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La preocupación por controlar los mensajes mediáticos no es patrimonio exclusivo del Grupo Clarín, ni tampoco del Gobierno. También existe en el Poder Judicial, que es un actor tan político como los demás cuando se le presentan casos de alta resonancia como el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue evidente esta semana en la Corte Suprema cuando, a pesar de que sus integrantes habían acordado rechazar extender la medida cautelar del multimedios, la primera información que se difundió fue otra: que se había ordenado al juez de primera instancia, Horacio Alfonso, que se apure y dicte una sentencia sobre la constitucionalidad de la ley. El Centro de Información Judicial (CIJ), que responde a la presidencia de la Corte, recién publicitó un día después que en realidad Sus Señorías habían firmado un rechazo hecho y derecho al pedido de Clarín. Son sutilezas, quizá no perceptibles para cualquier espectador desprevenido, pero que sí pueden leer perfectamente las partes en pugna e interpretar los guiños.

Un día después, el CIJ difundió también una nota que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal le mandó a la Comisión de Protección de Independencia Judicial –que coordinan las juezas supremas Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco– en la que se quejaba de que el Gobierno condiciona su “independencia” al haber denunciado a buena parte de sus miembros poniendo en duda su imparcialidad respecto de Clarín. Las denuncias y recusaciones contra los camaristas pedían investigar posibles dádivas en viajes a Miami a eventos sponsoreados por Cablevisión (donde asistieron cinco camaristas) y manejos dudosos en los sorteos de jueces subrogantes, precisamente para actuar en el caso del multimedios. Nadie dijo nada sobre la “presión” generada por el piquete de camionetas, precisamente de Cablevisión, que coparon la calle Talcahuano al 500, por donde se entra al Palacio de Justicia, el día que la Corte se reunió para resolver le pedido de Clarín para seguir eximido de desinvertir.

Es irreal que el Poder Judicial sea aséptico e impermeable a los factores externos, aunque siempre puede haber alguna loable excepción en sus filas. Si fuera así, a los jueces no les surgiría cómo único recurso la necesidad imperiosa de ir y protestar en bloque ante la Corte porque otro poder del estado pide mirar con más atención cómo se comportan. Para decirlo sin rodeos, se la bancarían estoicamente, y razonarían en términos de los desafíos que les plantea el derecho y, en todo caso, sus propios prejuicios personales. He ahí el otro quid de la cuestión. En tribunales, por ejemplo, todo el mundo sabe que en los contubernios de la Cámara en lo Civil y Comercial, la mayoría de sus miembros suele maldecir al gobierno de Cristina Kirchner. No les gusta, así de simple, y cada vez lo disimulan menos. No hasta hace mucho, de hecho, quien dirigía la batuta puertas adentro era el camarista Ricardo Recondo, un radical de toda la vida, que hizo campaña para ser consejero de la magistratura con consignas abiertamente anti K.

Quizá para atenuar el dramatismo de la denuncia de la Cámara (a la que se subió a Asociación de Magistrados), el juez de la Corte Raúl Zaffaroni recordó que “los políticos pasan” pero “los jueces quedan”.

En Argentina no es tradición echar jueces a mansalva y sin motivos grandes. La reacción corporativa tiene un costado lógico, y hasta aceptable si se quiere, que funciona como un mecanismo de defensa de los jueces para evitar las presiones políticas. Es un principio de precaución, como le dicen los entendidos. Pero como queda a la vista, el universo de las presiones a las que deben enfrentarse es mucho más amplio, e incluye las creencias individuales, al igual que la presión de la opinión pública y los medios (lo que explica también la preocupación judicial por los mensajes). Lo llamativo es que existen otro tipo de presiones, quizá más nuevas pero tan importantes como las demás, para la que no se ha desarrollado ningún principio de precaución y que son, nada menos, las presiones económicas. Las que circulan cuando llega un caso, sin ir más lejos, como el de Clarín. Tampoco la selección de jueces –desde el Consejo de la Magistratura– se ha ocupado de incluir todos estos aspectos en los concursos donde elige los futuros jueces. En este escenario, tal vez todavía sea preferible creer en lo que algunos llaman “poder judicial de héroes”, en alusión a la idea de que los jueces y juezas deben tener espalda personal para soportar las más diversas tempestades.