El Colectivo de Trabajadores de Prensa denunció como “una forma de censura indirecta” el fallo que condenó al periodista Adrián Murano a indemnizar con 50 mil pesos al empresario Enrique Estevanez por informar, en base a documentos oficiales, que era investigado por evasión impositiva. La nota se publicó en la extinta revista La Primera en 2002. Estevanez, una vez sobreseído, accionó contra el medio y contra el redactor. La jueza civil Nora González de Roselló reconoció que el tema era de interés público y que Murano citó datos de la AFIP pero entendió que incurrió en un “exceso informativo” y condenó en pie de igualdad al medio (de la razón social H.S.A. del grupo Vila-Manzano, actualmente concursado) y al redactor. El CTP, que reúne a delegados y activistas de todo el país, advirtió que el fallo impone “una mordaza económica” al trabajador y se aparta de importantes precedentes sobre libertad de expresión como los fallos Campillay (1986) y Ramos (1996) de la Corte Suprema de Justicia.