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Sergio Massa pidió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que ejerza su jurisdicción originaria y anule el revalúo fiscal por el que se incrementaron las tasas que pagan los habitantes de clubes de campo y de barrios cerrados del partido de Tigre. En el expediente 72.835 iniciado el jueves 10, el intendente planteó un conflicto de poderes aduciendo que la provincia invadió la competencia municipal. Al mismo tiempo que intenta reducir la factura inmobiliaria a los residentes en las urbanizaciones más exclusivas del país, Massa propone reducir las retenciones a los productos agropecuarios de exportación y realizar un pago extraordinario de 2500 pesos a todos los jubilados en diciembre. La contradicción no lo inquieta: la erogación adicional para los jubilados se plantea en la escena pública, como parte de su campaña para las elecciones legislativas del próximo domingo; la resignación de los ingresos que se colectan entre los sectores más prósperos se repite en la media voz de los encuentros cara a cara o en la opacidad de los expedientes judiciales, como paralelas que no se cruzan. Si la perspectiva municipal y la inminencia legislativa cedieran paso a una responsabilidad ejecutiva nacional, como sueñan quienes rodean a la nueva gran esperanza blanca de la política argentina, ya habrá tiempo de resolver la contradicción entre los niños pobres que tienen hambre y los chicos ricos que tienen tristeza. Sobra experiencia acerca de cómo zanjar estas disyuntivas desde el poder.

El revalúo

Los nuevos valores de la tierra libre de mejoras sobre los que se paga el impuesto inmobiliario rigen desde el 1 de enero. Massa había presentado la primera queja pública en febrero, en compañía de los intendentes Luis Andreotti (vecinalista de San Fernando), Jorge Macrì (PRO, de Vicente López) y Gustavo Posse (radical de San Isidro), con quienes más adelante constituiría el transversal Frente Renovador. El revalúo, dispuesto por la ley impositiva provincial 14333/12 y puesto en práctica el 21 de diciembre mediante la resolución normativa 62 de la agencia de recaudación bonaerense, ARBA, formó parte de la dura polémica entre el gobierno nacional y el provincial, cuando el gobernador Daniel Scioli recurría a la presidente CFK para hacer frente a gastos corrientes, como el medio aguinaldo o los salarios docentes. En vez de incrementar la presión tributaria, como el resto de las provincias, Scioli extrajo recursos a los más pobres y subsidió a los más ricos. Durante su gestión, el impuesto a los ingresos brutos llegó a representar el 75 por ciento de la recaudación mientras los impuestos inmobiliarios rural y urbano decayeron del 10,9 al 6,6 por ciento de la recaudación provincial. Cuando el gobierno nacional dejó claro que no seguiría subsidiando el déficit de la provincia donde residen y producen los más ricos entre los ricos del país, Scioli aceptó el revalúo y los consiguientes incrementos impositivos sobre ese sector. Entonces, quien reaccionó fue Massa. Uno de los primeros argumentos que utilizó estuvo dirigido en forma personal a Scioli: sostuvo que en Villa La Ñata, donde vive el gobernador, la valuación del metro cuadrado es apenas de 3 pesos, mientras supera los 700 pesos en el barrio La 60, donde viven empleados de esa línea de colectivos. Martín Di Bella, a cargo de la agencia recaudadora provincial, respondió que el municipio de Tigre y no la provincia catalogó así a ambos barrios. Esta polémica ocurrió en abril, durante la guerra de nervios entre Scioli y Massa, quienes discutían en secreto una alianza electoral. En la misma conferencia de prensa en la que fustigó a Scioli por el revalúo, Massa encomió al gobierno nacional por la inversión en obras públicas en su municipio.

El tercio superior

De los 816 barrios privados cuyas contribuciones subieron, casi un tercio están ubicados en Tigre, San Isidro, San Fernando, Malvinas, Pilar y Escobar, los municipios fundacionales del Frente Renovador. Uno de esos 267 barrios cerrados bastión del massismo es Isla del Sol, donde vive el joven líder. El valor básico del metro cuadrado sobre el que se aplica la tasa es allí de 1215 pesos, una valuación sólo superada por otros 25 barrios, el 3 por ciento del total: Tortugas (en Pilar), Barrancas, Altos de la Horqueta, San Isidro Catedral, San Isidro Chico, San José, Village Las Lomas, Camino Real, La Posta, La Rotonda, Las Casuarinas, Las Marías y Boating Club (en San Isidro), Punta Chica, Bahía del Sol, Las Victorias, Marina del Sol, Marina Canestrari y Rincón del Arca (en San Fernando) y Paseo de la Bahía, Terrazas de la Bahía, Talar de Pacheco, Nordelta, Boat Center y Marina Golf (en Tigre). El 18 de febrero, Massa firmó el decreto 116/13, que declaró inaplicable el revalúo y citó los comentarios a la Constitución Nacional de María Angélica Gelli, la abogada que participó en defensa del Grupo Clarín en la audiencia sobre la ley audiovisual convocada el mes pasado por la Corte Suprema de Justicia. Según Gelli, las categorías imponibles por ley no deben implicar “persecución u hostigamientos a personas o grupos sociales”. Ese decreto fue invocado por numerosos residentes en esos barrios, que solicitaron medidas cautelares a la Justicia para que suspendiera la actualización de los valores. El 8 de octubre, dos juzgados de San Isidro y La Plata denegaron esos amparos, dado el alto valor de las tierras en cuestión y la capacidad económica de sus propietarios para soportar la carga impositiva, por lo que el derecho invocado no sería verosímil, el incremento se dispuso en forma legítima y no existirían tal hostigamiento ni persecución a los sectores más pudientes de la provincia. Apenas dos días después, Massa acudió a la Suprema Corte en defensa de ellos, su más fiel base social.

