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Antes de ser desconocido como titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy llegó a entregar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, un informe preliminar que confirma y aumenta lo publicado en este diario sobre los vínculos del juez federal Luis Antonio Armella con empresas contratadas por licitación directa para realizar obras del Plan Integral de Saneamiento elaborado por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Lorenzetti entregó copias a los demás ministros del Tribunal pero les solicitó que no las divulgaran porque estaba pendiente la respuesta de algunos organismos a quienes la Auditoría solicitó información. El informe final, que la Corte esperaba recibir antes de la audiencia que se realizará a partir de las 10 de hoy para evaluar el grado de avance en el cumplimiento del fallo “Mendoza y otros” del 8 de julio de 2008, que exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, también comprometería la responsabilidad de la ACUMAR. Su actual presidente y al mismo tiempo Secretario de Ambiente, Juan José Mussi, es un estrecho aliado político del senador Aníbal Fernández, uno de los padrinos para la designación en el juzgado federal de Quilmes de Armella, a quien la Corte delegó la ejecución de esa sentencia. Sin embargo, Armella no figura en la lista de invitados a exponer en la audiencia de hoy, según la versión difundida por el Centro de Información Judicial creado por la Corte. En cambio fueron convocados la ACUMAR, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora; las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), el Defensor del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación. AYSA y CEAMSE informarán sobre las contrataciones realizadas por indicación de la ACUMAR; el Defensor y la Auditoría “sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones”. Ante la situación creada con Despouy en la última reunión de la Comisión Mixta Permanente Revisora de Cuentas, de la que depende la AGN, no está claro si el Auditor cuestionado se hará presente y si la Corte le permitirá exponer. Fuentes próximas al tribunal dijeron que la Corte separaría de la ejecución del fallo al juez Armella, quien ya ha sido denunciado al Consejo de la Magistratura por los representantes del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes y Carlos Moreno, y que dividiría la tarea entre dos o tres jueces federales de distintas jurisdicciones.

Un grupo económico

La Corte Suprema encomendó a la AGN que verificara los vínculos entre las empresas mencionadas en las notas de este diario, que tienen relación con el juez Armella. El informe preliminar de la Auditoría confirmó que “se encuentran vinculadas comercialmente, ya sea por la composición de sus órganos, por la alternancia de sus socios o por la coincidencia de domicilios”. Varias de ellas (Tierras Provinciales, Vial Rogo, Gildin y Compañía Constructora M&T) fueron instrumentadas por el notario de La Plata Julio Víctor Blotta. “Integrantes de las seis sociedades se repiten en forma alternada en alguna de las otras, en diferentes funciones de sus órganos directivos, de administración, representación y/o fiscalización”. La Auditoría constató con información oficial, de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Arturo Rodrígues Da Silva participa de cinco de esas sociedades: “San Martín 264 Bernal” (que preside el monotributista Francisco Alberto Groba, suegro del juez Armella, y una de cuyas accionistas es su hija, Marina Laura Groba Martín de Armella); Gildin, Tierras Provinciales, Compañía Constructora M&T y Vial Rogo Constructora. Diego González participa de cuatro de las sociedades del grupo: Kartonsec, Tierras Provinciales, Vial Rogo y M&T. Graciela Antonieta Pizzera de González participa en Kartonsec y Vial Rogo. Gilda González, en tres: Vial Rogo, Kartonsec y Gildin. Jorge Alfredo Kyle, en Kartonsec y Tierras Provinciales. Romina Martina González y Lorena González en “San Martín 264 Bernal”, Kartonsec y Vial Rogo. “Es decir que en cada una de las seis empresas hay al menos un miembro que a su vez integra alguna de las otras.” Además, detectó la AGN, coinciden los domicilios registrados entre estas personas y empresas: Gildin, Vial Rogo, Francisco González y Graciela Antonieta Pizzera tienen domicilio en Luis Agote 1850, Berazategui. También coinciden Diego González y la Compañía Constructora M&T en la Calle 2 Nº 167, también de Berazategui, el municipio del que Mussi es el hombre fuerte en el último cuarto de siglo. Despouy confirmó además que Francisco González y Graciela Antonieta Pizzera son los padres de Diego, Romina Martina, Gilda, Iván Guido y Lorena González. La Corte encomendó a la AGN relevar las contrataciones realizadas con esas seis empresas por los entes o jurisdicciones encargados de cumplir las obligaciones impuestas por la sentencia; las modalidades de contratación de cada una de las obras, normas que las fundamentan y monto de la adjudicación. La Auditoría verificó que los contratos con esas empresas fueron celebrados por CEAMSE, AYSA y la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Avellaneda).

