Cuando faltan apenas cinco días para que se cumpla la orden de la Corte Suprema respecto del vencimiento del plazo que tiene el Grupo Clarín para presentar un plan de adecuación a la ley de medios, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que extendió el mentado 7 de diciembre al resto de la veintena de grupos que deben adaptarse a la norma, confirmó ayer que catorce de esas compañías dieron un paso más hacia la regularización de su situación y presentaron sus planes de adecuación. “Estamos trabajando para que todos los grupos que deban adaptarse a la norma presenten sus planes esta semana, antes del 7, porque tenemos la esperanza de que todos cumplirán con la ley. La ley es para todos”, remarcó el presidente del organismo, Martín Sabbatella. Grupo Uno –dueño de América TV y de otras licencias de aire y de cable– y Grupo Indalo –que adquirió Radio 10 y C5N– son los casos que sobresalen entre los que presentaron sus estrategias.

Los planes elaborados por las empresas en situación irregular respecto de la ley 25.622 son, en efecto, propuestas de adecuación a esa norma que la Afsca deberá estudiar en cada caso en particular. No obstante, cabe remarcar que para las catorce empresas que dieron ese paso el 7 de diciembre pasa a ser un día más en el calendario, ya que no corren peligro de que el organismo estatal intervenga en su adaptación a la ley. Sus posibilidades a partir de ahora son recibir “observaciones” a sus planes o recibir la aprobación directa del documento. Entonces, las dos partes –la Afsca y el privado hoy fuera de la ley– acordarán plazos y condiciones de su cumplimiento.

“Hasta ahora, todos los grupos menos uno han planteado la voluntad de presentar su plan de adecuación”, insistió Sabbatella con el mensaje que viene predicando desde que asumió funciones en la Afsca y, en ese sentido, apuntó directo a Clarín: “Esperamos que también quien dijo que no cumpliría con la norma se dé cuenta de que la ley es para todos. Nadie puede estar por fuera de la ley”.

Así quedaron en vías de adaptarse a la norma vigente los empresarios Hernán y Juan Carlos Schroeder, que piensan transferir la cantidad de licencias en la que estaban excedidos, y la fueguina María Jimena Ibáñez, quien imcumplía la ley por ser funcionaria del gobierno provincial y titular de una licencia. Además, Pampa Difusora se deshizo de un directivo que había sido funcionario de la última dictadura; La Capital de Mar del Plata propuso desvincularse de dos licencias de radio AM; y RadioVisión Jujuy intentará transferir la suya de UHF (sistema de cable por espectro). También se adelantaron al 7D el Grupo ICK, de Santiago del Estero, el multimedios con base en Mendoza y manejado por los hermanos Daniel y Alfredo Vila y por José Luis Manzano, y el grupo manejado por el empresario Cristóbal López.

Según la estrategia presentada a la Afsca, el Grupo Vila dejaría de existir tal y como es hoy, y casi todas las licencias en radio, cable y televisión de aire que administra pasarían a integrar el capital de cuatro empresas multimedios, nuevas unidades productivas que, según aseguraron desde el organismo, deberán ser independientes entre sí: no podrán compartir nombre, estado contable, fondos, equipos o personal, por ejemplo. Prevén, además, transferir 11 licencias y vender otras 16, entre ellas la señal de cable América 24, y tres registros.

En cuanto a los nuevos multimedios que quedarían conformados, Manzano se quedaría con el 7,5 por ciento del paquete accionario de Supercanal, que compartiría con acreedores del concurso homologado –la empresa está en concurso judicial– y otros socios minoritarios. A su vez, el ex funcionario del gobierno de Carlos Menem compartirá una sociedad que opera seis licencias, entre las que se encuentran América TV (con otros socios) y radio La Red, junto a otras del interior. Los Vila, en tanto, se harían cargo de una sociedad que explota dos canales de televisión y una radio en la zona de Cuyo; mientras que Alfredo Vila, de manera individual, conformaría una nueva sociedad independiente de SC, con la que operaría 15 licencias de cable y siete de radios que actualmente manejan, esparcidas por el interior del país. Otra licencia de radio FM en Cuyo quedaría a cargo de Barbarita Vila.

En tanto, la empresa habría probado que ni los hermanos Vila ni Manzano poseen más del 10 por ciento en la firma prestataria del servicio público de energía eléctrica Andes Energía, por lo que no incumplirían condiciones de admisibilidad, como Sabbatella había mencionado en la presentación de grupos excedidos de la ley hace poco más de dos semanas.

El Grupo ICK era otro de los privados que incumplía, según expresó el presidente de la Afsca, ese punto de la ley 25.622. Según su plan de adecuación, Gustavo Ick abandonaría su participación en las licencias de servicios audiovisuales y se dedicaría a la empresa de energía que maneja en Santiago del Estero. Su hijo Néstor Ick reduciría su participación accionaria en la empresa de energía local a un porcentaje menor al 10 por ciento y transferiría su participación en la licencia de cable que opera en la ciudad capital de esa provincia, quedando con el control de la licencia de Castv, Canal 7 y una licencia de radio en la misma ciudad.

En cuanto al Grupo Indalo, la empresa que le adquirió a Daniel Hadad el control societario de parte de sus empresas que explotaban licencias de medios audiovisuales (C5N y Radio 10, entre otras), la Afsca determinó que la transacción de compra-venta no podía realizarse por el total de elementos que originariamente se había generado. Por lo tanto, de todo el paquete que adquirió, la empresa propuso transferir dos licencias de FM en la Ciudad de Buenos Aires y la señal de UHF.