El gobierno nacional solicitó al juez federal Sebastián Casanello poder tener acceso a la causa en la que se investigan posibles seguimientos a dirigentes sociales por parte de efectivos de la Gendarmería. El objetivo, según señaló en un escrito Cristina Caamaño, funcionaria del Ministerio de Seguridad, es “cooperar” con la Justicia e “impulsar acciones administrativas pertinentes que pudieran corresponder”. “Hay una investigación en curso y estamos a la espera del dictamen del juez”, aseguraron a Página/12 en el ministerio que conduce Nilda Garré, y en la misma línea destacaron que “si existió un delito serán procesados y sancionados como corresponde”.

“Dado que en la presente causa se encuentran investigados varios funcionarios integrantes de Gendarmería Nacional, organismo dependiente de este Ministerio de Seguridad, resulta de suma importancia acceder al contenido para poder cooperar con la misma”, señala el texto que presentó la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales del ministerio, Cristina Caamaño. La presentación había sido realizada el martes, pero ayer la funcionaria se acercó hasta los tribunales de Comodoro Py, donde se reunió con el juez Casanello para nuevamente poner a disposición todo lo actuado por el ministerio luego de las denuncias.

La causa es consecuencia de otra en la que se investigaba a dirigentes sociales acusados de cortar rutas. En su defensa, se alegó que las pruebas presentadas por los organismos de seguridad eran inválidas porque se habían confeccionado seguimientos ilegales sobre ellos y otros dirigentes por parte de la Gendarmería. Un allanamiento ordenado por el juez Norberto Oyarbide al Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo brindó nuevas fichas con recopilación de datos de organizaciones de distinto tipo. Entre los documentos hay, por ejemplo, fichas vinculadas con el juicio por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en Neuquén, y se destaca que participarán Hebe de Bonafini y Nora Cortiñas. También se habla de un juicio en Salta y se señala que para el alegato concurrirían “organizaciones de derechos humanos”.

En el ministerio recordaron que la investigación judicial no tiene nada que ver con “Proyecto X”, que se trataba “de un sistema que fundamentalmente se utiliza para cruzar información criminal, por ejemplo de narcotraficantes”. La información sobre supuestos seguimientos a dirigentes sociales son documentos de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) que funciona en Campo de Mayo. A raíz de la denuncia, el ministerio ordenó realizar una auditoría sobre esta documentación, que –señalaron– comienza a realizarse a pedido de un juez, y en la que se identifica, por ejemplo, a quienes cortan rutas. La información debería surgir siempre por pedido de jueces o fiscales o como tarea de prevención de algún delito. El juez que está investigando deberá resolver si la información de Gendarmería cumple con estos requisitos.

“La tarea del Ministerio de Seguridad está en una frontera muy inmediata con lo que pueden ser tareas de Inteligencia, y puede llevar a alguna confusión”, señaló el ministro de Defensa, Alberto Puricelli, quien sostuvo además que “acá nadie más va a utilizar el aparato del Estado para hacer inteligencia o política”. En la misma línea, Puricelli enfatizó que “si algo caracteriza a nuestro gobierno es precisamente transparentar y tener una actitud muy clara de las actividades, sin hacer ninguna tarea que pueda perjudicar los derechos humanos. Si hay algo que ha garantizado ha sido el respeto a los derechos humanos”.

“Hay un juez que todavía no emitió su dictamen acerca de las fichas”, destacaron en el ministerio. “Lo primero que hicimos fue realizar una auditoría del Proyecto X y de la Uesprojud y ponernos a disposición del juez. No vamos a cambiar nuestra postura”, señaló el funcionario de la cartera de Seguridad. “Ya no importa cuál es la denominación a la que se refieren. Vamos a esperar la palabra final del juez y que no quepan dudas de que la ministra no va a amparar a ninguna fuerza de seguridad que haya cometido un delito”, sentenciaron en el ministerio que conduce Nilda Garré.