El abogado Alejandro Raúl Alberto Pérez Chada nos tiene acostumbrados a sus denuncias judiciales en diferentes frentes, a menudo como letrado de ciertos poderes. Dos de sus clientes lo demuestran: el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el Grupo Clarín. Con el líder político de derecha mantiene una relación de vieja data. Lo patrocina en la causa de la ex UCEP y estuvo a sus órdenes cuando Macri era presidente de Boca, como asesor en temas del derecho penal. En el club defendió a dirigentes y hasta al propio Juan Román Riquelme. Como representante legal del multimedios suele litigar contra organismos y funcionarios del gobierno nacional, aunque la última querella por la cual salió a la palestra fue la imputación –luego rectificada– por incitación a la violencia y coacción agravada contra un grupo de periodistas. Esa trayectoria judicial no le impide a Pérez Chada ser agente de jugadores registrado en la AFA desde el año 2002. En agosto pasado, la AFIP le bloqueó el CUIT al igual que a 146 intermediarios cuando investigaba una presunta evasión fiscal por triangulaciones en los pases. Por ese problema, tramitó una certificación ante la entidad que preside Julio Grondona que arrojó su nula actividad como hombre de negocios.

Los vínculos comerciales de Pérez Chada con gente del fútbol van más allá de 2002. El 6 de noviembre de 1998 se asoció con el director técnico Héctor Cuper en un emprendimiento inmobiliario: Puerto Manso S.A. Los demás integrantes de la sociedad eran Armando Germán Mansanti y Pablo Gómez. El Boletín Oficial da cuenta de que su actividad se extendía a los rubros de la industria, construcción y finanzas.

Después que la AFIP posó su mirada en el fútbol por las triangulaciones entre clubes, el abogado se topó con el problema de que no podía cobrar sus honorarios por tener bloqueada su clave fiscal. Así se lo confió a quienes lo recibieron en la AFA. Es curioso. Pérez Chada no realizó movimientos como agente de jugadores, pero tampoco pidió su baja por este motivo después de llevar diez años registrado en la AFA. Otros colegas suyos, Diego Caniggia (hermano de Claudio), Walter Popov y Jorge Horacio Petus tramitaron su salida de la nómina de 223 agentes argentinos luego de que también les bloquearan el CUIT.

Al menos seis de los diez años que lleva como agente en la actividad futbolística coincidieron con la presidencia de Macri en Boca. Pero de los balances del club no se desprende que haya intervenido en transferencias de jugadores cuando tenía la licencia para hacerlo. Pérez Chada, en cambio, ejerce su profesión de abogado en la institución deportiva como asesor en derecho penal. Cumple esa función aunque no es empleado de Boca, según confirmó el departamento de prensa. En ese rol defendió a Luis Buzio, ex secretario general del club, cuando el juez Mariano Bergés lo detuvo por unas horas en mayo de 2004 en el marco de una investigación por adulteración de entradas para un superclásico. “Buzio es un hombre de bien, muy serio y absolutamente impecable. El juez está buscando una aguja en un pajar”, criticó Macri antes de que el letrado asistiera a su compañero de comisión directiva.

Ya con Jorge Amor Ameal en la presidencia del club, le tocó asesorar a Riquelme en un pleito. En diciembre de 2008, la fiscal porteña Florencia Zapata le imputó al jugador las contravenciones “incitación a la violencia” e “incitación al desorden en un espectáculo público” en el festejo de un gol. El hecho era que se había acercado a las plateas bajas para increpar al hincha Agustín Pozzetti, durante el transcurso de un partido con Racing en la Bombonera. Cuando el ídolo fue citado a declarar, ahí estaba de nuevo Pérez Chada ejerciendo su defensa.

En octubre de 2010, hizo una denuncia en la UFI 2 de Avellaneda cuando la Policía bonaerense reprimió con balazos de goma a la hinchada boquense tras un clásico con Independiente. Estas esporádicas diligencias judiciales relacionadas con un club de fútbol representan muy poco si se las compara con el volumen de trabajo que hoy tiene el abogado de Macri y Clarín.

Pérez Chada adujo problemas personales para alejarse de otra ocupación en la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) de la ciudad de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2010. Era abogado del gobierno porteño y cuando la directora adjunta de Rentas, Analía Cristina Leguizamón, firmó la resolución donde le aceptó la renuncia, lo exceptuó “de presentar la correspondiente rendición de la cartera judicial asignada, atento no habérsele adjudicado deuda alguna para su ejecución”. A lo que no renunció fue a la defensa de Macri –en la causa de la ex UCEP–, ni de sus funcionarios, como Andrés Ibarra, el ministro de Modernización imputado en el juicio por las escuchas ilegales donde está procesado el jefe de Gobierno.

A comienzos de junio de este año sufrió un revés judicial cuando la Cámara del Crimen le rechazó el recurso de Casación para lograr que quedara firme el sobreseimiento de Macri en el expediente de la ex UCEP. Los camaristas Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos, con la disidencia de su colega Alfredo Barbarosch, rechazaron “in limine” el planteo de los letrados Pérez Chada y Eduardo Bonino Méndez.

La notoriedad que le otorga patrocinar al jefe de Gobierno porteño, con todo, no lo expone tanto públicamente como cuando litiga mandatado por el Grupo Clarín. En 2010 –según publicaron distintos medios– ejerció las defensas de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en el marco de la causa Papel Prensa y denunció a nombre de aquellos al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien cuestiona el traspaso de acciones desde el Grupo Graiver a manos de Clarín y La Nación durante la última dictadura cívico militar. También inició una querella contra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando la conducía Eduardo Luis Duhalde. O se ocupó en abril de 2009 de judicializar en el fuero federal el tema de las interferencias que recibían Canal 13 y TN para sus emisiones en el interior y exterior del país.

Pérez Chada volvió a tener su último momento de fama por su desempeño profesional entre el domingo 25 y el lunes 26 de noviembre, cuando su nombre se multiplicó en decenas de menciones por la prensa. Junto a su colega Hugo Wortman Jofré había patrocinado el jueves 22 la querella presentada por el abogado de Clarín, José María Sáenz Valiente, contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, entre otros. En el escrito judicial, donde también se denuncia a distintos funcionarios del gobierno nacional, se lee que todos “han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín”.

El rebote que causó la divulgación de la causa 12383/12 que se tramita en el Juzgado Federal

Nº 9 fue notable. Cuando la denuncia ya estaba instalada, hubo repudios unánimes desde diferentes sectores políticos, sociales, gremiales y mediáticos. Horas después, el Grupo difundió un comunicado donde argumentaba: “No es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia”. Ya era tarde. El doctor Pérez Chada, abogado de gente poderosa y agente de jugadores registrado en la AFA, ahora sabe que el fútbol y los medios, esos mundos donde aparece de manera diferente, pueden dar una combinación asombrosa cuando se potencian ciertas denuncias.

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