El gobierno porteño sigue ejerciendo la facultad de fiscalización y control que Mauricio Macri asegura que le “devolvió” al gobierno nacional. El jefe de Gobierno había recibido esa potestad, junto con la de fijar la tarifa, que utilizó para aumentar el precio del viaje a 2,50 pesos. Luego, en cada oportunidad que le preguntaron, aseguró que las había devuelto y que eran un problema de la Nación. Sin embargo, un acta de inspección del 28 de junio de este año de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), la empresa estatal que depende del gobierno porteño, señala como fundamento el acta acuerdo de enero, las leyes aprobadas por la Ciudad y toda la legislación que el PRO viene rechazando en público. “Si hoy hay un accidente, Macri es el responsable”, estimó el legislador de Proyecto Sur Rafael Gentili. “Queda claro que el gobierno porteño es el responsable”, coincidió la legisladora de Nuevo Encuentro Delia Bisutti.

El nudo borromeo del subte no parece cortarse ni con un fallo judicial –las causas que existen están estancadas– ni con un acuerdo político. La tercera posibilidad es que se rescinda el contrato de Metrovías, en cuyo caso el subte volvería a la Ciudad. El tiempo para encontrar una solución se acaba: Metrovías ya retiró veinte coches porque adujo que no tiene dinero para repararlos; el 1º de agosto se reinician las paritarias, que tienen todo el aspecto de ir hacia un nuevo conflicto (ver recuadro).

Macri firmó en enero un acta acuerdo con el gobierno nacional, por la que aceptó la transferencia de las potestades de fiscalización y control y de fijar las tarifas. La última la utilizó de inmediato y subió el precio del viaje en un 127 por ciento. Luego, Macri rechazó el acta y dijo que le devolvía a la Nación las potestades transferidas. Tras cruzar denuncias judiciales, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley para transferir el subte y los colectivos que empiezan y terminan en la Ciudad. Fue aprobada a fines de marzo, pero el macrismo hizo caso omiso de la norma. Desde el kirchnerismo señalaron que la Ciudad ya tenía una ley que aceptaba la transferencia: la 373 del año 2000, por lo que se habían cumplido todos los pasos. Desde el PRO dijeron que hasta que el gobierno nacional no garantice los miles de millones de pesos en inversiones no se harán cargo.

A confesión de parte

Mientras la discusión de quién controla el subte sigue abierta, Sbase –que depende de Macri– continuó haciendo inspecciones. Página/12 accedió al acta de una de estas inspecciones a las estaciones Uruguay y Callao de la línea B. Fue el 28 de junio de este año y lleva el número de “orden de servicio 75”. En este documento de la gestión PRO, se argumenta que “en función del acta acuerdo de transferencia de los servicios de transporte de subterráneos y premetro del 3 de enero de 2012 actualmente regidos por los contratos de concesión (...) por los decretos nacionales 2608/93, 1527/94 y 393/99, con adhesión de la Ciudad por ley 373 del 11 de mayo de 2000 y en ejercicio de las facultades de fiscalización y control...” se hace la inspección, en la que se encontraron ascensores y baños fuera de servicio, filtraciones y carteles arrancados. La firma el gerente de control de la concesión de Sbase, Miguel Ditamo.

No es el primer documento del gobierno PRO que contradice la estrategia de Macri. En la última memoria del Sbase señalaba que lo único que faltaba instrumentar era “el traspaso de la fiscalización y control del contrato de concesión”. Allí también se reconocía que la Legislatura ya aprobó la transferencia en el año 2000. En la memoria de 2010 de Sbase se afirmaba que se hicieron 1046 inspecciones en las distintas líneas de subte y otras 975 en la línea H, que se creó con posterioridad al contrato de concesión a Metrovías. Un dictamen de la Procuración porteña de comienzos de este año también advertía que “la Ciudad recuperó algo que le es propio” para justificar el aumento de la tarifa. Este diario intentó comunicarse con el titular del Sbase, Juan Pablo Piccardo, que no respondió a los llamados.

Relevo de pruebas

“Esto muestra el nivel de ridiculez del Gobierno de la Ciudad. Ellos, de hecho, están ejerciendo la facultad de fiscalización y control”, afirmó Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro. “Ponen en el acta de inspección los mismos argumentos que ellos niegan: el acta acuerdo, los decretos de Cavallo, la ley votada por la Legislatura. Todo lo que dicen que no tiene valor lo usan para hacer las supervisiones. Un amigo mío diría: ‘¿A qué estamos jugando?’”, se preguntó Pianelli.

“Estos documentos comprueban que Macri, por más que cacaree, reconoce que tiene que ejercer el control del subte. A confesión de parte, relevo de pruebas”, advirtió Gentili. “Se tiene que terminar esta novela: Macri tiene que aceptar el subte y revisar el contrato con Metrovías, con intervención de la Legislatura”, señaló el legislador de Proyecto Sur.

“Está claro que Sbase permanentemente siguió ejerciendo la fiscalización y control. Hay notas claritas que dicen que lo hace en el marco del acta acuerdo de enero. Esto lo hizo en junio, por lo cual queda claro que Macri no tiene forma de desentenderse de esa acta”, interpretó Bisutti. “El gobierno porteño es el responsable de la negociación colectiva de los trabajadores y la empresa y todo lo que hace a la referencia del funcionamiento de los subtes”, sostuvo la legisladora de Nuevo Encuentro.

En tanto, el jefe del bloque kirchnerista en la Legislatura, Juan Cabandié, recordó que el Sbase controlaba el subte antes de que fuera concesionado a Metrovías en 1994 por 20 años. También advirtió que la ciudad es dueña de los túneles y las formaciones. “Se termina la discusión: Sbase siempre administró la operatoria del subterráneo. El macrismo intenta desordenar estos hechos objetivos. Es insostenible que la Ciudad no quiera hacerse cargo del subte”, consideró. “En realidad, Sbase ya se hace cargo de controlar el subte. El único objetivo que busca Macri es la confrontación y generar un clima hostil con los usuarios –interpretó Cabandié–. Ellos piensan que nos pueden perjudicar con esto. Pero a los únicos que perjudican es a los propios usuarios.”