Cuando ya estaba procesado el asesor de imagen Jaime Duran Barba y la investigación por la campaña sucia previa a las elecciones porteñas empezaba a enfocar hacia Mauricio Macri, la Corte Suprema resolvió apartar del caso a la jueza María Servini de Cubría y declarar la competencia del Juzgado Penal y Contravencional 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Según el alto tribunal, el expediente siempre debió haber tramitado allí y no en la Justicia Electoral nacional, porque la encuesta telefónica trucha que fue denunciada por Daniel Filmus aludía a los comicios locales. Servini defendía su actuación con el argumento de que se trató de una campaña política que buscaba efectos a nivel nacional debido a la proximidad con la votación de presidente y senadores: apuntaba a perjudicar tanto a Filmus, candidato kirchnerista a jefe de Gobierno, como al gobierno de Cristina Kirchner.

Todo empezó cuando, en plena campaña electoral porteña, Filmus detectó la puesta en marcha de llamados telefónicos a los electores con el formato de una encuesta grabada que en realidad no era tal. “Si se comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Schoklender, ¿usted cree que esto va a afectar negativamente su candidatura?”, decía la voz en el teléfono, en la época del escándalo del desvío de fondos para viviendas sociales. No se trataba de pedidos de opinión, sino de afirmaciones que inducían a una opinión determinada basadas en datos falsos a los que se da apariencia de certeros: para el caso, el padre de Filmus no es arquitecto, sino un comerciante jubilado.

En junio último, Servini procesó al asesor de Macri, Duran Barba, y a sus socios José Garat y Rodrigo Lugones por un delito electoral: el de inducir a engaños a otro para llevarlo a sufragar de determinada manera o abstenerse de hacerlo.

La pelea de competencia viene de los inicios de la causa, ya que hubo idénticas denuncias ante la Justicia porteña y la federal electoral. Servini rechazó ceder el expediente porque manejaba la hipótesis de que la campaña sucia buscaba incidir en la voluntad de los votantes porteños en todos los procesos electorales en curso el año pasado. La Corte Suprema terminó sacándole el expediente a la magistrada.

No está del todo claro cómo seguirá ahora la causa. Por lo pronto, Duran Barba, Garat y Lugones habían apelado los procesamientos. A su vez, en la Ciudad el proceso judicial es diferente al de la Justicia nacional: una vez que el imputado pasa la indagatoria, va a juicio. Es un procedimiento acusatorio donde quienes llevan la voz cantante son los fiscales, que responden al fiscal general Germán Garavano, vinculado con el macrismo. La investigación de Servini empezaba a orientarse al rastreo del origen de los fondos que solventaron la campaña trucha.