El proyecto de modificación de la ley de excarcelaciones, que recibió recientemente media sanción en Diputados, ya reunió una multitud de rechazos expresos que le anticipan un horizonte negro. Hoy al mediodía, el presidente del Senado, Gabriel Mariotto, recibirá a integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Comisión Provincial por la Memoria, y funcionarios judiciales en representación de una extensa lista de organismos de derechos humanos, legisladores, juristas, académicos y otros que le harán entrega de una carta en la que se solicita la realización de una audiencia pública para debatir sobre el proyecto de ley, antes de que éste sea tratado por el Senado bonaerense.

El texto de la carta, al que tuvo acceso Página/12, sostiene que la solicitud se realiza “en el marco del expediente trámite legislativo PE 12-12/13, que pretende modificar el artículo 171 del CPP y sus modificatorias (ley 11.922) con el objetivo de prohibir las excarcelaciones a cierta clase de personas en el ámbito de esta provincia de Buenos Aires”.

Los adherentes a la carta, entre los que se encuentran además del CELS y la CPM, la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Estudios en Política Criminal (Cepoc), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip), entre otros, expresan al vicegobernador Mariotto “nuestra más profunda preocupación ante la inminente reforma que se plantea y que ya posee media sanción legislativa, en especial teniendo en cuenta el impacto que la misma tendría a nivel de la población carcelaria y, primordialmente, sobre el ámbito de libertades públicas de niños y adolescentes eventualmente procesados”.

El proyecto del tándem Scioli-Casal fue votado por Diputados por amplia mayoría el jueves 22 de noviembre y enviado vertiginosamente al Senado. La intención del Ejecutivo es votar la ley este año, lo que significará una buena base como caballito de campaña para Scioli.

Los adherentes a la carta sostienen que “una reforma de semejante índole no puede ser sancionada a las apuradas, sin un amplio debate previo, y sin antes ser escuchado el punto de vista de ciudadanos/as, miembros de la sociedad civil, funcionarios públicos/as y organismos de DD.HH.”.

También, en la carta hacen mención al precedente del proyecto de Código Contravencional bonaerense (expediente A-21/09-10) “por el cual ese Honorable Senado durante el 2010 convocó a la ciudadanía a dar su opinión”. Los firmantes solicitan que del mismo modo se “convoque a una audiencia pública previa al tratamiento legislativo del proyecto –trámite PE 1212/13–.” Y finaliza la carta agregando que “la complejidad de la cuestión en ciernes, la delicada tensión sobre derechos humanos y libertades públicas, hacen necesario abrir el juego democrático y participativo hacia el conjunto de la sociedad”.

También, entre los adherentes, figura el juez platense Luis Arias, en lo contenciosoadministrativo; el defensor oficial 16 platense del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat; Juan Manuel Casolati, secretario de la Defensoría General de San Martín; Gabriel Ganón, defensor ante la Corte santafesina; Silvia González, jueza del Tribunal Oral de Lomas de Zamora; Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea, entre otros.

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