Sin reglamentar

Massa no es el único dirigente que se preocupa por los vecinos más desahogados de la provincia. Scioli recién publicó la semana pasada en el Boletín Oficial la ley de hábitat 1448, sancionada por la Legislatura en noviembre de 2012, es decir con once meses de retraso. Y no lo hizo por propia iniciativa, sino en respuesta a múltiples exigencias, que incluyeron un recurso de amparo. Esa ley de acceso justo al hábitat para familias con pobreza crítica y necesidades especiales fue impulsada por todas las vertientes del kirchnerismo bonaerense, y resistida por Scioli y Massa. Contempla que los desarrolladores de proyectos suntuarios (barrios cerrados, countries, hipermercados, clubes de campo, shoppings, cementerios privados que ocupen predios de más de 5000 m2) cedan el 10 por ciento del terreno para loteos populares, o su equivalente en dinero o en suelo urbanizable en otro lugar. No es una proporción exagerada: en Alemania y España la cesión obligatoria llega al 30 por ciento del terreno y aquí mismo el 37 por ciento de un loteo popular se reserva para la apertura de calles, plazas y equipamiento público. La ley también permite que los municipios obliguen a lotear o edificar terrenos baldíos y construcciones paralizadas. Si el propietario no lo hace en cinco años, autoriza su expropiación. En marzo de 2012, luego de varias tapas del diario La Nación denunciando un avance sobre la propiedad privada, Scioli paralizó el proyecto, que recién pudo avanzar a instancias del gobierno nacional cuando la provincia debió recurrir a CFK para pagar sueldos. Las publicaciones en La Nación fueron filtradas por Dolores

O’Reilly Becerra Grondona, quien manejó las comunicaciones de Scioli durante diez años y que hoy permanece como asesora, con despacho en la Casa de Gobierno provincial. Dolores es prima hermana del miembro supernumerario del Opus Dei, Jorge O’Reilly Lanusse. Con construcciones que van de 400 a 870 millones de dólares según La Nación, Clarín, El Cronista o su propia empresa Eidico, Jorge O’Reilly es uno de los principales desarrolladores de countries del país, con 48 barrios privados y otros 16 proyectos de inversión comercial en shoppings, clubes de golf y hoteles. También ofrece a su cartera de clientes la participación en pools de siembra. En 2008, cuando Ma-ssa asumió la jefatura de gabinete de ministros, designó a O’Reilly como asesor. Hombre de enlace con la Iglesia Católica y la embajada de los Estados Unidos, llegó a pedir al Nuncio Apostólico que designara otro jefe del Episcopado en lugar del cardenal Bergoglio. En los cables diplomáticos secretos se lo menciona como fuente protegida de la embajada. En su casa se produjo la comida del 11 de noviembre de 2009 en la que Ma-ssa llamó monstruo, psicópata y cobarde al ex presidente Néstor Kirchner, según informó a su gobierno el encargado de negocios de Estados Unidos, Thomas Kelly. Sobrino nieto del ex dictador Alejandro Lanusse, egresado del colegio Cardenal Newman y rugbier en tercera línea del Club Atlético San Isidro, donde por defender al ex dictador Jorge Videla estuvo a punto de tomarse a golpes con un compañero, O’Reilly contó a la revista de negocios Reporte Inmobiliario que en el comienzo de su actividad fue inspirado por su tío materno y actual socio, Patricio Lanusse, quien compró con un grupo de amigos cinco hectáreas en La Horqueta. “Luego le cambiaron la zonificación.” Esta es una de las claves del negocio inmobiliario, de la corrupción municipal y de la dificultad para modificarlo con provecho social.

Hecha la ley

Cuando ya no pudo impedir la sanción de la ley, Scioli amenazó con el veto parcial y anunció que en la reglamentación “no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad”. También sostuvo que la obligación de ceder tierras o de pagar una contribución económica al Municipio “se producirá siempre que exista una decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras”, tal como ya lo establecen los artículos 46 y 51. Como también cuestionaba un adicional del 50 por ciento sobre el impuesto inmobiliario rural sobre terrenos baldíos, decidió no aplicar el coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales correspondientes en la Ley Impositiva, para “no generar una desmesurada carga tributaria”. Dado que el veto parcial no está contemplado en la Constitución provincial y que ninguna reglamentación puede modificar el texto de la ley, lo que hizo fue no publicarla en el Boletín Oficial ni reglamentarla. El 26 de septiembre de este año, el Foro provincial de Organizaciones de Vivienda e Infraestructura, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la CTA bonaerense y la Universidad de General Sarmiento intimaron a Scioli a su publicación en el Boletín Oficial. El mismo día, el defensor penal juvenil de La Plata, Julian Axat, presentó un recurso de amparo en beneficio de una chica de 18 años, Rocío, que vivía en la calle con su bebé de un mes, Milagros. Milagros estaba en riesgo de repetir la triste historia materna, de niña abandonada que nunca conoció una casa y que vivió en infinidad de plazas y hospitales y en quince instituciones de menores. Axat sostuvo que la omisión del tratamiento habitacional de Rocío y Milagros se debía a “la no implementación y falta de operatividad de la ley” de hábitat, que podría resolver la situación de madre e hija. El 4 de octubre, el defensor solicitó a la Justicia que ordenara al gobierno provincial la publicación de la ley en 48 horas. Scioli lo hizo el 7 de octubre, adelantándose a la orden judicial. ¿Cuántos meses más deberán pasar para que además la reglamente y por último la aplique?