La presidenta Cristina Kirchner desmintió detalladamente, mediante teleconferencia ante la Sala 6 del Tribunal Ordinario de Roma a cargo de la jueza Elena Scozzarella, a una periodista y un editor del periódico italiano Corriere della Sera. En 2008 la presidenta abrió un juicio por una nota publicada ese año que afirmaba que había realizado un tour de compras oneroso por esa ciudad en ocasión de su viaje a la cumbre de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura, dependiente de la ONU) por la lucha contra el hambre. Durante poco más de dos horas, CFK contestó ayer las preguntas de su abogado representante y del defensor de los acusados, recordando en detalle los dos días que pasó en la capital italiana ese año y despejando toda sospecha acerca de su supuesto paseo de compras.

“Como el diario se negó a rectificar lo que publicaron, la intención es que la Justicia deje en claro que se trató de una mentira maliciosa –manifestaron altas fuentes del Gobierno a Página/12–. De ninguna manera queremos que nadie vaya preso.” También recordaron que, tal como figura desde un principio en la presentación realizada por la Presidenta, si se determina en el proceso que el Corriere debe pagar una indemnización, el monto será donado a una institución benéfica, posiblemente el Hospital Garrahan. En el banquillo de los acusados se encuentran la periodista Maria Egizia Fiaschetti y el director del periódico, Paolo Mieli.

En 2008, cuando Cristina Kirchner viajó a Roma para la cumbre de jefes de Estado de la FAO para discutir el problema del hambre en el mundo, Fiaschetti publicó la nota, titulada “Hambre y Dolce Vita”, donde narraba en detalle un supuesto “shopping tour” de la Presidenta argentina en el que había adquirido joyas de Bvlgari por cien mil euros y sábanas de lujo. Durante la audiencia de ayer, CFK manifestó que esa cobertura le causó “dolor” e “indignación” y consideró que en su realización hubo “malicia” porque no se buscaba causar una imagen de “frivolidad” sino de “hipocresía”, algo que la excede como persona y afecta su investidura.

“La connotación con la tragedia del hambre vinculándola a un tour de compras fastuoso y el titulo elegido, me parece, son de una gravedad inusitada que no se ha dado en otros casos –manifestó la Presidenta ante la consulta del abogado defensor sobre por qué actuó legalmente en este caso y no en el de otras publicaciones que también la criticaron–. Otras notas eran de opinión: acá había una clara y evidente utilización de mi presencia en la cumbre contra el hambre para dar una imagen de doble moral.”

La audiencia tuvo lugar en el salón de la Jefatura de Gabinete de la quinta de Olivos, que se encontraba enlazado con el tribunal italiano vía satélite con imagen y video. La Presidenta estuvo escoltada por el juez penal federal Claudio Bonadío, quien la asesoró durante su declaración como el magistrado competente en el trámite de pedido de cooperación internacional, según las normas del tratado que ambos países suscribieron en 1987. Cristina Kirchner contó las actividades que había realizado durante el día y medio que duró su visita a Roma, durante la cual se entrevistó con el ex presidente de Brasil Lula da Silva, participó en una recepción en el Vaticano y expuso ante la cumbre de la FAO. También enumeró la visita a una comunidad religiosa, la reunión con residentes argentinos y la cena con otros mandatarios. “En todas las oportunidades –detalló la Presidenta para desmentir al Corriere– los viajes a cada uno de esos lugares se realizaron punto a punto”, acorde con los dispuesto por la custodia que le había asignado el gobierno italiano. Una vez finalizada la teleconferencia, fuentes del equipo legal que asesora a la mandataria señalaron la debilidad de la postura contraria. Se trata, de todas formas, de la primera instancia del Poder Judicial italiano y, aseguran los involucrados, el pleito será largo.

En Italia se mantiene la implicancia penal en los casos por calumnias e injurias. En la Argentina, desde noviembre de 2009, durante el primer mandato de la actual Presidenta, se derogó la pena de prisión para este delito, manteniendo la posibilidad de actuar civilmente en busca de una rectificación y una reparación económica pero sin riesgo sobre la libertad del acusado, un final que en el Gobierno descartaban para este caso. Sí, insistieron, en caso de que la Justicia determine una indemnización al final del juicio, será donada a una institución argentina, según adelantó la mandataria.