Los contratos

En el caso de CEAMSE, contrató con M&T, en el marco del convenio con ACUMAR para la ejecución del proyecto “Recuperación Ambiental de la Margen Sur de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Primera Etapa - Tramo 1”. AYSA informó de dieciocho obras contratadas con la Constructora M&T, y la Universidad Tecnológica Nacional de una contratación con Kartonsec. No respondieron todavía las municipalidades de Almirante Brown y Cañuelas (donde se construyó un gran hospital dentro del Plan de Saneamiento del Riachuelo). Las jefaturas de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidieron ampliación de plazos para responder. En el capítulo denominado “Hallazgos”, la Auditoría detalla las contrataciones realizadas por AYSA con M&T. Las cuatro directas fueron por el alquiler de maquinaria, por un monto total superior a los dos millones de pesos. Las catorce por concurso privado comprendieron obras ya terminadas por 57,7 millones de pesos y otras en ejecución por 39 millones (Refuerzo Planta Norte, Red Primaria Barrio Rayo de Sol, Refuerzo Fiorito, Refuerzo Punta Alta II - Villa Albertina, Refuerzo Oliver e/San Pedro y Garibaldi, Lomas de Zamora; Trabajos de relleno y saneamiento de áreas anexas a la planta potabilizadora General Belgrano, de Bernal, Etapas I, II y III; Red secundaria cloacal Monte Chingolo, Cuencas A.1 y A.2, Lanús; Red secundaria cloacal Chilavert, Cuenca A, Partido de San Martín; Red primaria Barrios Don Marcelo, San Isabel, Allá en el Sur y Don Mariano, Esteban Echeverría; Impulsión Albariños-Balcarce, en Lanús; Colector Cloacal Jagüel, Tramo 2, Esteban Echeverría; Desafectación Tramo Final Primera Cloaca Máxima, Obra Civil, en los partidos de Quilmes y Berazategui y Colector Paseo de la Costa Urbanización U11, Segunda Etapa, en Vicente López. Las dos últimas contrataciones, por 11 y 15 millones de pesos fueron rescindidas, por razones que la AGN no menciona. El informe de la Auditoría General dice que en esos contratos donde se adjudican obras a la Compañía Constructora M&T “se detectó que fueron invitadas a ofertar en los Concursos Privados otras de las empresas enumeradas en el Pronunciamiento de la CSJN”, es decir las vinculadas con el juez que enumeró este diario. Esto implica que se simuló una competencia inexistente. Para la primera y la tercera etapa del Relleno y Saneamiento de áreas anexas a la planta potabilizadora General Belgrano, de Bernal, la Constructora M&T fingió competir con sus hermanas Kartonsec y Tierras Provinciales; para la segunda etapa de la misma obra, la ficción fue sostenida con ofertas de Gildin y Tierras Provinciales. En las obras realizadas por CEAMSE, la AGN encontró un contrato por adjudicación directa, por 3,6 millones de pesos, para la Recuperación ambiental de la margen Sur de la Cuenca Matanza–Riachuelo, Primera Etapa – Tramo 1, que “según el Manual de Contrataciones de la CEAMSE, por el monto hubiera correspondido una licitación pública”. Según la documentación aportada por CEAMSE la adjudicación directa fue realizada por razones de urgencia, “sustentadas en la notificación cursada al CEAMSE por ACUMAR de la Resolución Judicial del 28 de diciembre de 2011”, dictada por Armella. La evaluación y modalidad contractual de las varias contrataciones efectuadas por la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Avellaneda) con la empresa Kartonsec para el análisis físico-químico de aguas de desagües, quedaron pendientes para un próximo informe.

La auditoría interna

La Auditoría Interna presentó su informe 12/2012 el 5 de septiembre, es decir tres días después de publicada la nota “Las pruebas”. Su evaluación no se refiere al juez Armella sino a la ACUMAR. Consigna que se produjo “una actividad significativa de inspecciones en movimiento de suelos y canteras”. La propia presidente CFK suministró un dato impactante: por la intervención de Armella (quien clausuró todas las canteras que pudieran competir con la de su propio grupo económico) el costo de la movilización de tierras para la autopista Juan D. Perón habría aumentado treinta veces. “El juez pretendía que se comprara a un precio donde el rubro de 18 millones –cotizado así en la obra– pasaba a valer 554 millones.” Esto impidió que avanzaran las obras, como se había informado aquí. El Auditor interno verifica que “ninguna de las empresas denunciadas en la nota periodística guarda relación directa con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo”, lo cual no es una novedad. Este diario fue preciso al informar que el juez intima a ACUMAR, que la Autoridad de Cuenca traslada esas intimaciones a otras entidades con las que tiene convenios, como “el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (CEAMSE), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios”, que son los que contratan las obras con las empresas vinculadas al juez. La Auditoría Interna sostiene que en los expedientes que analizó los informes técnicos carecen del “grado de desarrollo y detalle que son habituales, teniendo en consideración la envergadura de las obras y sus montos”. También detectó “información no foliada, en algunos casos faltante”. En el Convenio Margen Sur, Primera Etapa - Tramo 1, por 4,6 millones de pesos, no interviene la Coordinación de Infraestructura que tiene como objetivo primario ese tipo de obras y “no hay informe técnico sustanciado de la viabilidad de la propuesta”. Pero además, la fecha del acta de inicio de obra es posterior a la orden de pago del anticipo de 1,8 millones de pesos. Para el tramo 2ª “no hay convenio específico ni expediente”. La Auditoría interna detectó llamativas modificaciones en la estructura de algunas obras; en otras recargos comunicados por CEAMSE que no figuraban en ningún convenio marco ni específico; o supresión de ítems y aumento en el costo total se mantiene. Esta es una clara presunción de dibujo de las cifras, al margen de los costos reales. Las recomendaciones de la Auditoría consisten en realizar una revisión técnica-financiera de los convenios firmados por ACUMAR y fortalecer el control interno por medio de una mayor supervisión de los procesos de planificación, costeo, implementación y contratación, para lo cual debería crear un Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento. También sugiere desarrollar un modelo tipo de costos y rubros indicativos, como es de práctica en las publicaciones técnicas, las empresas de construcción, los ingenieros, arquitectos y peritos. Esto permitiría un sencillo control cotejando con los precios de mercado que publican la Cámara Argentina de la Construcción o la revista Vivienda, de modo de impedir “desvíos significativos”. Antes de pagar certificados de municipios y organismos bonaerenses, recomienda dar intervención al Tribunal provincial de cuentas. Concluye que debería realizarse un sumario sobre los expedientes analizados “a fin de revisar los informes técnicos y deslindar responsabilidades”.