Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) denunciaron a la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Ana Cecilia Alvarez.

Los organismos de derechos humanos señalaron que la magistrada “es esposa del comodoro Fernando Estrella y nuera del vicecomodoro (RE) Luis Estrella, quien actualmente está detenido por delitos de lesa humanidad, está siendo juzgado por el asesinato de los curas tercermundistas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en La Rioja, y es uno de los imputados en la causa que investiga el asesinato del obispo Enrique Angelelli”. Además de sus lazos familiares, denunciaron que “la connivencia de la jueza Alvarez con el pensamiento de los genocidas se plasma en algunos de sus fallos, como el de la causa ‘Monzón, Alejandro A. S/Privación ilegítima de la libertad’. Si bien en esa sentencia dictó el procesamiento de Eduardo Sarmiento, Rafael Gugini y Humberto Pompilio Ferrucci por los tormentos aplicados a un grupo de detenidos, también realizó una interpretación del contexto del plan sistemático desplegado por el terrorismo de Estado en la cual justificó las acciones de los agentes estatales a partir de un extenso análisis de la ley Nº 21.460, promulgada por la dictadura el 18 de noviembre de 1976 y derogada por la ley Nº 23.077 en 1984. Es decir, la magistrada optó por utilizar la misma normativa que los genocidas, de forma absolutamente inconstitucional y antidemocrática, lo cual constituye un hecho gravísimo”.

Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos e H.I.J.O.S. también señalaron que en una causa en la que se investigan tormentos aplicados en las islas Malvinas a conscriptos, la jueza Alvarez “pretende garantizar la impunidad de los responsables mediante una resolución que declara extinguida la acción penal. De esta manera, rechaza la caracterización de los hechos investigados como delitos de lesa humanidad al considerar que no es una política activa y generalizada de las Fuerzas Armadas”.