenjenal tendrá que ser desmenuzado por Bonadío. La CNRT afirma que impone multas, pero como éstas son recurribles, el proceso de pago se hace interminable. Transporte argumenta que la CNRT –que es un organismo autárquico– nunca pidió que se cancele la concesión a TBA y tampoco lo pidió la Auditoría General de la Nación, según argumentó Schiavi. De todas maneras, el argumento de los funcionarios que ejercían sus cargos en el momento del choque se centra en que no hubo problemas en los frenos ni en la infraestructura, sino que el choque se produjo porque el maquinista tuvo un problema físico o se durmió o desmayó. El motorman, Marcos Antonio Córdoba, lo negó en su indagatoria.

Desde el punto de vista de los subsidios, Jaime explicó que Transporte no los paga, sino que se hace a través de un fideicomiso que maneja el Banco Nación. Con los subsidios se paga la operación, es decir sueldos y mantenimiento, mientras que la infraestructura –vías, vagones nuevos, reconstrucción de vagones– la debe pagar el propio Estado. Por ejemplo, Jaime detalló que durante su gestión se licitó la reparación de dos trenes Toshiba del Sarmiento. Después de 2009 no sabe si se hicieron otras reparaciones. Jaime aseguró que los fondos para Infraestructura están en la órbita del Ministerio de Economía y el control de los subsidios lo debe hacer la CNRT.

Bonadío tendrá que estudiar las regulaciones y los decretos de creación de cada uno de los organismos, aunque el punto nodal estará en ver si hubo relación concreta entre el choque y el mantenimiento, la infraestructura y la organización de la ex Sarmiento.