La Sala II de la Cámara Federal porteña citó para mañana a las diez de la mañana a una audiencia oral y pública para comenzar a resolver la apelación contra el cierre de la causa por el crimen del ex secretario general de la CGT José Ignacio Rucci. Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah escucharán ese día los argumentos del abogado Miguel Angel Plo, que representa a los hijos del ex sindicalista, Aníbal Rucci y la diputada nacional Claudia Rucci. El juez federal Ariel Lijo concluyó el mes pasado que la causa había prescripto porque no es un delito de lesa humanidad, ya que el Estado no fue responsable del homicidio. El abogado apeló la decisión ante la Cámara.

Como la hipótesis más firme apunta a Montoneros, el juez entendió que el homicidio está prescripto por el tiempo transcurrido. Lijo explicó que esa organización no tenía un dominio territorial para ser considerada un grupo estatal, por lo que el crimen de Rucci no puede considerarse de lesa humanidad, requisito necesario para ser imprescriptible. La familia del metalúrgico sostiene lo contrario: considera que en la planificación del operativo participaron militantes que eran al mismo tiempo funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo entonces de Oscar Bidegain, lo que probaría según esa interpretación la participación estatal. La audiencia de mañana se hará en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py y será pública por la trascendencia del tema. Luego la Cámara Federal deberá resolver entre confirmar el cierre de la causa u ordenar su reapertura.

Rucci fue asesinado de 23 balazos cuando salía de su casa el 25 de septiembre de 1973. La causa se reabrió a partir del libro Operación Traviata, de Ceferino Reato, que apuntó a marcar la responsabilidad de Montoneros. Lijo reabrió la causa, que había sido archivada tres veces, a pedido de los hijos de Rucci. El 10 de agosto, en un fallo de 123 carillas, concluyó que a partir de las pruebas del expediente tenía “la sospecha” de que miembros de Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAR) participaron del hecho, aunque sugirió que “más que una autoría directa del crimen –o decisión de su ejecución– por parte de Montoneros, se trató de una asunción estratégica de su materialidad”.