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El reciente fallo en Nueva York del juez de distrito Thomas Griesa, que la cámara suspendió el miércoles, generó temor incluso entre algunos miembros del establishment. Su miedo es que los lineamientos vigentes para la reestructuración de deudas soberanas se vean comprometidos porque la sentencia premia a los fondos buitre al mismo tiempo que castiga el buen comportamiento de aquellos acreedores que ingresaron al proceso de reestructuración de deuda argentino. Esa es una receta que incentiva a futuro comportamiento de los buitre. Pero hay otra dimensión en la decisión del juez Griesa que el establishment quisiera suprimir. La decisión del magistrado también muestra cómo las elites globales han tenido éxito en construir un sistema legal que protege su riqueza y propiedad, sin importar el impacto sobre la salud de la economía global. Incluso un país importante como Argentina podría ser forzado a ponerse de rodillas por el sistema creado durante la era del neoliberalismo.

La globalización neoliberal tiene como objetivo incrementar el poder del capital, mientras disminuye el poder de los estados soberanos. Lo hace usando la máscara de los derechos individuales. Las corporaciones conservan todos sus derechos corporativos y, en Estados Unidos, se ven reforzados al ser designados como personas con el derecho a la libre expresión. A los individuos supuestamente se los refuerza con los derechos para los inversores. Sin embargo, en la realidad, la posición de los individuos ordinarios (los trabajadores) es socavada y los derechos de los inversores sólo protegen a las corporaciones y a los súper-ricos.

Los estados soberanos también son debilitados y subordinados por las corporaciones. Los países son presionados para que acepten leyes de propiedad intelectual diseñadas por las corporaciones para su propio beneficio, los inversores extranjeros (las corporaciones extranjeras) reciben derechos especiales que les permiten demandar a los estados si no se cumplen las condiciones del contrato o se producen violaciones de los derechos de propiedad, y los países están sujetos a la esclavitud de sus deudas porque no tienen acceso a la posibilidad de cancelar sus obligaciones a través de una quiebra. Además, los países cada vez tienen menos fuerza para resistir esos términos porque necesitan participar del sistema internacional para prosperar, pero el precio de esa participación es aceptar esas reglas.

El nuevo sistema expone a los países a un “saqueo legalizado”. Los inversores extranjeros que actúan en tándem con sus aliados domésticos sólo necesitan capturar a los gobiernos por un breve período. Durante ese plazo el gobierno puede recargar al país con una enorme carga de deuda y distribuir el patrimonio estatal. Cuando eventualmente el gobierno es reemplazado, las reglas vigentes en materia de inversiones extranjeras imposibilitan revertir esas acciones. En cambio, la sociedad debe pagar la cuenta. Esta es la historia argentina.

Una globalización que realmente busque fortalecer los derechos y el bienestar de los trabajadores no obligaría a los países a adoptar punitivas leyes de propiedad intelectual de otros como precio para el acceso al sistema de comercio mundial, no otorgaría a los inversionistas extranjeros derechos especiales para demandar a los gobiernos, obligaría a los países a hacer cumplir los derechos humanos y las normas laborales, haría mucho más fácil descalificar deudas odiosas y recuperar los activos saqueados, y permitiría a los países deshacerse de sus deudas a través de un proceso de quiebra soberana, al igual que hacen las empresas a través de los procesos de quiebra comercial. Pero esto es exactamente lo que rechaza el neoliberalismo, ya que limitaría el poder del capital.

La tragedia de la era actual es que cada vez más países están siendo arrastrados al sistema neoliberal, que afianza aún más el sistema y aumenta su poder. Estados Unidos ofrece acceso comercial a sus mercados y a cambio exige protección para los inversores y la propiedad intelectual. A las elites estadounidenses les encanta el acuerdo porque no tienen ningún interés en producir en Estados Unidos. Ellos no se preocupan por los trabajadores norteamericanos. Todo lo que quieren es ser capaces de producir globalmente, pagando salarios tan bajos como sea posible. Los países emergentes se anotan en ese juego porque obtienen acceso a los mercados de Estados Unidos y también pueden llegar a recibir algún tipo de inversión extranjera directa. Pero es un pacto con el diablo. Los países entregan su soberanía, se enredan en un sistema jurídico desfavorable y los beneficios son escasos debido a la competencia de otros países de mercados emergentes.

Todos esos argumentos hablan de la quiebra moral del sistema legal que sostiene la decisión del juez Griesa contra Argentina. Sin embargo, la doctrina del “interés público” todavía puede ofrecer las bases legales para dar vuelta esa decisión. El argumento es que llevar a la práctica la decisión del juez Griesa lesiona el interés público, penalizando a los acreedores que se han portado bien y alentando a futuros buitre. Ese impulso complicará futuras reestructuraciones de deuda, como las que pueden llegar a necesitar países como Grecia y Chipre, que podrían tener graves consecuencias económicas globales. El mundo debe apoyar a Argentina. Los momentos decisivos son difíciles de comprender en ese mismo instante. El fallo sobre la deuda argentina puede ser un momento decisivo cuando el mundo comience a deshacer la globalización neoliberal y elija una nueva dirección.