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El indulto a Mohamed Seineldín y Enrique Gorriarán que el senador Eduardo Duhalde está dispuesto a firmar revela su escaso aprecio por la justicia y su incomprensión acerca de las necesidades del nuevo período institucional que se abrirá el domingo próximo.
Es cierto que ni el coronel en jefe del último alzamiento carapintada ni el jefe de la Armada Brancaleone que asaltó un cuartel del Ejército fueron condenados por crímenes atroces y aberrantes, como los secuestros, torturas y asesinatos de la dictadura militar. Pero ambos intentaron condicionar a las autoridades legales, armas en mano, para imponerles sus propias ideas. Y en esos intentos hubo personas que perdieron la vida. Seineldín y Gorriarán recurrieron a la fuerza en plena vigencia de la Constitución por incapacidad de expresar sus respectivas visiones del país en propuestas comprensibles y atractivas para algún sector significativo de la sociedad. Por eso lideran minúsculas sectas ancladas en el pasado y al margen de la realidad.
Es difícil entender las razones de esta decisión, que vuelve a entronizar la impunidad. Duhalde dijo que lo hacía en atención al grave estado de salud de Gorriarán, pero el propio beneficiario lo había desmentido al iniciar su nuevo ayuno de alimentos sólidos. El otro funcionario que trató de justificarlo, el año pasado, empleó argumentos inverosímiles. Ese doble indulto podría ser un elemento de “unión entre los argentinos”, dijo el ministro de Defensa –Horacio Jaunarena–.
Nada más falso. En 1998, cuando Menem consideró la misma medida, un sondeo de opinión pública reveló que sólo el 4 por ciento de los consultados estaba en favor de esa decisión. Los porcentajes subían si la consulta era por uno solo de ellos: 11 por ciento aprobaba el perdón a Gorriarán, 28 por ciento a Seineldín.
Seineldín ya goza de salidas laborales diarias, igual que muchos de los demás atacantes del cuartel de La Tablada. Otros están en libertad condicional, como el resto de los carapintadas condenados, o ya han cumplido sus penas. Tienen derecho a la reinserción social, que es el objetivo final de cualquier proceso penal. En cambio el indulto aborta ese proceso, es destructivo de las instituciones y transmite el deletéreo mensaje de que ni la ley ni la vida humana tienen valor alguno.
No sería el primer indulto que firma Duhalde. En 1990, como vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, perdonó a dos prófugos de la justicia, Luis Sffaeir y María Nin Saráchaga, instigadores del homicidio alevoso, a tiros por la espalda, en 1975, del intendente de Chacabuco, Miguel Máximo Gil, que se atribuyó la Triple A. Los responsables se integraron luego en grupo al duhaldismo bonaerense. En 2002, su lapicera de perdonar favoreció al abogado Alejandro Vecchi, quien había sido condenado por estafa, a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer la profesión. Según el fallo del tribunal oral N 6 porteño, Vecchi se quedó con parte de la indemnización que debió recibir uno de sus clientes por la muerte de su esposa y las graves lesiones de su hija. Duhalde lo fundamentó con una enormidad: que la condena coartaba la libertad de trabajar. Vecchi es el operador político de Duhalde ante la familia de José Luis Cabezas. Es decir que en los dos indultos anteriores, la verdadera motivación fue la conveniencia política de Duhalde.
Tal vez en el futuro se sepa cuál es su interés personal en los casos de Seineldín y Gorriarán, porque está claro que así no favorece al presidente electo. Tan es así que el propio Néstor Kirchner dejó constancia de su desacuerdo y dijo que Duhalde no lo había consultado. Hay pocas tareas más necesarias que la recuperación de la confianza en la justicia y pocos mensajes más contraproducentes que éste para una sociedad harta de politiquería y componendas.