La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que actúa en el juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Jujuy pidió ayer la pena de 25 años de prisión en cárcel común para Antonio Orlando Vargas, ex interventor del Servicio Penitenciario Federal durante la última dictadura. El alegato estuvo a cargo del abogado Juan Manuel Silva, quien destacó que hubo “una empresa criminal” de la que participaron militares pero también empresarios, civiles y miembros de la Iglesia Católica. El ex intendente de Ledesma Luis Arédez fue detenido en la madrugada del golpe de Estado, pasó por varias dependencias policiales y luego fue llevado a la unidad penal del barrio de Gorriti. Junto con otros cinco secuestrados fue trasladado, maniatado y vendado, en camionetas del Ingenio Ledesma, cuyo dueño Carlos Blaquier y ex administrador general Alberto Lemos están procesados por estos hechos.