El ex dictador Reynaldo Bignone y el ex hombre fuerte de Campo de Mayo Santiago Riveros fueron condenados por el secuestro y la desaparición del militante montonero Roberto Quieto. Los octogenarios represores, que prefirieron guardar silencio antes de la sentencia, también fueron condenados junto a otros tres civiles por las apropiaciones ilegales de Martín Amarilla Molfino y Gabriel Matías Cevasco, nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Otros tres civiles fueron absueltos. “Voy a persistir hasta lograr el procesamiento de la gente que participó en la detención y en las torturas que sufrió mi viejo. Fuimos por la cabeza, ahora iremos por lo que está más abajo”, dijo Guido Quieto, que lleva una década como querellante en la causa por el secuestro de su padre.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Héctor Sagretti, Marta Milloc y Daniel Petrone, dictó ayer la novena sentencia por delitos de lesa humanidad con epicentro en Campo de Mayo. La pena más alta, de 25 años, fue para Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares. Bignone recibió una condena de 23 años de prisión. Aída Blandina Pizzoni fue condenada a cinco años de cárcel como coautora del delito de retención y ocultación de un menor de diez años, previamente sustraído a sus padres; supresión de la identidad del menor y falsedad ideológica de documento público en perjuicio de Amarilla Molfino. Por los mismos delitos recibieron idéntica pena Roberto Cándido Duarte y Margarita Noemí Fernández, que criaron con identidad falsa a Cevasco, quien recién en 2002 supo quién era. Los civiles absueltos son Liliana Alvarez, Alicia Rodríguez y Jorge Buffe.

Quieto fue secuestrado por una patota militar en la tarde del 28 de diciembre de 1975 en una playa de Martínez, norte del Gran Buenos Aires. Fue visto en el centro clandestino El Campito, en Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país. “Lamentablemente el juicio tardó mucho”, reflexionó Guido Quieto. “Estoy conforme con la actuación del tribunal, en un proceso que considero inobjetable, en el que fueron consideradas las peticiones de cada una de las partes y se facilitó la presentación de pruebas y testigos”, relató Guido, que a sus seis años presenció el secuestro de su padre. Agregó que las penas de la sentencia por el caso fueron las pedidas por fiscalía y querellantes. “Estoy muy conforme con el comportamiento de la fiscalía, que en su alegato solicitó una sanción para el fiscal de instrucción”, en referencia a Jorge Sica, ya sustituido, a quien señaló como responsable de la demora en el comienzo del proceso.

Cevasco fue secuestrado en San Martín junto a su madre –que sigue desaparecida– cuando tenía tres meses, el 11 de enero de 1977. A los siete años quienes lo criaron le dijeron que era adoptado. En su adolescencia sospechó que podía ser hijo de desaparecidos, en el 2000 se hizo un examen de ADN y por el resultado supo que era hijo de Enrique Cevasco y María Delia Leiva. Su madre era psicóloga y trabajaba en una fábrica textil de San Martín. Su padre sobrevivió a la dictadura y recién pudo conocerlo tras el examen positivo de ADN. “Se esperó mucho para este juicio y se resuelve en un mes y medio. Hay críticas a funcionarios judiciales por la instrucción y seguiremos buscando la verdad”, dijo Adriana Leiva, hermana de María Delia. El otro nieto recuperado, Martín, es hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, militantes montoneros secuestrados en 1979 y que permanecen desaparecidos. Fue apropiado por un agente de inteligencia del Ejército y recuperó su identidad en 2009.

Ayer, pasadas las diez de la mañana, Bignone ingresó a la sala de audiencias con bastón y camisa cuadrillé. Riveros se sentó a su lado. Ninguno de los dos hizo uso del derecho a decir sus “últimas palabras” antes del veredicto, que leyó Sagretti después del mediodía. El tribunal leyó la parte dispositiva del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 17 de diciembre. El primer juicio por Campo de Mayo fue en 2009, por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, de 14 años. La anterior sentencia, en agosto pasado, fue por delitos de lesa humanidad en la zona de Zárate, Campana y Escobar.