Julio Donato Bárbaro ha logrado la utopía de unificar en sí todas las tendencias del peronismo. La semana pasada, Clarín informó que mantuvo diez encuentros a solas con el jefe del gobierno porteño Maurizio Macrì, para explicarle el Movimiento. Y La Nación dijo un mes antes que Bárbaro funciona como puente entre el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el sindicalista camionero Hugo Moyano. Para completar el bingo, el ex miembro de Guardia de Hierro le alquila al gobierno nacional por 18.700 dólares estadounidenses al mes un piso en el edificio con entrada por los números 458, 464 y 466 de la calle Paraná. El contrato fue firmado el 3 de setiembre de 2010 entre Bárbaro, como presidente y titular del 99 por ciento de las acciones de Remover SA, y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) que actúa como ente cooperador al servicio de la Secretaría de Justicia. Desde entonces el Ministerio le pagó a Bárbaro 1,8 millones de pesos de alquileres y gastó 700 mil pesos en obras de reacondicionamiento. Pese a ello el edificio no está en condiciones de ser utilizado, cuando sólo queda un año de contrato, que vence el 31 de agosto de 2013. En 1985 la ley 23.283 autorizó a la Secretaría de Justicia a contratar en forma directa convenios de cooperación técnica y financiera para la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y del Crédito Prendario. El negocio se reveló tan extraordinario que al año siguiente la ley 23.412 lo extendió al resto de las direcciones y dependencias de la Secretaría de Justicia. Este fue el punto de partida de los convenios con ACARA, que luego se extendieron a la Cámara de Comercio Automotor (CCA). En 1992 la ley 23.979 legalizó el acuerdo ya existente del Registro Nacional de Armas con la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca, y en 2002 la ley 25.363 extendió la facultad a la Sedronar para que el Registro Nacional de Precursores Químicos celebrara un convenio similar. Los extraordinarios montos que se manejan en estos denominados entes cooperadores, provienen de un porcentaje sobre la totalidad de los aranceles, patentamientos y formularios de cualquier tipo que se tramitan en cada actividad y constituyen una administración paralela a la ejecución presupuestaria, que queda en manos de una comisión creada por cada convenio. En los hechos el ministro respectivo dispone con libertad de los fondos, sólo sujeto a una cierta distribución acordada con el ente y los gremios. Un porcentaje se destina al pago de los incentivos del personal de planta permanente y transitoria, otro a la contratación de personal y otro a compras o contrataciones excluidas del régimen de licitación normal. Un ex funcionario del área sostiene que “la discrecionalidad es muy amplia y el control sobre el gasto, casi inexistente. El funcionamiento del sistema ha sido tan perverso que mientras el congelamiento de las plantas y los burocráticos mecanismos de progreso en la administración degradaron la planta permanente, la mayoría de los profesionales que sostienen la gestión en muchas de las áreas del Ministerio están contratados por los entes cooperadores”. El colmo es el caso del Renar, financiado por las empresas que el organismo debe controlar, importadoras y fabricantes de armas y municiones, chalecos y equipamiento en general. El convenio vigente en Justicia cedió a ACARA la administración de fondos del Ministerio por 950 millones de pesos anuales, tarea por la que el Ente Cooperador percibe 90 millones de honorarios. Tamaña discrecionalidad y falta de control explican un contrato como el que le permite a Bárbaro financiar con fondos públicos su juego triangular entre Macri, Moyano y Scioli.