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La escena que el próximo jueves debería producirse en la Cámara de Diputados es la siguiente: poco antes de que den las 11, Julio Nazareno –el titular de la Corte– se sentará en la cabecera de la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Frente a los diputados se defenderá de los 15 cargos que pesan sobre su persona. Responderá preguntas y luego se retirará en medio de una nube de periodistas y fotógrafos. Esa situación es casi ideal, y seguramente no se concretará, pero es lo que la comisión que preside el justicialista Ricardo Falú decidió en la reunión de ayer. Ese será el paso previo a llevar al recinto el pedido de destitución del supremo en los primeros días de julio.
La jugada decidida por los integrantes de la comisión no es una locura. Está previsto en el reglamento con que se rige y es la posibilidad de que el acusado haga uso de su derecho constitucional de defenderse de los cargos que se le imponen. Claro, el supremo –al que no le va muy bien cuando abre la boca– tiene la posibilidad de emitir su descargo por escrito e incluso puede negarse a hacer uso de este derecho. “Sería bueno para la República que diera explicaciones personales, pero es un derecho absolutamente reservado a él”, aseguró Falú.
De todas formas, la comisión habilitó la apertura de sus oficinas durante el fin de semana para que la defensa del cortesano lea los documentos probatorios por los que se lo acusa y se solicita su destitución. Tanto el sábado como el domingo entre las 10 y las 16 los defensores de Nazareno podrán trabajar .
Más allá de la decisión, la comisión aprobó 15 cargos contra el magistrado. Sólo un momento de tensión vivieron los legisladores. Sucedió cuando el demócrata santafesino, Alberto Natale, pidió precisiones sobre las derivaciones del caso Meller SA que ayer anticipó este diario. El ex intendente de la dictadura preguntó cuál era la razón por la que la deuda de 29 millones de pesos reclamada por la empresa se transformó en 400 millones y, sobre todo, quiso saber en qué gobierno ocurrió este hecho. Falú lo interrumpió con una generalidad: “Fue en el gobierno anterior”. Frase que Elisa Carrió aclaró al decir que se trataba de la administración de Eduardo Duhalde. Esto obligó al tucumano a decir que en realidad los responsables eran funcionarios de segunda línea. El cruce no finalizó allí. La arista destacó que, si bien el descubrimiento excede al trabajo de la comisión, “se hace necesario verificar la cadena de actos dolosos por asociación ilícita que incluye al gobierno de Duhalde”. El entredicho provocó que el presidente de la comisión transpirara más de la cuenta.
Los cargos aprobados son los siguientes:
- Caso Sevel: se solicita su destitución por rechazar un recurso de queja presentado contra el fallo que sobreseyó a la empresa Sevel por evasión de impuestos como importadora de automóviles. Por este caso se le endilgan cuatro cargos por haber obstruido la labor de un juez de Concepción del Uruguay que investigaba el tema; haber ocasionado un perjuicio económico al Estado; mora injustificada (2 años y 3 meses) para emitir la resolución sobre el caso; y haber forzado el principio de cosa juzgada para favorecer a un grupo económico.
- Caso Meller: la Corte convalidó el reclamo de 29 millones de pesos por esta contratista de la ex ENTel., pese a que tanto la Sigen como el procurador del Tesoro de la Nación habían señalado su nulidad absoluta. Surgieron tres cargos: haber ocasionado un millonario perjuicio al Estado;emitir un fallo que viola los propios precedentes de la Corte; y por no haber ejercido el control de constitucionalidad.
- Caso Magariños: se lo acusa de invadir la competencia del Consejo de la Magistratura al sancionar con multa al juez Héctor Magariños por opiniones vertidas en su calidad de profesor universitario sobre una causa resuelta por la Justicia. Por esto le realizan tres cargos: se invadió la competencia del Consejo de la Magistratura; se violó el derecho de opinión y libertad de expresión de un juez en su calidad de profesor universitario; y se violó la independencia de un juez con una sanción que puede interpretarse como amedrentamiento hacia otros.
- Caso de prejuzgamiento: se acusa a Nazareno en relación con expresiones suyas respecto de una causa sobre redolarización. De esta investigación surgen dos cargos: adelantar el contenido de un fallo de redolarización de los depósitos; al prejuzgar puso en riesgo el plan económico financiero del Gobierno.
- Caso falta de decoro: se promueve juicio político en base a las declaraciones formuladas a principios de junio. Son tres los cargos que se imputan por este hecho: falta de decoro; presión implícita por parte de Nazareno hacia el Gobierno y prejuzgamiento.