Con un paro docente y medidas de fuerza en todas las reparticiones públicas, los estatales cordobeses realizaron la tercera jornada en rechazo de la reforma jubilatoria que impulsa el gobernador José Manuel de la Sota. La respuesta del mandatario –en rigor, de su policía– fue reprimir la marcha que los trabajadores hicieron a los tribunales de la capital cordobesa. Los efectivos dispararon con balas de goma y tiraron gases lacrimógenos contra los manifestantes, que a su vez les arrojaron piedras. Durante los incidentes, los estatales quemaron contenedores de residuos, rompieron marquesinas y un kiosco de venta de diarios. El día terminó con cuatro detenidos y 26 heridos, de los cuales 15 fueron trabajadores que recibieron impactos de balas de goma y once policías.

A la marcha la hicieron una veintena de sindicatos estatales que denunciaron la inconstitucionalidad del ajuste a la Caja de Jubilaciones. Los docentes no dieron clases y el resto de los gremios acompañó la jornada con asambleas y abandono de tareas, como en el caso de los bancarios, judiciales, municipales y empleados de la administración pública provincial. La hicieron hasta los tribunales porque allí presentaron una medida cautelar para que no se aplique la ley impulsada por De la Sota, que postergó por seis meses los aumentos a los jubilados provinciales.

La ley fue sancionada en la noche del 8 de agosto, cuando el gobernador la llevó sin aviso a la Legislatura, que la aprobó en un rápido tratamiento. De la Sota argumentó que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Este convenio de armonización y financiamiento entre la Anses y Córdoba fue firmado en diciembre de 2009. Contemplaba el envío de fondos a la provincia para cubrir su déficit jubilatorio a cambio de una paulatina reforma del sistema para hacerlo sustentable. En diciembre de 2010 la Anses dejó de enviar los fondos tras señalar que Córdoba no estaba cumpliendo con su parte.

La ley de De la Sota deja sin efecto el pago simultáneo de aumentos a los jubilados cuando lo perciben los activos; de ahora en más, los jubilados cobrarán el aumento seis meses después que los activos. La norma incluso faculta al Poder Ejecutivo a modificar los porcentuales de los aportes patronales y del trabajador.

Los dirigentes gremiales responsabilizaron a De la Sota por lo sucedido. “Que esto se desmadre le conviene al gobierno provincial para victimizarse”, dijo a la prensa Santiago Clavijo, del Sindicato de Luz y Fuerza. Por otra parte, cuestionaron la política de la Casa Rosada, que le exigió a la provincia “armonizar” el sistema previsional local con el nacional.

El gobernador, que ayer recibió en su despacho al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, evitó hacer declaraciones sobre el tema.

La represión fue repudiada por un amplio arco de organizaciones sindicales y dirigentes políticos. La Ctera responsabilizó al gobernador De la Sota y exigió el “cese” de la política represiva. La CGT de Hugo Moyano enmarcó la represión como “en sintonía” con un “ajuste” pedido por el gobierno nacional. Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo que le daba la impresión de que “Córdoba está viviendo un regreso a los años ’90”, por la represión y por la reunión con Macri. El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, sostuvo que De la Sota “usa al conflicto de la Caja de Jubilaciones de Córdoba para posicionarse a nivel nacional como oposición”, y agregó: “Uno puede tener ambiciones políticas, pero no hay que elegir un conflicto para atacar a la Presidenta”.